Vox se encomienda a la estrategia en la calle para sofocar sus frentes abiertos

Este domingo Vox participa al mediodía en la protesta convocada por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), abierta para la sociedad civil, y que supone una segunda ronda de enfrentamiento contra el Gobierno en funciones tras la de Barcelona junto a Sociedad Civil Catalana (SCC) a principios de octubre. El partido que lidera Santiago Abascal lleva agitando el evento las últimas semanas, algo con lo que también buscan marcar agenda de oposición frente a un PP que, por sus nuevas condiciones de peso político después de las generales, tiene mejor posición de actuación. Los dirigentes de Vox meten presión a Génova, que ha descartado acudir a esa movilización al entender que se trata de un acto de partido, dado que DENAES fue creada y presidida por Abascal hasta los momentos previos de la creación de Vox, hace ya nueve años.

Vox, tras la tregua por el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo y el cierre de las negociaciones en Murcia, quiere recuperar el terreno perdido en las elecciones. Y al quedar inoperativo en sus terrenos dominantes, los recursos al Tribunal Constitucional, en lo judicial, o presentar mociones de censura, en lo político; la confianza principal es la de recuperar votos en la calle. Algo que se quiere hacer explotando los marcos de la inmigración ilegal en plena crisis migratoria de canarias, y el territorial, con un pacto de gobierno con acuerdo de ley de amnistía a punto. También con el PP acercando y «pidiendo normalizar relaciones con el separatismo», acusó el secretario general de Vox, Ignacio Garriga recientemente. Es más, usa términos como «rebelión» para enfrentarse a Moncloa, o «ponerse en pie», en el caso de José María Figaredo, secretario del grupo parlamentario, desde el Congreso de los Diputados el jueves, tras una jornada de alerta de los peligros de la amnistía y el derribo «de los pilares democráticos».

El acto de este domingo se ha convertido en el escudo político con el que cubrirse y blindarse ante los frentes que Vox tiene abiertos. Tanto los que lleva arrastrando en un medio plazo como los recién iniciados; desde lo puramente político a las divisiones internas y el continuo asedio de exparlamentarios como Macarena Olona. En la última semana ha habido varias ocasiones que prueban ese cambio de marco comunicativo que buscan imponer los principales miembros de Bambú. Es el caso del propio Garriga, en la última rueda de prensa posterior al encuentro de los miembros del Comité de Acción Política.

El primer frente que puede mencionarse, y el más reciente es de confrontación interna entre la dirección nacional y delegaciones autonómicas como la de Baleares. Preguntado por ello, el propio Garriga desviaba la atención del asunto e indicaba: «la única rebelión debe ser la del domingo en la calle». Las quejas provinciales han sido una dinámica frecuente en la organización. Sobre todo durante el periodo en el que Javier Ortega Smith dirigía la secretaría general y el control territorial. A su salida, muchos miembros del partido han denunciado el excesivo intervencionismo que se ejercía. Es el caso del exvicepresidente Juan Jara.

Pero ese la brecha de Baleares, aparentemente ya sosegada, la que ha hecho mostrar cierta debilidad a Bambú de cara a sus aparatos regionales. Una consecuencia del crecimiento experimentado, con el paso de uno a cinco coaliciones de gobierno con el PP y un apoyo externo precisamente en las islas, que dificulta a Madrid el poder de abarcar todas las decisiones como está acostumbrado. En su relación con la presidenta balear, Marga Prohens, el grupo parlamentario Vox aboga por marcar una línea dura para desatascar ya uno de los acuerdos pactados: garantizar la libertad de elección de lengua -entre castellano y catalán-. Por eso, recientemente presentó una iniciativa para fijar esa posibilidad hasta los doce años en la educación pública. Una propuesta presentada sin consultar al PP, con quien desde Madrid ya se había abordado el asunto estableciendo un umbral de hasta los ocho años.

