«Vivimos siempre con miedo, con la espada de Damocles de pensar que puedes ser el siguiente». Es el temor que siente Juan Andrés González, de 59 años, por haber estado expuesto al peligroso amianto en el pasado como trabajador de la fábrica de trenes de CAF en Zaragoza. Tiene sobrados motivos para estar inquieto, al igual que medio centenar más de compañeros de la planta que están en su misma situación. No en vano, cerca de 60 antiguos empleados de esta conocida factoría han perdido la vida por manipular este mineral cancerígeno, según ha quedado reconocido por sentencia judicial. Los sindicatos creen que son muchos más los fallecidos aunque no ha podido demostrarse.
Juan entró a trabajar en la planta en 1979, cuando la utilización de este tóxico material estaba normalizada en la industria española para determinadas labores como proteger superficies. En su caso, el contacto con este nocivo mineral, también llamada asbesto, se produjo a mediados de los 80 en unos trabajos de desamientado de unos trenes. «Entonces sabíamos que era malo como cualquier otro producto industrial, pero no tanto. Nadie nos dijo que los trabajadores íbamos a morir de esto», explica a este diario. «Lo arrancamos con herramientas manuales: rasquetas, espátulas o con la mano mismo. La empresa no ponía protecciones de ningún tipo, ni siquiera una mascarilla antipolvo», recuerda.
El periodo de latencia de las enfermedades asociadas al uso de este mineral se sitúa entre los 20 y los 40 años. Las restricciones al amianto comenzaron hace cuatro décadas, pero su prohibición definitiva y general no llegó en España hasta 2001. «Muchos trabajadores han muerto por esto y ni lo saben», señala el también secretario de la Asociación de Afectados por el Amianto en Aragón (A4), creada hace cuatro años para dar apoyo, asistencia y asesoramiento a las víctimas de este «asesino silencioso», así como promover la defensa de sus intereses.
De manera preventiva, los trabajadores de CAF y otras empresas catalogadas con riesgo de amianto se someten a una radiografía torácica. «Sufrimos una especie de psicosis, sobre todo los trabajadores más mayores de CAF», comenta Juan, casado y padre de un hijo. «Cada vez que toca hacerte una placa, te pones a temblar. La sospecha siempre está ahí: cuando te encuentras mal o coges un resfriado. En la época del covid también lo pasamos mal», relata el veterano trabajador, vecino del barrio de San José, que lleva 44 años en la fábrica de trenes. Una angustia con la que vive también la familia. «He visto morir muchos compañeros», dice con amargura.
Desamparo de las víctimas
«Las empresas por iniciativa no admiten su responsabilidad», se lamenta Juan. La vía judicial es la única salida que queda para lograr una reparación. «En la mayoría de las ocasiones, tristemente el enfermo no llega vivo al juicio», asegura. Las indemnizaciones decretadas en los casos de CAF son muy dispares. Van de los 80.000 a los 460.000 euros, según los criterios aplicados por los jueces en función de la edad, la esperanza de vida o los perjuicios causados.
Los afectados lamentan que la falta de medios y el desconocimiento que sigue existiendo sobre las enfermedades asociadas al asbesto, lo que ha ocultado la verdadera magnitud de un problema en el que las empresas han tratado de rehuir su responsabilidad. Se sienten desatendidas a la hora de reclamar medidas para el reconocimiento y la reparación de los daños. El problema radica en la dificultad de demostrar que un cáncer ha sido causado por manipular o respirar este peligroso material. La Seguridad Social sí reconoce de manera automática que la enfermedad ha sido consecuencia de la inhalación de las fibras de amianto cuando se diagnóstica asbestosis o fibrosis pulmonar y mesotelioma pleural o peritoneal.
Conseguir que la Seguridad Social declare este tipo de enfermedades profesionales es un «camino tortuoso», asegura la presidenta de A4, la abogada Susana Tirado. «Mi tío fue el primer trabajador de la Opel que falleció por amianto y fue reconocido como tal», afirma, al tiempo que se lamenta de la situación de «desamparo» que sufren las familias de los afectados. «No saben qué hacer ni cómo actuar y las instituciones no se lo ponen fácil», explica. Para cubrir ese vació nació esta asociación.
Tirado subraya que se trata de un problema de «salud pública» que trasciende la CAF. Son numerosas las empresas y gremios que han utilizado amianto, desde construcción hasta automoción pasando por aislamientos térmicos o fontanería. Son además numerosas las edificaciones que están hechas con este material. «Está presente en colegios, hospitales, viviendas… hasta en La Romareda», advierte Tirado.
