El nuevo retraso con Carles Puigdemont acentúa el temor del PSOE a ser contemplado en sus manos. La Moncloa asume la necesidad de cerrar las negociaciones y aún quiere creer posible «agendar» la investidura de Pedro Sánchez esta misma semana porque Francina Armengol puede fijar el pleno 24 o 48 horas antes. Se dibuja ya internamente una necesidad imperiosa. Todavía aspiran a forzar los plazos para ir al debate, un objetivo que necesitaría cumplir porque los tiempos apremian al presidente en funciones, toda vez las negociaciones arrojan la imagen de una organización a merced del prófugo.

El temor a que quede esa percepción en la opinión pública es real. Pero, entre los altos mandos, los últimos metros del plan presidencial están atravesados. Además de protestas en la calle, incluido el PP, redoblando su ofensiva con movilizaciones el 12 a las 12 en toda España. El desgaste dispara el anhelo socialista de situar los focos en la formación de un nuevo gobierno y toda su liturgia, pero alcanzar esa pantalla pasa por activar la reelección de Sánchez en un Congreso con todos los días habilitados hasta el 27 de noviembre, festivos incluidos, para recibir su confianza.

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El PP fiscaliza este martes a Pedro Sánchez a través del Congreso y el Senado con jornadas parlamentarias contra la amnistía y una sesión de control al Gobierno a la que se niegan a acudir los ministros aludidos. En Génova aseguran a COPE que están «violando un precepto constitucional» y que no les van a callar. Feijóo anuncia una oleada de protestas con el apoyo de la plana mayor de su partido. «Tendrán que seguir escondiéndose toda la legislatura», dicen a COPE desde la dirección del Partido Popular. Pero antes les queda el derecho a hacerse oír en la calle.