Lunes 6 de noviembre de 2023: una tarde para el recuerdo en el Consejo General del Poder Judicial. “No estamos aquí para hacer política”, “no podemos permitir que los ciudadanos crean que los jueces hacemos política” decían los progresistas; “No ha habido sangre” ha dicho el presidente del órgano del Gobierno de los jueces; “si queréis saber porqué hemos emitido este acuerdo sin haber leído la ley, leed la nota de prensa” contestaban los conservadores. Estas frases son solo un ejemplo de las respuestas que los vocales del Consejo General del Poder Judicial han dicho a la salida del pleno extraordinario convocado por los vocales del PP, y en el que se ha aprobado una declaración institucional contra una ley de amnistía que ni tan siquiera se ha presentado en el Congreso.
Un pleno que, a priori, se preveía cuanto menos complicado pero que, finalmente, ha sido mucho más ‘ligerito’ de lo que nadie creía posible. El motivo, sencillo: los progresistas se han negado a entrar al fondo de una declaración que no solo asegura que la previsible ley de amnistía supondrá «la abolición» del Estado de Derecho en España, sino que, como ya explicó ElPlural.com se arroga la potestad de erigir al poder judicial por encima del Tribunal Constitucional al considerar la ley, que como se ha dicho anteriormente no está ni presentada en el Congreso, como inconstitucional.
Y por ese mismo motivo, los vocales progresistas no han querido bajar al barro. Como explicaba un vocal de esta ala: “Nosotros no podemos decirle al poder legislativo lo que tiene que hacer”. Sin embargo, nueve vocales conservadores, nombrados a propuesta del partido de Feijóo, no han dudado en aseverar que: «El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España”.
Y añadir: «Confundir el “interés de España” con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política”. Cuatro páginas contra el Gobierno y sus previsibles socios de investidura que no han dudado en firmar Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona– más el de su compañero Wenceslao Olea, también del bloque conservador.
Días contados
El problema para los arriba firmantes es que, todos ellos, estaban convencidos la semana pasada, el día de la jura de la Constitución de la princesa de Asturias, cuando pidieron el pleno extraordinario que este lunes tendrían el texto para emitir la declaración pero, oh sorpresa, el pacto con Junts sigue en el aire y se han visto corriendo hacia un muro con su F1 sacado directamente de Génova 13 y sin frenos. De ahí la frase “si queréis saber porque hemos emitido este acuerdo sin haber leído la ley, leed la nota de prensa”, pues resultaba complicado explicar el porqué del rechazo a una norma que ni tan siquiera han leído.
Bueno, pues su explicación, obviamente no está sacada de la nota de prensa, pues la misma solo copia la resolución, y las únicas explicaciones que hay son las de los votos en contra. Por tanto, se desprende que su legitimidad para decir lo dicho este lunes es: “La legitimidad para pronunciarnos en relación con iniciativas legislativas como las relativas a una ley de amnistía no sólo resulta del art. 561.1.8a Ley Orgánica del Poder Judicial, sino que es parte también de los estándares europeos en materia de independencia judicial”.
Y añaden: “La presente declaración no pretende sustituir el informe que se elude con la vía de tramitación escogida para la iniciativa legislativa, pero se emite ante la imposibilidad de formularlo. Y para hacerla no es preciso conocer los aspectos objetivos y subjetivos que delimitarán los contornos de la ley que se anuncia. No es necesario porque lo sustancial ha sido anunciado ya por los diferentes responsables políticos que están negociando la futura ley, entre ellos algunos con responsabilidades pendientes de dilucidar ante los tribunales y que están negociado y determinando su propia exención de responsabilidad. Y a ello hay que añadir que, en cualquier caso, la aprobación de una ley de amnistía, cualquiera que fuese su fundamento, y cualquiera que fuesen sus aspectos objetivos y subjetivos, entra en conflicto con principios constitucionales diversos, como seguidamente se pondrá de manifiesto, entre ellos el de exclusividad de la jurisdicción, que justifican que este Consejo, como órgano constitucional cuya misión esencial es velar por la independencia judicial, exprese su preocupación ante la inminente tramitación de aquélla”.
