Se perfila como favorita, aunque el proceso se alarga más de la cuenta. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, disputa con uñas y dientes la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) con una rival muy fuerte, la vicepresidenta de la Comisión Europea Margrethe Vestager. Si lo consigue, Calviño ganará doble premio: el cargo y un más que deseable sueldo que multiplica por cuatro su retribución actual de 84.600,78 euros brutos anuales. A estos beneficios se suman otros que reciben todos los funcionarios de la Unión Europea, como las dietas, las pensiones o un sistema fiscal que solo afecta a los trabajadores de la ‘burbuja europea’. ¿Es tan ventajoso ‘fichar’ por una institución europea?
No existe trampa ni cartón a la hora de rastrear las asignaciones de quienes trabajan para las instituciones europeas. Todas las asignaciones son públicas y se fijan a principios de año, aunque algunas normas llevan escritas décadas. Es el caso del BEI. Una norma de 1958 establece que el sueldo mensual de su presidente será igual al de su homólogo en la Comisión Europea. La retribución de este cargo, actualmente ostentado por la alemana Ursula von der Leyen, se calcula en un 138% sobre importe base mensual de los altos cargos de la UE (escalón 3 del grado 16).
Si estos funcionarios cobran 23.031,28 euros brutos al mes, quiere decir que en 2023 Von der Leyen recibe un sueldo bruto mensual de 31.783,17 euros que se convierten en 381.398 euros brutos anuales. Esta cantidad es también la que recibe el presidente del Consejo, Charles Michel, y la que podría concederse a Nadia Calviño si consigue la presidencia del BEI.
Otros altos cargos se calculan de la misma manera. El sueldo de los vicepresidentes del BEI es igual que la retribución mensual de sus homólogos de la Comisión Europea. Desde 1967, los salarios de los vicepresidentes y de los comisarios son determinados por el Consejo, es decir, por los gobiernos de los Estados miembros. Según estas normas, los salarios de los vicepresidentes y de los comisarios se han calculado en un 125% y un 112,5%, respectivamente, del salario base de los funcionarios de alto nivel de la UE (grado 16/3). De esta manera, los vicepresidentes del BEI y de la Comisión Europea cobran 28.789,1 euros brutos mensuales (345.496,2 euros brutos anuales) y los comisarios 25.910,19 euros brutos mensuales (310.922,28 euros brutos anuales).
En relación al Parlamento Europeo, las asignaciones de los 705 eurodiputados están fijadas en el Estatuto único, se abonan con cargo al presupuesto de la institución y perciben un 38,5% del sueldo base de un juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Su sueldo bruto mensual antes de impuestos asciende a 9.975,42 euros (119.705,04 euros anuales), y tras pagar el impuesto de la UE y la cotización del seguro de accidentes, la cantidad se queda en 7.776,06 euros mensuales (93.312,72 euros anuales). Los sueldos de resto de personal de las instituciones europeas se rigen en base a un cuadro escalonado de sueldos base mensuales en base a su función y grado. En los puestos administrativos, los sueldos mensuales oscilan en 2023 entre los 3.327,39 y los 23.031,28 euros brutos mensuales, mientras que en los cargos de asistente varían entre los 2.917,16,61 y los 6.120,77 euros brutos mensuales-
Exención de impuestos nacionales y dietas
Además de los sueldos, los titulares de cargos públicos de la UE cuentan con una serie de beneficios. Uno de ellos afecta a la fiscalidad, recogido en el artículo 12 del Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades (PPI) anejo a los Tratados de la UE. Según este artículo, los funcionarios y otros agentes de la Unión están exentos de impuestos nacionales sobre los sueldos y emolumentos abonados. A cambio, están sujetos a un impuesto progresivo en beneficio de la Unión que se aplica sobre la renta imponible en base a 14 tipos que oscilan entre el 8% y el 45%. La tasa máxima (45%) se aplica a la mayor parte del salario de quienes ocupan los puestos más altos de la Comisión, como los comisarios. Es decir, los funcionarios de las instituciones europeas pagan menos impuestos que en sus países de origen: al final solo pagan la tasa de la UE, que es claramente inferior al de casi cualquier Estado miembro. A este respecto, el personal de la UE no se beneficia de las deducciones de la renta imponible aplicables en los sistemas fiscales nacionales, como serían las tasas sobre bienes inmuebles o sobre préstamos hipotecarios.
Asimismo, el personal de la UE paga una tasa de solidaridad del 7% y cotiza a la seguridad social: la pensión también está sujeta al impuesto de la Unión (10,2%) y los empleados deben destinar un 1,70% a un seguro de enfermedad y un 0,10% a la cobertura de accidentes. Todos los ingresos procedentes tanto del impuesto sobre la renta de la UE como de la exacción de solidaridad se destinan al presupuesto de la UE y se contabilizan como recursos propios.
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Sobre la pensión, los diputados tienen derecho a una prestación económica de jubilación cuando cumplen los 63 años de edad. Asciende a un 3,5% del importe de la asignación parlamentaria por cada año completo del ejercicio del mandato, siempre y cuando la cantidad resultante no sobrepase el 70% de la misma. En 1989 se creó un fondo de pensiones voluntario para los eurodiputados, pero desde julio de 2009 los nuevos miembros de la cámara no pueden afiliarse porque se está suprimiendo progresivamente.
Por último, los funcionarios de la UE gozan de emolumentos que repercuten en su día a día. Existen las llamadas “asignaciones de entretenimiento” para comidas y otras formas de representación que varían según la institución y el cargo del miembro. Por ejemplo, en 2022 los eurodiputados tenían derecho a una dieta diaria fija de 338 euros para cubrir los gastos de alojamiento, comidas y otros gastos relacionados y de 160 euros si las reuniones se celebraban fuera de la UE. Las dietas de gastos derivados de las actividades parlamentarias, como al alquiler y administración de oficinas, teléfono u organizaciones de conferencias ascendía a 4.778 euros mensuales y también tenían derecho al reintegro de dos terceras partes de sus gastos médicos. Respecto a los viajes, los eurodiputados podían reembolsar el coste real de sus billetes para asistir a las reuniones celebradas en Bruselas o en Estrasburgo hasta un máximo anual de 4.716 euros.
