El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón atribuye delitos de terrorismo al expresident de Cataluña Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Así consta en un auto fechado este lunes. El magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, investiga las supuestas actividades terroristas de la plataforma independentista Tsunami Democràtic, que colapsó en 2019 el Aeropuerto del Prat en protesta contra la sentencia del procés.
Sus acciones, entre las que también se incluyen varios cortes de carreteras, provocaron pérdidas millonarias a viajeros, arcas públicas y empresas.
Un reciente informe de la Guardia Civil situaba a Marta Rovira como coordinadora del Tsunami y como enlace de la misma con la plana mayor de su partido, Esquerra Republicana.
«Realizó cometidos de coordinación del movimiento en lo relativo a la búsqueda de apoyos institucionales y de su partido político», señaló al respecto la Jefatura de Información del Instituto Armado. Todo ello, bajo el alias de Matagalls, que habría utilizado en chats encriptados para mantener en la sombra su labor.
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Tal y como ha publicado este periódico, el mismo dosier policial también sitúa tras la organización y la financiación del Tsunami Democràtic a dos personajes muy próximos al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont: el historiador Josep Lluís Alay (que fue su jefe de gabinete en Waterloo y su enlace con agentes del Kremlin) y el informático Jaume Cabani, titular de varias cuentas bancarias vinculadas al Consell de la República.
De hecho, EL ESPAÑOL publicó en exclusiva que un apunte en las agendas de Puigdemont, gestionadas por Alay, constataba una reunión del expresident con Cabani en Suiza, antes de que el proyecto de Tsunami fuese hecho público. De hecho, para atribuir un supuesto delito de terrorismo a Puigdemont, el magistrado cita en su auto en numerosas ocasiones este encuentro.
De hecho, el juez García-Castellón ha citado como investigados a las figuras relevantes de la órbita independentista a las que señala el informe de la Guardia Civil. Se trata de los siguientes nombres: Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, Josep Capmajó, Jesús Rodríguez Sellés, Jaume Cabani, Oleguer Serra, Josep Lluís Alay y Nicola Flavio Giulio Foglia.
En su auto, el magistrado ofrece a Carles Puigdemont «la posibilidad de comparecer voluntariamente» ante la Audiencia Nacional, antes de que el Juzgado solicite la autorización al Parlamento Europeo (del que el expresident es miembro actualmente) para poder citarle como investigado.
García-Castellón señala en su resolución que la intención del Tsunami Democràtic habría sido la de «desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva».
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