ERC obliga al PSOE a aceptar un verificador para que empuje a hablar del referéndum pactado

Para ERC no solo había una carpeta en su negociación con el PSOE. Había tres. Amnistía, continuidad de la mesa de diálogo entre gobiernos y las cuestiones que llamaban del día a día de los ciudadanos, más recursos para mejorar los servicios públicos y traspaso «integral» de Rodalies. Y las tres, recordaban siempre, eran igual de importantes. La amnistía se daba por descontada y la condonación parcial de la deuda que arrastra la Generalitat y la transferencia de Cercanías se desanudó en el tirón final, en la última semana. Pero para los republicanos era clave no quedar atrás en su competición feroz con Junts en el camino al referéndum, que los socialistas han rechazado y rechazan de plano. Por eso la formación de Oriol Junqueras ha presionado hasta el final para mantener la mesa entre gobiernos —su apuesta estratégica de la pasada legislatura— y, como novedad, ha incluido otro instrumento, una mesa entre partidos que contará con un árbitro, un verificador o mediador encargado de animar a las partes a seguir remando y a poner sobre la mesa sus propuestas para la resolución del conflicto político catalán. Y ERC llevará a ella su idea de referéndum de autodeterminación pactado con el Estado.

La investidura de Pedro Sánchez sigue en el aire porque el acuerdo con Junts continúa encallado, ya que la discusión gira en torno al alcance de la ley de amnistía. Las dos partes se dieron de común acuerdo unas horas de pausa para seguir hablando este viernes, con la idea de rematar la negociación y dar vía libre a la reelección del líder socialista. Pero entretanto quien sí amarró su pacto con Ferraz fue ERC, en una hábil estrategia ascendente desplegada desde el martes que le ha hecho volver a ser protagonista de las negociaciones y robar el foco a los de Carles Puigdemont.

PSOE y ERC abren una «segunda fase del proceso de negociación, diálogo y acuerdo». Inciden en que los pactos alcanzados en la mesa sean «refrendados por la ciudadanía»

El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, desembarcó en Barcelona el miércoles por la noche, según indicaban fuentes del Govern, y se dispuso a cerrar todos los flecos pendientes que quedaban sobre la mesa. Al final, el pacto —que es de legislatura, no solo de investidura— se anudó por la mañana, lo respaldó la dirección de ERC y lo firmaron en un hotel de la capital catalana, pasadas las cuatro de la tarde, el propio Bolaños y el presidente de la formación independentista, Oriol Junqueras, indultado por el Gobierno en junio de 2021 tras pasar más de tres años en la cárcel. El acuerdo se extiende a lo largo de 14 páginas [aquí en PDF], y las cuatro primeras analizan el llamado conflicto político y el salto adelante, la «segunda fase del proceso de negociación, diálogo y acuerdo«.

Las dos partes realizan primero una «evaluación positiva de su colaboración» en la pasada legislatura y por eso deciden abrir una segunda página en su alianza. Una «nueva etapa» que identifica tres «grandes problemas de naturaleza política» del conflicto. Uno, «debate sobre el reconocimiento nacional de Cataluña y la forma de vehicular dicho reconocimiento a través de la política, del ordenamiento jurídico y de las instituciones, respetando tanto el principio de legalidad como el principio democrático». Dos, los recursos «de los que debe disponer Cataluña para «asegurar los derechos, la cohesión social y la prosperidad de todos sus habitantes». Y tres, «la necesidad de que los acuerdos alcanzados» sean «refrendados por la ciudadanía«.

«Ritmo constante y satisfactorio»

¿En qué se concreta esta «segunda fase»? En el voto a favor de los siete diputados de ERC en la investidura de Sánchez, en la «culminación de la desjudicialización a través de la aprobación de una ley de amnistía» —de la que no se da detalle—, la implantación de una agenda «de reformas y transferencias» (y ahí se incluyen los acuerdos sobre financiación y sobre el traspaso de Rodalies) y en la canalización del diálogo a través de dos instrumentos para hablar del «futuro político de Cataluña».

El verificador, cree el Govern, ayudará a avanzar, porque la mesa entre gobiernos quedó «congelada» en varias ocasiones en la pasada legislatura porque la Moncloa eludía convocarla

Así, ERC y PSOE prorrogan la vida de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, la que ha estado funcionando en los últimos cuatro años pero que se reunió solo tres veces: en febrero de 2020, antes del estallido de la pandemia, y con Quim Torra como president; en septiembre de 2021 y en julio de 2022, ambas ya con Pere Aragonès al frente del Govern. Socialistas y republicanos señalan en su acuerdo que aprobada la ley de amnistía, se pasará a una fase de «planteamiento, análisis y diálogo sobre propuestas políticas» para el «futuro de Cataluña», y debe avanzar a «un ritmo constante y satisfactorio para ambas partes«, con reuniones periódicas. «También debe abordar el debate sobre el modo en que los acuerdos a los que se pueda llegar sobre el marco político de Cataluña puedan ser refrendados por el pueblo catalán», escriben, sin más concreción.

