«Esta Constitución retrocede incluso respecto a la de 1980», denuncian varias voces de la izquierda chilena desde que el lunes se aprobara la versión final de un proyecto de carta magna que se votará el próximo 17 de diciembre. El proceso constituyente ha sido similar al que el presidente Gabriel Boric lideró el año pasado. En septiembre de 2022, los chilenos votaron: la propuesta de Boric era demasiado ambiciosa, y el boceto de la ley fundamental «más progresista e inclusiva del planeta» acabó fracasando.
Las encuestas auguran un futuro parecido a este segundo intento de sustituir la Constitución del dictador Augusto Pinochet. Esta vez, el Consejo Constitucional ha estado dominado por la ultraderecha y la derecha dura, lo que ha dado luz a un documento que «consolida el statu quo conservador que llevamos 30 años queriendo modificar», según acusan los Socialdemócratas. El boceto no aspira a ser neutral: promete abordar las «urgencias fundamentales» del país a través de valores como la «libertad» y la «seguridad».
La oposición chilena ―liderada por el Partido Republicano y Chile Vamos― ya ha empezado su campaña por el voto a favor de adoptar el documento como la próxima constitución del país. La derecha va a tener difícil conseguir el ‘sí’ mayoritario: los sondeos apuntan a que sólo un 32% de los votantes apoyan la nueva propuesta. El oficialismo y las izquierdas han emprendido la acción contraria: frustrados aún por el fracaso de la propuesta de Boric el año pasado, denuncian que la candidata a carta magna perpetúa el modelo neoliberal de Pinochet.
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Pese a las críticas, la nueva propuesta cede en un asunto crucial: la naturaleza del Estado chileno. La izquierda del país lleva décadas buscando que Chile se reconozca como un Estado social y democrático de derecho, en oposición al Estado subsidiario que ampara la Constitución vigente. En el artículo 1 del proyecto de ley fundamental que se votará en diciembre, el Consejo Constitucional ―mayoritariamente de derechas― aceptó que el Estado sería «social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales».
Este reconocimiento viene con matices: el mismo apartado del artículo 1 que reconoce a Chile como un Estado de derecho hace una zancadilla a las pretensiones de la izquierda de fortalecer el sector público, y establece: el desarrollo de derechos sociales se llevará a cabo a través de «instituciones estatales y privadas». Rodrigo de Arce, del Instituto de Estudios Sociales, sí cree que «el Estado social y de derecho queda razonablemente recogido» gracias también al artículo 24 «que impone al Estado deberes intensos para remover obstáculos y promover los derechos sociales», afirmó a Efe.
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Por lo demás, el texto está «lleno de normas que desconfiguran el Estado social. Un ejemplo es la norma que establece el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales, algo que no existe ninguna otra Constitución del mundo», explicó Javier Couso, de la Universidad Diego Portales. La diputada Gael Yeomans, de la coalición de izquierdas Convergencia Social, criticó el martes que el texto «agudiza los problemas de la gente: «Por poner un ejemplo, nuevamente vemos cómo ratifica el derecho a propiedad de los recursos del agua, que tiene el 1% más rico [de los chilenos]. Se mantiene la concentración del aprovechamiento de aguas, y con eso se privilegia la propiedad, no el derecho al uso», alegó.
Otros puntos de la futurible constitución abordan cuestiones de sanidad, migración, vivienda y feminismo. «Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado», reglamenta el documento. Se aseguran también la expulsión inmediata de los migrantes que ingresen por pasos no habilitados y la exención tributaria de la primera vivienda, una medida que beneficia a las personas de mayores ingresos. El Consejo Constitucional también ha decidido eliminar la paridad de género en el Parlamento de cara a las próximas elecciones.
El documento reconoce «el derecho a la vida de quien está por nacer», otorgando así personalidad al embrión. La propuesta contempla también la objeción de conciencia institucional: de este modo, los trabajadores de farmacias y hospitales podrían abstenerse de dispensar píldoras del día después. Según las detractoras, estos cambios pondrían en riesgo la actual ley de aborto chilena, que ya es bastante restrictiva. Desde 2017, las mujeres en Chile pueden interrumpir su embarazo si este supone un peligro para sus vidas, el feto sufre una inviabilidad de carácter letal o el embarazo es provocado por una violación.
Esta nueva propuesta constitucional difiere radicalmente de la progresista propuesta el año pasado. Aquella reservaba 17 escaños para los representantes de los pueblos originarios de Chile, reconocía «la libre determinación, los derechos colectivos e individuales» de los mismos, defendía un Estado laico y protegía a niveles pioneros la igualdad de género y al colectivo LGTBI+. La nación se convertía en una ‘Democracia Paritaria’ donde las mujeres ocuparían al menos la mitad de puestos públicos, y se reconocía la disidencia de género en un marco estatal.
Igual que el Consejo Constitucional de 2022 no supo elaborar un documento que atrajera a la mayoría de la población por ambicionar un Estado demasiado progresista, la nueva constitución ―desmesuradamente conservadora― lleva escrita la crónica de una muerte anunciada. Si este nuevo texto finalmente se rechaza en diciembre, seguirá vigente la actual Constitución. Además, el Gobierno del presidente Gabriel Boric ya ha adelantado que no impulsará un tercer proceso.
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