Luis (nombre ficticio) lleva ocho meses buscando habitación. Vive en Vitoria y su casera quiere vender los cinco pisos que tiene en alquiler. «Dice que se jubila y ha mandado una carta a todos los inquilinos», cuenta. «En mi piso, por ejemplo, también vive una pareja. Busco desde febrero y es una locura: hay escasez de habitaciones».
Desesperado, Luis —que cobra la Renta de Garantía de Ingresos vasca y trabaja haciendo sustituciones— puso un anuncio en un portal de clasificados. «Busco habitación con padrón», decía. El suyo no es el único. Proliferan peticiones similares en la web. Hay viviendas que no permiten al inquilino empadronarse, una práctica que ha provocado el nacimiento del mercado contrario: las habitaciones o pisos solo para empadronarse, pero sin derecho a vivir.
«Me he encontrado un montón así», dice Luis. «No se cortan un pelo. Llamas interesado en una habitación y te dicen: es un contrato sin vivir. Te empadronan, pagas 300 euros, haces como que vives allí y te buscas la vida. Es un empadronamiento ficticio para acceder a las ayudas, porque la otra opción es habitación sin padrón. En los servicios sociales me dijeron que hay un problema de vivienda, que si llegaran a desahuciarme podrían hacerme un padrón ficticio y darme plaza en un albergue».
Empadronamiento especial
La ley obliga a todas las personas que viven en España a inscribirse en el padrón de su municipio habitual. Desde 2015, además, contempla una serie de «casos especiales» que incluyen la posibilidad de empadronarse en una chabola, una caravana, una cueva e incluso en ausencia total de techo. Para ello es necesaria la intervención de los servicios sociales del ayuntamiento de turno, que confirman que esa persona vive allí.
En el caso de las habitaciones, la cosa se complica. Asociaciones de migrantes, de trabajadoras del hogar, movimientos sociales y por el derecho a la vivienda llevan tiempo denunciándolo en varios puntos del país.
En la Comunidad Valenciana, según informó ‘Levante-EMV’, -diario editado por Prensa Ibérica, como El Periódico de España- entidades como Valéncia Acull denuncian que los servicios sociales de distintos municipios «niegan» el empadronamiento a personas «que tienen una habitación alquilada, residen en una infravivienda o en un piso okupado». El mismo medio relató el caso de una mujer a la que le exigían 200 euros extra al mes por empadronarse en una habitación. En 2020, entidades sociales catalanas recogieron en un mapa los municipios que registran más quejas por la falta de empadronamiento sin domicilio fijo.
«En el País Vasco son muy habituales los alquileres sin derecho a padrón. Sucede porque los que viven alquilados con contrato no tienen derecho a subarrendar y si se empadronan varias personas el propietario se puede enterar«, explica Germán García, de la plataforma de ayuda a refugiados Ongi Etorri Errefuxiatuak. «Y luego hay propietarios que no empadronan por miedo a Hacienda. Meten a seis personas, cobran en negro y, al no estar empadronados, no figura nada. Así surge el caso opuesto: te dejan empadronarte, pero no vivir. Se llega a pagar 200 euros al mes por ese derecho. También hay gente que cobra más por la habitación con derecho a padrón. Sin derecho, 300 euros; con derecho 400. Afecta a personas extranjeras, pero no solo».
Acceso a los servicios
Onti Etorri Errefuxiatuak es una de las asociaciones firmantes de la campaña «Soy tu vecino, pero sin padrón no existo», mediante la que solicitaron a los ayuntamientos vascos que garantizaran el empadronamiento de personas que viven en un municipio, pero no pueden demostrarlo.
«El padrón es la puerta de entrada a muchos derechos. Sin padrón se dificulta el acceso a la salud, a la educación básica de menores, a prestaciones sociales, al permiso de residencia, al voto…», escriben. «Para mucha gente es imposible conseguirlo. Hay personas que viven en un piso por solidaridad, parentesco o amistad, que no son empadronadas por diversas razones y tienen que ‘pagar el padrón’ en otra vivienda. O personas que trabajan internas en tareas del hogar y cuyos empleadores les niegan el derecho a empadronarse».
Los ayuntamientos, explican, tienen la obligación de empadronar a la gente que vive en la calle. Lo que piden estas organizaciones es que se abran ventanillas públicas a las que se deriven casos de habitaciones. «Si los servicios sociales tienen constancia de que una persona vive en una habitación pero no la dejan empadronarse, que la empadronen en una oficina social», continúa García, que no es partidario de obligar al propietario a empadronar a la gente. «Pasa con las empleadas del hogar. Si el Ayuntamiento se pasa a comprobar que viven en una casa en la que no quieren empadronarlas, al día siguiente pueden estar despedidas».
Con la situación actual, dice, «puede darse el caso de que una persona que viva en la calle tenga padrón y una que viva en una casa, no. Las dos tienen derecho. El absurdo es que viviendo en un piso no lo tengas. Creemos un mecanismo administrativo que permita empadronarse a la gente que vive en pisos y no puede acreditarlo para no perjudicar a otras personas». Las entidades sociales piden «una solución consensuada entre ayuntamientos y movimiento asociativo».
¿Puede negarte el casero ese derecho?
En Madrid, cuenta la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, el pago por padrón «es una realidad. Lo vemos muchas veces en Wallapop y Milanuncios. Es igual que el mercado de citas con Extranjería o con la Seguridad Social. La barrera del empadronamiento la sufren migrantes extracomunitarios, que por la Ley de Extranjería necesitan estar empadronados para regularizar su situación. También jóvenes y personas con pocos recursos, que ven cómo alquilar una habitación con contratos fraudulentos es su única opción para acceder a una vivienda».
Sin embargo, añade, un propietario no puede negarle a un inquilino el empadronamiento. De acuerdo a la información que proporciona el Ayuntamiento de Madrid, si alguien vive en una casa pero no figura en el contrato de alquiler, solo necesita la autorización del titular del contrato (no del propietario); si el titular no está empadronado en la vivienda, necesita que una de las personas mayores de edad empadronada declare que vive allí.
«El empadronamiento es un derecho que abre la puerta a otros derechos y que no depende de la voluntad del casero. Ocurre porque hemos normalizado a la vivienda como un bien de mercado y se utiliza como negocio extra. Si ocurre, animamos a la gente a organizarse en sindicatos de vivienda y denunciarlo, porque es ilegal», zanja Racu.
