Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todos ellos nombrados en su día a propuesta del PP, han anunciado la presentación este jueves de un escrito al presidente en funciones de la institución, Vicente Guilarte, para forzar la convocatoria de un pleno extraordinario en el que el órgano de gobierno de los jueces pueda mostrar su «intensa preocupación y desolación» por la próxima promulgación de una ley de amnistía.
El escrito, al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica , defiende la solicitud del pleno, que se prevé que se pueda celebrar el lunes por la tarde, en los argumentos utilizados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para defender públicamente la necesidad de promulgar una ley de amnistía de lo ocurrido en Catalunya en el otoño de 2017, «así como los también cometidos con anterioridad para su preparación, incluidos delitos de corrupción, y con posterioridad para oponerse a la acción legítima del Estado para llevar a sus autores ante la justicia y restablecer el orden público y constitucional alterado».
Los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y Maria Ángeles Carmona quieren que el pleno apruebe una declaración institucional entre otras razones, porque «la futura ley de amnistía se tramitará como proposición de ley, con lo que se eludirá, una vez más, la función consultiva de este Consejo en aspectos sobre los que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige su intervención».
Los vocales sostienen que su preocupación obedece a «cuanto de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España» supone la amnistía, porque cuando se promulgue «inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España». Señalan que con independencia de lo que conste en el preámbulo, «su motivación real ya ha quedado expresada» y «lo que en ningún caso cabe aceptar es una amnistía, y ni tan siquiera un indulto particular de los admitidos genéricamente por la Constitución, con el fundamento real expresado por el presidente del Gobierno en funciones», que creen que confunde el interés de España con el suyo propio.
Inconstitucional
Añaden que «evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política, insita en el principio básico de pluralismo político que, según el artículo 1 de nuestra Constitución, es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico».
«Hacerlo exceptuando la aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho en el que, nuevamente según nuestra Constitución, se quiso constituir España y efectivamente se constituyó al menos hasta ahora», prosiguen.
También consideran que aplicar la amnistía «supone generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos lo que, con no justificarse en ningún fin constitucionalmente legítimo, supone contravenir no ya el principio de responsabilidad de los poderes públicos, sino incluso el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley».
En su opinión, la declaración institucional del CGPJ debe concluir expresando que la amnistía no solo violenta la Constitución, sino también los compromisos asumidos por España con «el Tratado de la Unión Europea para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial».
