Persiste la inquietud en torno al futuro de MUFACE. Si hace apenas unos días, en un congreso de sanidad privada celebrado en Madrid, se alertaba del riesgo de una hipotética quiebra del modelo que presta atención sanitaria a casi dos millones de mutualistas en España, este jueves es el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por las principales empresas sanitarias y asociaciones privadas, quien advierte: el coste final de la atención a los mutualistas para el Estado ante esa futurible desaparición del modelo sería de entre 2.950 a 3.030 millones de euros.
A través de un comunicado, la Fundación IDIS ha recordado «los grandes beneficios que aporta el sistema de mutualismo administrativo a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y al conjunto de la población, no solo a los funcionarios partícipes del modelo, y las consecuencias que tendría una hipotética inviabilidad del mismo por medidas que incidan en la ya de por sí insuficiencia financiera crónica del mismo«.
Esta entidad se remite a los datos de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones) que indican que 1,73 millones de personas son beneficiarias de este Régimen Especial de la Seguridad Social que otorga cobertura sanitaria similar a la del Régimen General, y pueden decidir si quieren ser atendidos por el Sistema Nacional de Salud o por una entidad aseguradora «con el mismo nivel de prestaciones», lo que ocurre en cerca del 80% de los casos.
Las cifras
El mutualismo administrativo, como mecanismo de cobertura del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado, «produce ahorros al sistema público» sostiene la entidad que representa al sector privado. A modo de ejemplo, cita, se estima que la prima media de MUFACE se sitúa en 2022 en 1.020 euros anuales por asegurado, mientras que el gasto sanitario público per cápita de ese mismo año es de 1.674 euros (no incluye gasto farmacéutico ni el gasto destinado a mutualidades, precisan), lo que «supone un ahorro de 654 euros por mutualista para la Administración».
Pero, además, defienden, «es fuente de empleo cualificado y estable y, en el ámbito asistencial, mejora ostensiblemente la accesibilidad al sistema sanitario». Sin embargo, dice la Fundación IDIS, el modelo de mutualismo «parte de una insuficiencia económica que se ha ido agudizando en los últimos años».
En asistencia sanitaria para el mutualismo administrativo en 2022, al igual que en 2021, las prestaciones pagadas (1.747) superan a las primas imputadas (1.733), sostiene IDIS
De hecho, desgranan, en asistencia sanitaria para el mutualismo administrativo en 2022, al igual que en 2021, las prestaciones pagadas (1.747) superan a las primas imputadas (1.733).
Costes adicionales
Junto a estos aspectos, la Fundación IDIS apunta a que hay otros factores que generan «costes adicionales» para los próximos años «y que debían ser tenidos en cuenta, como la escasez de profesionales sanitarios, la introducción de nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas que encarecen los procesos o la innovación en farmacología, especialmente relevante en el ámbito de la oncología pero también en otras patologías, con mayor coste y también con más utilización al aumentar las enfermedades crónicas y ampliarse las indicaciones».
Asimismo, aluden al informe ‘Impacto del cambio de modelo de las mutualidades’ realizado por la propia fundación, en el que se analiza la evolución de las mutualidades que señala que el coste final de la atención a los mutualistas para el Estado ante una hipotética desaparición del modelo de mutualidades sería de entre 2.950 a 3.030 millones de euros (frente a los 2.230 actuales, es decir, entre 720 y 800 millones de euros más), «sin tener en cuenta las inversiones que sería necesario llevar a cabo para poder dar asistencia a los cerca de 1,73 millones de asegurados mutualistas».
Cierre de centros privados
El cese o reducción de la actividad de las compañías aseguradoras y los grupos hospitalarios privados generaría entre 30 y 33 millones de euros menos de recaudación en concepto de impuesto de sociedades, agregan. En el ámbito social, esta entidad señala que «el impacto fundamental» sería el cierre de una treintena de centros privados, lo que «compromete la accesibilidad- y la pérdida de entre 35.000 y 39.000 empleos».
Aluden, finalmente, al incremento de las listas de espera de consultas externas (entre 34 y 37 días más) y de espera quirúrgica (entre 28 y 30 días más), aumentando en un 15% el índice de ocupación de camas públicas, tal como estiman sus análisis. Por eso, concluyen, ven «imprescindible una revisión en profundidad de las bondades del modelo de mutualismo administrativo, en beneficio de su sostenibilidad y del propio sistema sanitario de forma global«.
