Si la investidura de Pedro Sánchez como presidente sale adelante, una de las primeras decisiones que tendrá que tomar el nuevo Gobierno constituido será la de qué hacer con las medidas antiinflación, que caducan el 31 de diciembre. Son medidas que ha ido adoptando el Gobierno desde junio de 2021 (casi 50.000 millones de euros desde entonces) para combatir el encarecimiento de la energía -exacerbado por la guerra en Ucrania- y de los alimentos y para aliviar sus consecuencias sobre las familias españolas, del mismo modo que han hecho el resto de países de la zona euro. Mientras que en el Gobierno en funciones, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se muestra a favor de extender a 2024 la rebaja del IVA de la luz y el gas y otras medidas de choque (con un impacto de hasta 15.000 millones, según cálculos de la Autoridad Fiscal), organismos como la Comisión Europea o el FMI instan a España a poner fin a todas ellas y, si acaso, mantener solo ayudas bien focalizadas a favor de los colectivos más vulnerables.
En este contexto, un reciente estudio publicado por el Banco Central Europeo señala que, en general, en la zona euro las medidas antiinflación han servido para compensar (en un tercio) la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y para reducir la desigualdad entre las familias de menores y mayores ingresos; pero esto último no fue así ni en España ni en Alemania.
Bajar precios o dar ayudas
La razón principal que lo explica es que España, a diferencia de otros países, ha apostado en mayor medida que otros por rebajas generalizadas de impuestos indirectos para abaratar los precios de energía y alimentos en lugar de primar las subvenciones o ayudas directas a las familias de menor renta como, por ejemplo, ha hecho Portugal. Así lo señalan los autores del ‘occasional paper’ publicado por el BCE el 16 de octubre bajo el título ‘Inflación, política fiscal y desigualdad’.
Las llamadas ‘medidas de precios’ han copado más del 80% del esfuerzo presupuestario español, frente al 50% de media en la zona euro. Aquí se incluyen medidas generalizadas tales como la rebaja del IVA de electricidad y gas, el descuento de 20 céntimos por litro de combustible que estuvo en vigor en 2022 o algunas subvenciones a ciertos sectores.
Sin embargo las llamadas ‘medidas de ingresos’, con mayor potencial redistributivo, apenas han representado el 20% del esfuerzo presupuestario total en España (frente al 50% de media de la zona euro). Aquí se incluyen determinadas rebajas en el IRPF, la ayuda de 200 euros a hogares o el aumento del 15% de las pensiones no contributivas y del ingreso mínimo vital.
«Las medidas de precios no focalizadas frenan los aumentos de precios para todos los consumidores e incurren en costos fiscales elevados en comparación con las medidas de ingresos. Además, no está del todo claro si logran su objetivo inicial de contener precios, ya que la mayoría dependen de que las empresas decidan trasladar la rebaja a los consumidores», razonan los autores del ‘paper’.
Estudio comparado
La escasa focalización de las medidas antiinflación adoptadas en España es una cuestión sobre la que habían llamado la atención tanto el Banco de España como la Autoridad Fiscal (Airef). La novedad es que el ‘paper’ publicado por el BCE permite la comparación con otros países.
«Las respuestas de los gobiernos al aumento de la inflación han variado ampliamente entre los diferentes países. Si bien algunos se centraron en contener los aumentos de los precios (por ejemplo, Grecia), otros tomaron más medidas para apoyar a los hogares a través de pagos en transferencias (por ejemplo, Portugal). En particular, el efecto adverso del shock inflacionario en la desigualdad se vio ampliamente compensado en todos los países, con excepción de Alemania y España«, concluyen los autores de estudio europeo.
El informe estudia el efecto amortiguador de las medidas antiinflación en diferentes economías de la zona euro. El análisis se centra en Alemania, Francia, Italia, España, Portugal y Grecia -representativos del 80% de la población de la zona euro y de tres cuartas parte de su PIB- y observa un total de 56 medidas antiinflación aplicadas en 2022 por todos ellos.
En 2022, la inflación de la zona euro pasó del 2,6% de 2021 al 8,4% y, en conjunto, se adoptaron medidas frente al shock de precios de la energía por el equivalente al 2% del PIB de la UEM que, según el estudio del BCE, sirvieron para evitar que la inflación fuera 1,6 puntos más elevada. (Para el caso español, el Banco de España calcula que las medidas antiinflación representaron alrededor del 1,3% del PIB en 2022 y sirvieron para restar 2,3 puntos a una inflación media que acabó en el 8,4%).
Desigualdad
De entrada, los trece autores del ‘paper’ del BCE constatan que la inflación de energía y alimentos de 2022 afectó más gravemente al poder adquisitivo y el bienestar de las hogares de ingresos más bajos. Ello fue así por dos factores: porque estas familias gastan la práctica totalidad de sus rentas (apenas pueden ahorrar) y porque la energía y los alimentos pesan más en su cesta de la compra que en la de los hogares con mayores ingresos. Por ejemplo, para el caso español, el Banco de España estimó que la inflación soportada entre agosto de 2021 y septiembre de 2022 fue del 11,3% para la cesta de la compra de los hogares con menor nivel de renta, frente al 9,7% en que se encareció la de las familias con mayores ingresos.
El informe publicado por el BCE estima que, con carácter general, las medidas antiinflación compensaron un tercio de la pérdida de poder adquisitivo de los hogares de la zona euro y que, además, sirvieron para cerrar alrededor del 60% de la brecha de desigualdad entre los hogares de ingresos más bajos y más altos. Sin embargo, ello no fue así ni en España ni en Alemania, donde las medidas adoptadas por sus respectivos Gobiernos sí sirvieron para contener la inflación pero no lograron hacerlo de forma más intensa para los hogares con menor nivel de renta.
En el caso de Alemania, se subraya que la inflación fue compensada en gran medida gracias al crecimiento de los salarios nominales, que favoreció sobre todo a los hogares con mayor nivel de renta. «En Alemania y España los hogares de bajos ingresos perdieron una mayor proporción de su renta disponible», se apunta.
