La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de los jueces, ha manifestado su «más firme rechazo» a una futura ley de amnistía que «tiene el claro objetivo de anular al Poder Judicial» y ha advertido de que supone «el principio del fin» de la democracia española.
«Se pretende dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho», ha criticado la APM en un comunicado en el que ha recordado que lleva «mucho tiempo» alertando «sobre el grave deterioro institucional y del propio Estado de Derecho».
La asociación considera «inaceptable e inasumible para una democracia plena» que se impulse una norma legal que «exonere a unos pocos de las responsabilidades penales, ya declaradas por los Tribunales, o por enjuiciar, sin modificaciones legales previas o sin entrar formalmente en un nuevo proceso constituyente».
En este sentido, ha incidido en que una ley de amnistía «no es admisible en la Constitución Española de 1978″ y «pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo».
«Deslegitima el Estado de Derecho y al Poder Legislativo que promulgó las leyes que aplicaron los jueces, lanzando el mensaje falaz de que el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan en España por delitos políticos», ha lamentado en relación con la futura norma, la cual «quiebra un principio esencial en democracia, como es el de la separación de poderes».
«Vulnera el principio de igualdad»
Asimismo, ha alertado de que esta «vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes al eximir de responsabilidad penal a una clase de personas únicamente con base en la supuesta motivación política de sus actuaciones».
Además, ha agregado, deriva en «el grave riesgo de que el mismo trato puedan exigir quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio, o bien malversaron fondos públicos invocando la misma intencionalidad».
«La ley que, por definición y principio es general, se torna así en privilegio, atacando el fundamento mismo del Estado Social y Democrático de Derecho«, ha añadido la APM.
De este modo, ha expresado su rechazo a una ley de amnistía que «tiene el claro objetivo de anular al Poder Judicial», el «último dique de contención frente a los abusos de poder, la arbitrariedad y la desigualdad ante la ley para privilegiar a unos pocos, la clase política».
En este sentido, ha censurado que la norma se impulse «para tener los votos necesarios para una investidura«, si bien ha señalado que no se pronunciará sobre el hecho de que esta norma se esté pactando por el PSOE «con los máximos responsables» de los delitos «graves» del 1 de octubre. «No nos corresponde a nosotros valorar la ética y los principios de los actores políticos, ni siquiera la ausencia de los mismos», ha zanjado.
