La ampliación de las medidas de apoyo a los hipotecados con problemas de pago que el Gobierno y la banca pactaron hace un año vuelve a la primera línea de la agenda política, para disgusto de las entidades y del Banco de España. En unas jornadas de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha anunciado este viernes que, «cuanto antes, en cuanto haya la investidura y se forme el nuevo Gobierno«, espera convocar la mesa de seguimiento del plan de ayuda a las familias hipotecadas, «junto con el sector financiero, para poder ampliar el ámbito de aquellos que se benefician» de dicho plan.
Calviño ya intentó en junio extenderlo, pero el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, lo frenó en un tenso encuentro en el que también estaban presentes las patronales bancarias (AEB y CECA), la asociación de consumidores Asufin y representantes de las personas mayores. La reunión que la vicepresidenta prevé convocar en cuanto se forme el nuevo Ejecutivo estaba prevista en principio para septiembre, pero finalmente fue retrasada porque el Ministerio de Economía entendió que el Consejo de Ministros no podía estar en funciones para aprobar los cambios que quiere impulsar.
La medida estrella que la vicepresidenta pretende sacar adelante es elevar la renta conjunta anual máxima de las familias que pueden beneficiarse del Código de Buenas Prácticas para el alivio hipotecario de hogares de clase media. Así, pasaría de los actuales 29.400 euros (3,5 veces el IMPREM) a la «renta media» (37.800 euros). La iniciativa fue anunciada por Calviño y Pedro Sánchez durante la campaña electoral del pasado julio y ha sido incluida en el acuerdo de Gobierno alcanzado por el PSOE y Sumar.
300 euros de ahorro
La ampliación de ese baremo de renta permitirá que más hogares puedan beneficiarse de las medidas de alivio previstas en el código, como ampliar en siete años el plazo de vencimiento de la hipoteca o congelar la cuota durante 12 meses. Para una hipoteca de 150.000 euros suscrita en 2018, apuntó Calviño en julio, supondría un ahorro de 300 euros al mes y 3.600 euros al año. El que en principio no vería modificado sus límites de renta es el Código de Buenas Prácticas para hogares vulnerables creado en 2012 y ampliado el pasado noviembre, que beneficia a familias de renta anual de hasta 25.200 euros (tres veces IMPREM) con iniciativas de alivio más contundentes que las del código de las clases medias.
No es, con todo, la única medida que la vicepresidenta podría intentar acordar. En el pacto de Gobierno de PSOE y Sumar también se incluye adoptar, «fruto del diálogo con las entidades financieras, mejoras aplicables a los préstamos hipotecarios, dirigidas a facilitar la amortización anticipada de los créditos, la reestructuración de los préstamos hipotecarios o la solicitud de la dación en pago«. Asimismo, figura su intención de hacer el mercado hipotecario «más competitivo eliminando los obstáculos a la portabilidad real de hipotecas entre entidades, reforzando la supervisión tanto financiera como de competencia e impulsando la transparencia«.
El pacto suscrito por Economía y la banca hace un año incluía, precisamente, eliminar durante todo 2023 las comisiones por amortización anticipada del crédito y por el cambio de hipoteca de tipo variable a fijo, con lo que no sería descartable que el Gobierno quiera ampliar el plazo de estas medidas.
Margen de provisiones
Según reveló el Banco de España este lunes, el plan de ayuda a los hipotecados recibió cerca de 42.800 solicitudes entre enero y julio por parte de familias con una deuda pendiente de pago de 5.367 millones de euros, una cifra «limitada» respecto al número total de créditos hipotecarios en vigor (menos del 0,4%) y también frente a los préstamos que cumplían las condiciones para beneficiarse, aunque también «notablemente superior» al número de peticiones que venía registrando el anterior Código de Buenas Prácticas. Solo un 8% de las solicitudes han sido ya aprobadas (3.424 hipotecas por valor de 480 millones de euros), mientras que al rededor de un 50% están pendientes de resolverse (21.400) y en torno al 40% han sido rechazadas (unas 17.120), principalmente -en un 90% de dichos casos- por no cumplir los requisitos.
El Ejecutivo entiende que el hecho de que la economía y el empleo estén evolucionando mejor de lo previsto el pasado noviembre explica que las solicitudes estén siendo inferiores a las auguradas (habló de hasta un millón de hogares potencialmente beneficiarios, aunque posteriormente el Banco de España rebajó a unos 200.000 los realmente esperables). Las menores peticiones hacen que también este siendo menor el coste de las medidas para los bancos vía provisiones, con lo que Economía considera que estos tienen margen para ampliar los criterios de renta de los beneficiarios sin que sus cuentas sufran un deterioro adicional al previsto inicialmente.
Sin embargo, el director de estabilidad financiera del Banco de España, Ángel Estrada, ya mostró el lunes el rechazo de su institución a ampliar el plan. También las patronales bancarias llevan meses mostrando su oposición. Está por ver si Calviño logrará hacerles cambiar de opinión. Y se trata de un asunto importante: la adhesión a los Códigos de Buenas Prácticas es voluntaria para las entidades (si bien una vez suscritos, su cumplimiento es obligatorio). Siempre cabe la posibilidad, eso sí, de que el Gobierno decida legislar en el caso de que la banca siga negándose a reabrir el código.