Pero ahora se añade una mesa dos, una mesa entre los dos partidos, PSOE y ERC, que se encargue de «acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que se llegue, con el fin de que las propuestas que lleguen» a la mesa de diálogo entre gobiernos «cuenten con un ritmo de trabajo constante y con un grado óptimos de debate y compromiso político y puedan implementarse durante la presente legislatura». «A estos efectos, se designará de común acuerdo a una persona de reconocido prestigio para realizar dichas labores», acuerdan. Es decir, que se constituye una comisión de seguimiento con el añadido de un mediador o un verificador, una figura neutral. Es la reaparición del famoso relator que ya el PSOE aceptó en febrero de 2019, aunque luego se echó atrás. ERC no ha exigido que ese mediador tenga carácter internacional, como ha demandado Junts de manera insistente, un reclamo al que hasta ahora al menos el PSOE se había negado porque evocaría una figura de resolución de conflictos entre dos países.

Lo relevante de la aparición del verificador es que ERC robaba a Junts otra de sus banderas en esta negociación. Primero, capitalizó la ley de amnistía al cerrar su redacción antes y ahora con el mediador, aunque rebajado respecto a la exigencia de Puigdemont. El expresident, pues, se quedaba sin foco posible este jueves.

Fuentes del Govern indicaban este jueves, tras conocerse el detalle del acuerdo, que el verificador «va a ayudar» a conseguir los objetivos perseguidos. O sea, a «avanzar hacia el ejercicio del derecho a decidir», según manifestaba por la tarde el propio Aragonès. En ERC recuerdan que la mesa de diálogo estuvo en ocasiones «congelada«, y es que la Moncloa tenía fácil evitarla: directamente eludía su convocatoria.

ERC ‘roba’ así dos banderas a Junts: la ley de amnistía y la figura de un mediador, similar a la que demandaba Puigdemont, pero rebajada

Primero se escudó en la pandemia y no la retomó hasta septiembre de 2021, a partir de ahí los dos gobiernos siguieron hablando, en la primavera siguiente estalló el caso Pegasus, de presunto espionaje a dirigentes independentistas con el programa de fabricación israelí, y la reunión de julio de 2022 enterró ese episodio de tensión y puso rumbo —aunque esto se supo más tarde— a la reforma del Código Penal para la supresión del delito de sedición y la reforma de la malversación. Después, el PSOE consideraba que ya estaba cerrada la página del procés y no reunió más la mesa.

La mesa entre los dos partidos, señalan en el equipo de Aragonès, impondrá «la obligación de avanzar». ERC defenderá en ella el referéndum pactado, la vía canadiense que esgrime el president, y pretende que el Gobierno de Sánchez ponga a discusión la suya. Los socialistas se han inclinado por una reforma estatutaria, cauce que han desechado los independentistas.

«Acompañar el diálogo»

Bolaños no citó esa presión por el referéndum que ejercen tanto ERC como Junts. Reseñó que, como indica el texto, los acuerdos que se puedan alcanzar en la mesa entre gobiernos, y que se someterían a esa validación democrática, han de ser amplios, «representativos de la inmensa mayoría y social», «transversales» y quedar «dentro del ordenamiento jurídico» (una formulación, por cierto, semejante a la del acuerdo de ambos partidos de enero de 2020). Y para «acompañar ese diálogo», añadió, se crea una mesa de partidos, resolvió, sin dar más detalles.

Bolaños recuerda lo que dice el texto: los acuerdos han de ser amplios, «transversales» y «dentro del ordenamiento jurídico»

En el entorno de Aragonès tienen muy claro que, en esta segunda fase, la mesa no puede abordar cuestiones como el aeropuerto o las Rodalies, pues hay otros espacios para discutirlos, como la Comisión Bilateral Generalitat-Estado prevista en el Estatut. Estos dos foros deben servir para hablar, por tanto del «futuro de Cataluña«. En ERC admiten que el instrumento de la mesa de partidos es «muy parecido» al que entienden que el PSOE ha pactado con Junts, y defienden que lo lógico es que los de Puigdemont puedan integrarse en la mesa entre gobiernos (aunque hace un año ellos abandonaron el Govern) y que hagan piña en una mesa de partidos PSOE-ERC-Junts.

