El estadio de El Alcoraz en Huesca, por extraño que pueda parecer, no tiene licencia de apertura y actividad. Una situación irregular que ha provocado que el ayuntamiento de la capital altoaragonesa ordenara el cese de su actividad y su cierre inmediato hasta que legalizara su situación urbanística.
Una decisión durísima que proviene de un decreto firmado por el anterior alcalde, el socialista Luis Felipe, a doce días de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo que el club ni siquiera recurrió en vía administrativa. Aunque desde el Gobierno actual que dirige el PP de Lorena Orduna aseguran que no se va a ejecutar «de momento» este mandato de la legislatura anterior y la situación actual del campo de fútbol es irregular e ilegal, y Urbanismo lo sabe. Y el club también, desde el pasado 18 de mayo.
La decisión del ayuntamiento es «firme» porque el decreto de Alcaldía así lo puso de manifiesto el 16 de mayo y le «fue notificado el 18 de mayo de 2023 a la Sociedad Deportiva Huesca, sin que contra dicha resolución se interpusiera ni recurso administrativo alguno, ni contencioso admnistrativo en los plazos pertinentes». Así se hace constar en el escrito del ayuntamiento que da respuesta a la petición del club, fechada el pasado 6 de octubre y presentada por el gerente de la entidad, José Luis Ortas Pérez, en la que solicita el inicio de la tramitación urbanística para la obtención de la citada licencia de apertura y actividad del estadio a la vez que reclama admitir «la medida cautelar de suspensión del decreto de Alcaldía» firmado en mayo.
Una petición que ahora ha sido inadmitida por el consistorio, ahora gobernado por el PP de la alcaldesa Lorena Orduna. Por varios motivos que responden a una cadena de errores de difícil explicación. Por ejemplo, se interpuso un recurso extraordinario de reposición en mayo que ahora es «extemporáneo» y en su día ya era «inexistente». Y es que los técnicos municipales explican que contra decisiones como la del decreto de Luis Felipe «solo caben los recursos de alzada y el potestativo de reposición» según la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No existe esa fórmula a la que se acogió para frenar una orden de este tipo.
Solo era posible hacerlo presentando un recurso extraordinario de revisión, por lo que se entiende que podría obedecer a un «error en la calificación del escrito» empleado por la entidad deportiva. Pero sí presentó un recurso de este tipo al que ahora el ayuntamiento responde que este «no está fundado en ninguna de las causas que prevé el artículo 125.1 de la Ley 39/2015» y que además en ese escrito del club «ni tan siquiera hace mención a alguna de ellas». Por lo tanto también ha quedado inadmitido ahora y, con ello, la suspensión cautelar del cese de actividad que solicitaba la SD Huesca.
Posible «desaparición» y daño «irreparable»
Con esta respuesta municipal tan contundente a las pretensiones de la entidad, quedan bien claras varias cuestiones. La primera, que con el decreto de Luis Felipe el estadio ya se debería haber cerrado en mayo, y no haber disputado ningún partido en él: ha jugado un encuentro oficial de la temporada pasada, frente al Eibar, y siete en la actual. La segunda, que este mandato del consistorio le llega en su peor momento y le aboca a un daño «de imposible o difícil reparación» y puede que letal para su propia subsistencia.
Lo dice la propia SD Huesca en el escrito de Ortas remitido al ayuntamiento: El estadio de El Alcoraz reúne todas las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento General de la Liga de Fútbol Profesional, estando calificadas de interés general las competiciones de la Liga, tanto en Primera como en Segunda; el cierre del estadio generaría la imposibilidad de que los aficionados asistieran al estadio y la sanción de tres puntos por los organismos correspondientes; el cierre continuado provocaría la expulsión inmediata de la competición y consiguientemente la desaparición de la SD Huesca SAD y unas pérdidas cercanas a los 7 millones de euros; afectaría a más de 200 trabajadores indirectos además de a un número de trabajadores que realiza sus funciones los días de partido».
El escenario que se le presenta al club es catastrófico, lo define él mismo, que llega a afirmar que «todo ello llevaría al cierre del estadio y a la presentación inmediata de un concurso de liquidación de la misma eliminando cualquier atisbo de que la ciudad de Huesca cuente con un equipo profesional».
Pero la respuesta del ayuntamiento no es tibia, todo lo contrario. incluso llega a afirmar que «en primer lugar hay que decir que la situación creada se debe esencialmente a la inactividad de la SD Huesca SAD y es ella la responsable de no haber presentado en su momento la documentación requerida».
Sobre los perjuicios a los que alude la entidad, el consistorio le responde que ese daño económico no está justificado ni acreditado aunque admite que el cierre sí tendría consecuencias «muy importantes», pero añade que «la suspensión de la ejecución del acto (se refiere al cierre ordenado) podría afectar de manera muy grave al interés público», por esa obligación del ayuntamiento de vigilar el cumplimiento de la normativa y velar por la seguridad y bienestar de los ciudadanos«. Por tanto, concluye que el perjuicio en cuanto a la seguridad de sus miles de espectadores es mayor que el daño económico a la entidad, dado que «precisamente la licencia ambiental exigida es la que comprueba las medidas de extinción de incendios, evacuación de personas, salidas de emergencia, etc».
Recursos inadmitidos
Por todo ello, el teniente de alcalde de Urbanismo, Iván Rodríguez, firma esta resolución actual en la que se inadmite los recursos presentados por la SD Huesca y se da traslado a los servicios municipales para iniciar el expediente para la obtención de licencia del estadio. Pero ahora mismo la situación del estadio sigue siendo ilegal, con una orden de cierre que es firme tras medio siglo acogiendo partidos en su interior y después de haber jugado dos temporadas en Primera División y haber ampliado incluso el aforo del propio estadio hasta los 9.100 espectadores. De hecho en su primera campaña se acometieron obras en 2018 para adaptarse a los requisitos exigidos por La Liga y con la segunda, en 2021, se hizo otra reforma que elevó lo invertido hasta los 15 millones de euros. Y se supone que también se hicieron con permisos municipales.
En este caso, la defensa de la SD Huesca se basa todo en una declaración responsable que es la herramienta utilizada por muchos establecimientos, de pequeña y gran envergadura, para iniciar la actividad sin obtener esa licencia que ahora supone el cierre inmediato de El Alcoraz. En este caso, la entidad la presentó cuando se le requirió en mayo por parte del Gobierno municipal anterior, pero lo hizo «sin adjuntar informe técnico al respecto». Por eso la inactividad a la que ahora aluden los técnicos municipales para recordarle al club que debe clausurar el estadio. Un campo de fútbol que, tampoco es baladí, es de titularidad privada.
