Los regantes de la Región están «abocados a su desaparición» si continúa el recorte del 50% al trasvase Tajo-Segura. Esto es lo que ha afirmado este viernes el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez. La organización ha presentado un informe sobre el impacto económico de la reducción del caudal del trasvase a las provincias de Murcia, Alicante y Almería a los consejeros de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, y de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín.

Jiménez ha dicho que si hay una política de continuidad con el Gobierno de Pedro Sánchez, se perderán miles de empleos, ya que hay que diseñar la nueva planificación hidrológica. La ha calificado de «ideológica» y ha recalcado que el propio Ministerio por la Transición Ecológica ha reconocido que se perderán alrededor de 8.000 empleos. Por ello, el presidente de Scrats ha subrayado la importancia de que las provincias afectadas tengan un conocimiento «multifactorial» de las consecuencias de la reducción del caudal del trasvase.

El informe ha sido redactado por el Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia y han cifrado la aportación total (directa, indirecta e inducida) en 2020 de todos los cultivos de secano y regadío de las ramas agrarias vegetales de las tres provincias en 8.521 millones de euros (el 5,8% de la producción total). Genera 155.781 puestos de trabajo (10,1% del empleo total). De esta contribución total, la aportación de las ramas agrarias vegetales vinculada al agua para regadío del trasvase Tajo-Segura representan el 21,0% de la producción, el 19,0% del VAB y el 28,0% del empleo.

«El Gobierno central golpea a la Región»

Los consejeros de Economía y Empleo han mostrado su apoyo al presidente de Scrats. Luis Alberto Marín (Economía» cree que el informe hace «una radiografía perfecta de lo que es esta infraestructura tan importante y tan básica para una región como la Región de Murcia». Cree que el Ejecutivo central «está golpeando» la Región y que se han cifrado en 22.000 puestos de trabajo los que se podrían perder. «Siempre van a tener al Gobierno Regional de su lado», ha dicho. El consejero Víctor Marín ha querido resaltar que dichas consecuencias económicas no solo tendrían impacto en el sector agrario, sino que a nivel social también. «Lastran el futuro el desarrollo de sectores emergentes en la economía de la región de Murcia como puedan ser el transporte la logística y muchas más industrias», ha señalado.

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