Las aguas están de lo más revueltas y agitadas, y la tempestad seguirá activa con truenos, relámpagos y una lluvia diaria de improperios que irá a más hasta que la fuerza de los hechos imponga su tesis y amaine la borrasca política y social dentro de lo que cabe. Los profesionales del mucho ruido y nulas nueces no tienen el menor interés en rebajar decibelios para que la delirante fiesta y sus intereses políticos no decaigan. Sabemos que la norma de algunos es obstaculizar y generar conflictos desesperadamente, con su falsa defensa constitucional y democrática. Y sus acosos, ataques, disturbios e intentos de asalto contra los legítimos oponentes.
En ese turbulento grupo tiene espacio un Aznar, expresidente de la oposición a Sánchez, con su irrefrenable pasión de chupar foco, incrementada desde su muy derechista y agitador posicionamiento. Reside en el olimpo de los dioses de barro, pero aterriza aquí con frecuencia, con su nómina millonaria en el bolsillo, para obsequiarnos sus crispantes, desestabilizantes e intolerantes consejos de alto nivel, tales como incitar al odio y a las revueltas de distinta índole. Esta es su constructiva hoja de ruta. Eso, entre otras creencias suyas, sí es un auténtico peligro para la democracia.
La derecha judicial se moviliza por distintos frentes para boicotear la ley de amnistía, estimulada o no por algún informe de la Guardia Civil. El activismo político de la Asociación Profesional de la Magistratura, de representación conservadora, la considera «inasumible». Los caducos y más reaccionarios vocales del órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial señalan, esperpénticamente, la «abolición del Estado de derecho». Se habla de la ruptura del principio de igualdad ante la ley de todos los españoles. Lo cierto es que todos somos iguales en teoría, pero en la práctica no. Lo indicó Ayuso, no exenta de (dramática) razón, refiriéndose al emérito Juan Carlos I.
Además, las amplias desigualdades sociales limitan que todos seamos iguales con lo que eso conlleva. Los jueces son veloces en unos casos al aplicar las leyes ordinarias y dictar sentencias. En otros circulan en ralentí o dejan dormir los papeles en las estanterías. Se supone que la Audiencia Nacional juzgará unos veintisiete casos de corrupción del PP hasta 2025. Estos son los defensores del orden social y económico justo que señala nuestra Constitución.
Al tren sin frenos se montan ciertos jueces, fiscales y sindicatos policiales, ya que la finalidad de esa ley, pactada con ERC y Junts, es «conservar el poder», según dicen. Se trata de gestionar unos resultados electorales, buscando una legal mayoría parlamentaria, y de no convocar elecciones una y otra vez si la dirección de los votos no gusta. Un intento de superar el conflicto catalán, no de que se rompa España, aunque los independentistas seguirán con su ideario, una legítima actitud siempre que funcione en el ámbito de la carta magna.
No es cuestión de impedir simplemente el Gobierno de otras fuerzas políticas. Núñez Feijóo, perfectamente instalado en la ultraderecha, ha tenido su oportunidad y ha fallado por una razón u otra. Los demás hacen su tarea de la mejor forma posible, en el cumplimiento de una nueva investidura encargada por el rey a un nuevo candidato como corresponde. El catastrofismo artificial desprende un aroma insoportable que, a la vista de la realidad posterior, se irá disipando, pese a que la fiebre de algunos persistirá. Más que pretender dar un golpe de Estado en Cataluña el 1 de octubre de 2017, hubo una lamentable parodia. Un patético simulacro de proclamación de la República catalana con Puigdemont encabezando la broma.
Recordemos que Bildu no acudió a la ronda de consultas de Felipe VI y que solo por eso no salieron en la foto dándose la mano. ¿Qué ocurrió cuando el presidente en funciones salió en las imágenes con ese grupo? La condena no se hizo esperar. Que si infamia, que si desvergüenza… Argumentos emocionales, no lógicos. ¿Hubiesen mencionado algunos forofos lo mismo de haberse reunido la formación aberzale con el rey? Él es quien propuso a Sánchez como candidato para la investidura, y lo que está haciendo el presidente en funciones forma parte de la legalidad.
Esta es la marca España que se proyecta en la UE y en el mundo. Por cierto, el expresidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, asegura que la ley de amnistía «es una situación general dirigida a garantizar la convivencia y puede formar parte de un programa de gobierno y ser aprobada por las Cortes siempre y cuando sea una finalidad puramente constitucional». La amnistía va orientada a penas en una situación concreta, lo que determina la legalidad de la ley. Si alguien repite la misma jugada o alguna que traspase los límites establecidos, sabe que los delitos están vigentes.
Unidos en la diversidad es el único modo natural de mantener la unión en España. Ciertas persecuciones políticas y judiciales representan intereses y obsesiones partidistas, y todas las partes deben entender las reglas del juego. El uso político de los tribunales es inadmisible. Al margen de la investidura de Sánchez, la amnistía, lejos de ser «el principio del fin de la democracia», es la forma de que el Parlamento, emanado de la voluntad popular, recupere el lugar que le toca. Que nunca debió perder.