Pero la competencia entre las dos formaciones independentistas es total y, de hecho, las conversaciones con los negociadores socialistas han corrido en paralelo, sin canales de comunicación entre ellas. De hecho, para Ferraz ha sido extraordinariamente delicado mantener el equilibrio con ERC y Junts. «En el momento en que invistan a Sánchez, ellos [los posconvergentes] tendrán que apañarse internamente, podremos hablar de matices, pero lo lógico es que las dos formaciones independentistas estemos en el mismo paquete. A ellos ya se les va a acabar lo de llamarnos botiflers [traidores] porque ellos también han pactado con Sánchez, al que dijeron que jamás investirían», reflexionan en el staff del president.

Desde el Govern apuntan que uno de los problemas de la pasada legislatura con el que tropezaron fue que el PSOE remoloneaba a la hora de cumplir los acuerdos alcanzados, así que la figura del verificador puede llegar a ser clave. ¿Puede haber referéndum en esta legislatura? Los republicanos admiten que quizá no, pero que al menos se tiene que cimentar el camino, y que para eso ellos tienen en su mano abortar la legislatura, dejando caer al Ejecutivo. Y recuerdan que ellos han sido pertinaces y han ido conquistando cima tras cima pese a que el PSOE al principio se negaba, como los indultos o la reforma de la malversación y ahora la amnistía.

«Ritmo vertiginoso» en la última semana

Ahora, además creen que es un paso adelante que el documento firmado por las dos partes reconozca la «legitimidad» de todas las posiciones políticas y que el texto asuma que el procés fue un choque de legitimidades, la «parlamentaria y popular», y la «institucional y constitucional, ambas imprescindibles en una democracia avanzada y en un Estado de derecho». Es decir, que el conflicto tiene como base las «diferentes concepciones de la soberanía» y la «existencia de mayorías parlamentarias y aspiraciones políticas contrapuestas en Cataluña y en el conjunto de España».

ERC califica el acuerdo con «un ocho» sobre diez, y admiten que ha sido clave que Montero se puso manos a la obra y accedió a la condonación de deuda (que afectará a todas las CCAA) y el traspaso de Rodalies

En ERC se sienten muy satisfechos con el acuerdo alcanzado. Se dan «un ocho» sobre diez, hablan de «resultado muy digno». El viraje comenzó a partir del jueves de la semana pasada, cuando el PSOE trasladó que quería ir a la investidura la semana del 6 de noviembre y urgía cerrar los acuerdos. Se imprimió así un «ritmo vertiginoso» y una aproximación que fue posible porque la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, a quien culpaban de haber hecho encallar las negociaciones, apretó y aceptó el traspaso de Rodalies y puso dinero sobre la mesa: la condonación de hasta 15.000 millones de euros de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a Cataluña, que se ahorrará además unos 1.300 millones de euros en intereses. Mecanismo de condonación de deuda que el Gobierno hará extensible al resto de comunidades autónomas, algo que Bolaños recordó de noche dada la rebelión de las regiones del PP.

Pero la investidura del líder socialista no será posible si Junts no se suma. Y la negociación continúa abierta. El PSOE quería tener todo cerrado este jueves, y registrada la ley de amnistía, pero no pudo cumplir su objetivo. Las conversaciones con Puigdemont embarrancaron por la amnistía. Por su alcance, creen en ERC. Los contactos seguirán este viernes. Los de Junqueras se sienten satisfechos con la norma: su huella está sobre todo, dicen, en el articulado, pues se perdonarán los delitos incluso de los afectados por las causas judiciales de los CDR y de Tsunami Democràtic, y no en la exposición de motivos, de factura más socialista, por la obsesión de los negociadores de que el texto pase el filtro del Tribunal Constitucional.

«No cambiaremos la prudencia y precauciones que hemos mantenido hasta ahora, por más prisas que algunos tengan», escribió Puigdemont en X, antes Twitter, pasadas las nueve de la noche. Si no se cierra un acuerdo pronto este 3 de noviembre, podría frustrarse la intención de Ferraz de ir a la investidura a finales de la próxima semana. Los socialistas, no obstante, confían en que las diferencias se suturen y sus planes se mantengan. Es decir, que Sánchez se someta a la confianza del Congreso el miércoles 8 y jueves 9 de noviembre, fecha hasta ahora más probable. Pero ahora mismo certidumbres no hay. Tampoco se esperaba este requiebro en la última curva y sucedió. Con la esperanza de que la negociación se reencauce, en el PSOE y en el Gobierno se rigen por la misma regla de estas semanas: prudencia y silencio total.