El 97,5% de las estafas informáticas quedan impunes. Es decir, solo el 2,5% de las denuncias que presentan los ciudadanos ante la policía llegan a los juzgados. Así lo destaca en su última memoria anual, la del 2022, el delegado del servicio de delitos informáticos de la Fiscalía Provincial de Barcelona, Roberto Valverde. La complejidad de estas investigaciones, en algunas ocasiones con ramificaciones en países extranjeros, la falta de datos para averiguar el auto o la escasez de medios para practicar las pesquisas son los elementos que impiden una condena.
“Es un agujero negro”, admitió Valverde este martes durante la explicación de la memoria. De las 38.020 denuncias presentadas el año pasado ante los Mossos (1.068 más que en el 2021), 36.500 correspondieron a estafas informáticas (95% del total). De este global, únicamente 910 (2,5%) acabaron en el juzgado tras la averiguación del presunto autor. El resto se quedaron en la comisaría ante la imposibilidad de investigar por la falta de datos o por la dificultad para destinar recursos económicos y humanos para estafas de pequeñas cantidades. Las estafas informáticas más usuales son el phishing (envío de correos electrónicos que suplantan la identidad de compañías u organismos públicos y solicitan información personal y bancaria al usuario) o fraudes en compras por interés.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del 2016 sostiene que “cuando no exista autor conocido del delito, la policía judicial conservará el atestado a disposición del ministerio fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo”, salvo que concurra algunas circunstancias, como que se traten de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad sexual o los relacionados con la corrupción. Por lo tanto, si la policía no averigua el autor o autores de la estafa informática, el caso no acaba en los tribunales.
Otro de los impedimentos es la necesidad para llegar hasta el final de un caso y a una condena es la necesidad de emitir comisiones rogatorias (ayuda judicial) para solicitar información a países extranjeros donde están domiciliadas empresas que estarían siendo utilizadas para la comisión de la estafa. Algunas de estas comisiones rogatorias no solo se eternizan en el tiempo de entrega, sino que, en ocasiones, no son ni contestadas o los datos que aportan no sirven para averiguar lo ocurrido. La fiscalía confía que la falta de personal y medios para investigar ciberdelincuentes sea paliado con el nuevo organigrama que los Mossos desplegaran en el 20224, según precisó Roberto Valverde.
Pornografía infantil
La memoria de delitos informáticos también destaca el aumento de procedimientos judiciales registrados por pornografía infantil. En el 2022 se iniciaron 94 causas, lo que supone un incremento «llamativo» respecto a los 66 del año anterior. Los fiscales, además, presentaron el año pasado más escritos de acusación que en 2021 (42 frente a 36). En relación con los delitos de acoso a menores por medio de telecomunicaciones se abrieron el año pasado 39 casos y se formularon 13 escritos de acusación, cifras coincidentes al 2021.
Otra de las categorías delictivas que especifica la fiscalía en su memoria es la de los delitos que tienen como fin el ataque a los sistemas informáticos o a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En este sentido, destaca la «ligera» reducción de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, como acceder a correo electrónico, accesos ilícitos o interceptaciones de transmisiones. También disminuyeron los asuntos de uso de la imagen, tanto de adultos como de menores, como reclamo para abrir canales de video erótico
