Si hay un procedimiento en el que se verá el efecto de la ley de amnistía antes incluso de su promulgación es el que se sigue en el Tribunal de Cuentas por la responsabilidad contable en la que presuntamente incurrieron los líderes independentistas por el 1-O y la acción exterior de la Generalitat. La vista para enjuiciar lo ocurrido está señalada para el próximo 17 de noviembre y el texto definitivo de la norma se espera para finales de esta semana o a más tardar a principios de la próxima, lo que previsiblemente supondrá que las partes pidan el aplazamiento de las actuaciones dado que cuentan con que el texto les afecte directamente cuando sea promulgado.
En el Tribunal de Cuentas se trabaja para tenerlo todo listo para celebrar la vista sin contratiempos, pero al mismo tiempo se es muy consciente de que en cuanto se dé a conocer el texto de la norma y se constate que la responsabilidad contable también está incluida en los hechos amnistiados las defensas de los demandados solicitarán su suspensión. Pueden hacerlo incluso al iniciarse la propia vista oral. La decisión corresponderá a la consejera delegada encargada de juzgar los hechos, Elena Hernáez.
Como la ley no estará promulgada y lo que se conocerá para entonces es solo el acuerdo firmado entre los partidos que apoyan la investidura de Pedro Sánchez, la consejera puede admitir la petición de las defensas o rechazarla y seguir adelante con el juicio. No está obligada a suspenderlo, porque es imposible que para el día 17 se haya ya promulgado una ley que vincule a los tribunales. Otra cosa será cuando vaya a dictar sentencia o a los pocos días después de haberlo hecho.
Además, fuentes del tribunal señalaban que dado el carácter jurisdiccional del órgano fiscalizador sería posible que la consejera también planteara una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, como pueden plantear el Tribunal Supremo y el resto de juzgados y tribunales que tengan en sus manos asuntos afectados por la amnistía. No obstante, las mismas fuentes admiten que el Tribunal de Cuentas nunca ha planteado una y que existe un debate en torno a si estaría legitimado o no.
Dos horas y media
En el caso de que la vista se celebre finalmente, el Tribunal de Cuentas calcula que durará en torno a dos horas y media, que es lo que se necesitaría para practicar la prueba documental que no se dé por reproducida y para escuchar al principal demandado, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, cuya declaración se admitió como interrogatorio de parte, y a un par de testigos, una de ellas, la interventora general del Estado hasta el pasado mes de junio, María Luisa Lamela.
La declaración de Puigdemont, por otra parte, se antoja harto improbable, dado que no parece que tenga intención de venir a España antes de que la amnistía sea una realidad, con lo que evitará su arresto por la orden nacional dictada en su contra por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Ninguna parte ha solicitado con suficiente antelación que declare por videoconferencia.
A diferencia de lo que ocurre en los juicios penales, la fiscalía y la acusación que ejerce Sociedad Civil Catalana no darán a conocer sus conclusiones al término de la vista, sino que lo harán por escrito en el plazo que la consejera delegada les conceda. Cuando las presenten y también lo hagan las defensas, la consejera dispondrá de 20 días para dictar la sentencia, que en caso de condena significará la restitución a la Generalitat del dinero público que se declare distraído del fin legítimo para el que estaba previsto.
Hasta la presentación de las conclusiones definitivas la Fiscalía calcula su importe en 3,4 millones, mientras que SCC en algo más de cinco. En caso de condena los demandados deberán cubrir la cantidad que se fije de forma solidaria. En total son 35, entre los que figuran Puigdemont y los exconsellers que le acompañaron en la huida y ahora son también eurodiputados, Clara Ponsatí y Toni Comín, pero también el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que también fue condenado por la consulta del 9-N de 2014, o el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers también condenados por el Tribunal Supremo en el procés Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull.
