Se atribuye a Otto von Bismarck la frase: «Con las leyes pasa como con las salchichas: es mejor no ver cómo se hacen». La sentencia es perfecta para referirse a la futura ley orgánica de amnistía, que previsiblemente sea presentada este jueves en el registro del Congreso por el PSOE y el resto de socios independentista.
Así es por el origen que, según el propio Sánchez, está en la necesidad de tener votos para la investidura sobre la que se ha buscado la «virtud»; lo es por la forma en la que se ha hecho y por los ingredientes que contiene. Como las salchichas.
El resultado es que, según explican, contendría finalmente la amnistía de delitos sociales reprobados como los de corrupción y los de malversación, además de otros como desobediencia. Irán en el catálogo de delitos que se indulta, que se cometieron en un periodo amplio de tiempo antes y después del procés independentista de 2017 y siempre que tuvieran como finalidad lograr esa independencia o el reconocimiento de la autodeterminación.
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En los de corrupción e incluyen los condenados o acusados de malversación por haber desviado fondos públicos destinados a otro fin hacia actuaciones del procés. Esa amnistía afectaría a los altos cargos de la Generalitat, con extensión hacia los procedimientos en el Tribunal de Cuentas por quebranto patrimonial del erario.
Delitos de terrorismo
Los de terrorismo se refieren a los responsables del llamado Tsunami Democràtic que está siendo investigado en la Audiencia Nacional.
Afectaría la amnistía, entre otros, a Marta Rovira, secretaria general de ERC, y al diputado de ERC Rubén Wagensberg, acusados por el juez Manuel García Castellón de responsables de sucesos violentos en 2019.
La Fiscalía era partidaria de acusar los implicados solo por desórdenes públicos y, por tanto, trasladar el caso de la Audiencia Nacional a un juzgado de Cataluña sin la consideración de terrorismo.
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Sin embargo, hace pocos días se personaron Vox y Dignitad y Justicia con la idea de que la causa siga en la Audiencia Nacional como terrorismo. Ahí seguirá y a día de hoy tiene tal consideración.
También están acusados de terrorismo los miembros de los Comitès de Defensa de la República (CDR), detenidos en septiembre del año 2019 por la llamada operación Judas. ERC también pidió incluirlos en la amnistía y lo estaban en la propuesta que hizo Sumar hace un mes.
El Gobierno se había negado hasta ahora, pero el martes Sánchez cerró el acuerdo con una llamada a Père Aragonès, presidente de la Generalitat. También ha aceptado que se registre la proposición de ley antes de la investidura y que se intente calificar en la Mesa del Congreso antes del debate.
El pacto incluye los Presupuestos
Los independentistas aseguran haberse aprovechado de que Sánchez tiene prisa ahora para celebrar el debate de investidura, mientras que algunos de sus socios aseguran que aún quedan detalles por cerrar y también algunos trámites internos, como la aprobación de los pactos en las direcciones de sus partidos y, sobre todo, consultas a sus militantes.
Moncloa necesita pasar ya a la próxima pantalla y explica que ha logrado su objetivo fundamental de cerrar un pacto de legislatura, con el que garantizar la estabilidad pese a la estrecha mayoría parlamentaria. Ese acuerdo incluye la aprobación de Presupuestos, como pretendía Sánchez desde el principio.
Los partidos independentistas explican que esas prisas de Moncloa demuestran que Sánchez ha dado ya tantos pasos definitivos en defensa de la amnistía que tiene imposible dar marcha atrás. Es decir, que para los detalles que quedan por cerrar se sienten en una posición de fuerza respecto al líder socialista. «Puigdemont sí puede parar, pero Sánchez ya no», aseguran.
Hasta el sábado, Sánchez aún podía mantener el equívoco y acabar yendo a unas elecciones repetidas con el mensaje de no haber cedido a las exigencias de los independentistas. Ahora, una vez vista la foto del número tres del PSOE, Santos Cerdán, con Carles Puigdemont, bajo una fotografía alegórica del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, ya no hay marcha atrás, asegura un dirigente socialista.
Desde este lunes, además, Puigdemont ya no es «el fugado», sino «el president» rehabilitado como interlocutor y actor político por el propio PSOE. Eso juega a favor de los independentistas para cerrar lo poco que queda por cerrar.
Dirigentes del PSOE y ministros esperan que pase cuanto antes esta fase y se encogen de hombros cuando son interpelados por las consecuencias de la foto con Puigdemont. Creen que después de la investidura habrá pasado su efecto negativo, aunque aún les queda gestionar una legislatura de sobresaltos sin margen de maniobra para formar mayorías diferentes y con socios que en su mayoría actúan como actuaron ayer dando plantón en el Congreso en la jura de Leonor.
Habrá verificación
Fuentes de Junts, de ERC y del PNV aseguran que los acuerdos aún no están totalmente cerrados.
Fuentes independentistas aseguran que también el Gobierno ha aceptado, finalmente, alguna forma de verificación de los acuerdos como pretendía Puigdemont desde el principio. Los socialistas no lo confirman.
Hay otros pasos necesarios, como la consulta a las bases de los partidos que deben firmar. Por ejemplo, ERC tiene que reunir antes a su dirección y convocar la consulta sobre el acuerdo, como ya hizo en 2019 con el pacto de investidura.
Junts también tiene que someter al partido el acuerdo final, aunque no se prevé ninguna dificultad para sacarlo adelante.
El propio PSOE termina el sábado el procedimiento de su consulta sobre el acuerdo con Sumar, que incluye en la pregunta una referencia a la negociación con los partidos nacionalistas.
Y Podemos celebrará el 2 y 3 una consulta exprés sobre el voto en la investidura. La dirección de Podemos no prevé problemas para que las bases aprueben el voto favorable en la investidura, porque, además, es lo que pedirán sus dirigentes, con más o menos intensidad.
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