El Fiscal de la Corte Penal Internacional ha puesto en el punto de mira a los abogados del Ejército israelí encargados de dar el visto bueno a las órdenes de ataque contra Gaza. No deben dar el visto bueno para atacar «objetivos civiles protegidos», a menos que puedan demostrar que estos han perdido esa condición, ha dicho Karim Khan. La carga de la prueba está en el Ejército hebreo, ha añadido. Su oficina tratará de investigarlo todo, y hará lo mismo con los crímenes de Hamás.
Khan ha sido muy específico sobre a quién van dirigidas sus advertencias: «Israel tiene un Ejército profesional y bien entrenado. Tienen, me consta, un departamento de Abogados Generales Militares, con abogados que aconsejan sobre las decisiones de ataque», ha dicho. Se trata del MAG Corps (por sus siglas en inglés), y es la unidad de las Fuerzas de Defensa Israelíes responsable de implementar la legislación vigente. Da a los comandantes consejo sobre la legalidad de las intervenciones militares.
«Quiero ser muy claro para que no haya malentendidos: cualquier vivienda, cualquier colegio, cualquier hospital, cualquier iglesia o cualquier mezquita deben ser lugares protegidos, a menos que la condición de lugar protegido se haya perdido. Y quiero dejar claro también que la carga de la prueba sobre la pérdida del estado de lugar protegido es de aquellos que disparan la pistola, el cohete o el misil en cuestión», ha advertido Khan, que ha hecho estas declaraciones en una comparecencia ante los medios en el paso de Rafá entre Gaza y Egipto en la noche de este domingo. Israel deberá ser capaz de «demostrar que cualquier ataque que golpea a civiles inocentes, u objetivos protegidos», se hace de acuerdo con «la ley y costumbres de la guerra y las leyes sobre los conflictos armados». Y que se están aplicando «de forma adecuada los principios de proporcionalidad y distinción».
Las declaraciones de Khan coinciden con un esfuerzo informativo de Tel Aviv para demostrar que, en el subsuelo del hospital más grande de Gaza, el Al Shifa (donde hay miles de enfermos y decenas de miles de civiles refugiados), se esconden centros de mando del grupo islamista Hamás. En los últimos días ha enviado mensajes con presuntas pruebas a los periodistas internacionales y se las ha comunicado a las cancillerías occidentales, según los portavoces israelíes.
Crímenes de Hamás
El Fiscal de la Corte ha advertido que lo mismo aplica para el grupo islamista Hamás, tanto en relación a los cohetes que lanza a Israel, dirigidos a civiles, o por la matanza que perpetró hace tres semanas. A este respecto, ha pedido a Israel que le deje entrar en el país para visitar las comunidades agrícolas (kibutzim) donde se perpetró la masacre, para recabar pruebas. Ha recordad que, aunque Israel no se haya adherido a la Corte, sí lo ha hecho Palestina, por lo que puede cargar también contra los crímenes perpetrados por las milicias palestinas.
“Niños, mujeres, hombres, ancianos no pueden ser sacados de sus casas y ser tomados como rehenes por ninguna razón cuando este tipo de actos tienen lugar. No pueden no tener una investigación y no pueden no tener castigo porque este tipo de crímenes que hemos estado viendo todos, lo que vimos el 7 de octubre, son serias violaciones del derecho internacional humanitario”, ha añadido.
«Ni siquiera si son escudos humanos»
Según apunta a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, Juan Antonio Perea, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, en realidad las palabras de Khan no suponen nada nuevo, ya que el derecho internacional humanitario obliga a no atacar los objetivos civiles, «ni siquiera cuando son usados ilícitamente como escudos, como podría ser ubicar elementos militares en un hospital o esconderse en una escuela».
A juicio de este experto, el fiscal de la Corte lo que hace es advertir el ataque intencionado a instalaciones civiles es un crimen de guerra, «y que combatir en ellas o contra ellas para neutralizar a combatientes enemigos requiere una planificación detallada que minimice los daños colaterales».
Sin esta planificación, se incurriría en un «incumplimiento manifiesto» del derecho internacional. Agrega que existe jurisprudencia sobre este asunto, incluso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con ocasión de operaciones registradas en la guerra de Chechenia o de las acciones turcas en el Kurdistán.
Investigación reavivada
Los ataques de Hamás y la represalia israelí contra Gaza han provocado ya al menos 10.000 muertos, en su mayoría, palestinos y al menos 3.000 de ellos niños, según fuentes judiciales. En este contexto, la Corte Penal Internacional ha reavivado el caso abierto para investigar cualquier crimen recogido en el Estatuto de Roma, como el genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, tanto los cometidos por palestinos en Israel y como los israelíes en Palestina.
En 2021 asumió que tiene jurisdicción sobre Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, a petición palestina. Esto incluye todos los posibles crímenes actuales y en guerras previas, pero solo desde 2014. También aplica a los ataques que se originen en ese territorio, incluso aunque el Estado hebreo no se haya adherido al Estatuto de Roma.
Las organizaciones palestinas que impulsan y documentan los casos de presuntos crímenes de guerra, como el Centro Palestino por los Derechos Humanos, han criticado que el caso no ha avanzado desde que Karim Khan sustituyó a Fatou Bensouda. La Fiscal abrió la investigación y en 2019 dijo estar «convencida» de que «se han cometido o se están cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este».
La Corte explica a este diario en una respuesta escrita que, desde que comenzó su mandato en 2021, «el Fiscal ha creado un grupo dedicado a hacer avanzar la investigación en relación a la situación en el Estado de Palestina». Subraya que se trata de «la primera vez que un equipo con todos los recursos se establece sobre esta situación».
La oficina del Fiscal «también ha requerido recursos adicionales a la Asamblea de Estados Parte» para este objetivo. Sin embargo, Khan se queja de falta de capacidades para avanzar. En contraste, decenas de países han comprometido dinero y recursos para el caso de la investigación contra Rusia por los crímenes cometidos por Ucrania.
España hace aportaciones directas a la Corte Penal Internacional, «que se han incrementado sustancialmente y se van a subir aún más», explican fuentes diplomáticas a este diario. Sin embargo, «no consta» que se haya acudido a la llamada de financiación o recursos especiales para el caso de Palestina.