La abstención del PP ante algo novedoso, sirvió de escusa para el grupo, que tumbó el techo de gasto de los nuevos presupuestos hace dos semanas. Una acción que contradijo la marcada por Madrid: voto favorable. Tras un encuentro con Garriga y la salida de uno de los más vinculados a Bambú, el grupo se ha hecho más fuerte y ha conseguido mayor independencia de decisiones. Garriga intentará reconducir personalmente con Prohens las relaciones.

El movimiento más reciente que se une, en el plano territorial, es la marcha de la única consejera de Vox en Extremadura, Camino Limia, apuntando a motivos personales y siendo sustituida en Gestión Forestal y Mundo Rural por su segundo: un familiar del coordinador parlamentario de Vox, el diputado Ignacio de Hoces. Desde la formación se argumenta que ni el propio De Hoces no tenía constancia de ello. «Se lo dijeron después, no le conocía», aseguran fuentes del partido. Dentro de los problemas internos, se une el escoramiento hacia corrientes muy derechistas, donde el ala más dura, cercana al falangismo y el ultracatolicismo tradicional, se ha impuesto bajo la figura y el mando de Jorge Buxadé, vicepresidente primero, líder de la delegación europea -desde la que Vox, ideológicamente, bebe directamente de sus socios- y encargado de la Acción Política. Algo que se ha materializado casi por completo con el arrinconamiento de corriente interna más liberal y la salida de Iván Espinosa de los Monteros, hasta agosto portavoz en el Congreso.

Es algo que se ha ido comprobando en el último año con la salida de Ortega Smith de la secretaría general para pasar a una vicepresidencia sin competencias conocidas con claridad; con la ‘purga’ de parlamentarios próximos a ese ala liberal como Víctor Sánchez del Real o Rubén Manso, quienes quedaron fuera de las nuevas listas de generales; y con la última remodelación de la cúpula [aquí más detalles], donde los ‘fieles’ al eurodiputado han escalado posiciones y ocupan los principales cargos de responsabilidad. Ahora Buxadé no protagoniza las intervenciones públicas de los lunes en Bambú -ha delegado en Garriga-, pero también ha asumido la supervisión del área jurídica del partido: es el nuevo coordinador, aunque Marta Castro, hasta ahora vicesecretaria judicial, seguirá desempeñando esas funciones.

Olona azuza y siembra dudas

El segundo frente que Vox tiene abierto es el de su exariete parlamentario y judicial, Olona. La que fuera candidata del partido en las últimas elecciones de Andalucía vuelve reiteradamente a buscar marcar la agenda mediática del partido sembrando dudas en torno a su actividad: lo hizo a su salida de la formación, en la previa a los comicios locales y autonómicos, así como en los nacionales, presentándose con su nuevo partido Caminando Juntos; y ahora tras la publicación de un nuevo libro biográfico en el que relata su «camino».

El principal foco que está intentando reanudar la alicantina es el de la supuesta financiación irregular de las entidades que rodean a Vox y a sus principales cargos, caso de la Fundación Disenso -su think tank– o la agencia Tizona Comunicación. De ella son propietarios el asesor de Abascal Kiko Méndez-Monasterio y Gabriel Ariza, hijo de Julio Ariza, presidente del Grupo Intereconomía; conglomerado que patrocina a Vox a través de canales como El Toro TV. Tras denunciar en septiembre del año pasado la «falta de transparencia» de Vox y apuntar en su entrevista con Jordi Évole un desvío opaco de hasta cuatro millones de euros de dinero público a la fundación, ahora Olona asciende esa cifra a once millones a la vez que incluye a Tizona. Así lo destaca en su manuscrito Soy Macarena: mi vida, mis ideas, mi camino (La Esfera de los Libros). Serían siete y cuatro millones respectivamente.

Ante ello, Olona reitera la necesidad de que el partido se explique y haga público el modelo 374, que es una declaración en la que autónomos y sociedades, anualmente, informan a la Agencia Tributaria de sus operaciones con terceros en el caso de importes superiores a 3.000 euros. Preguntados por las acciones a desarrollar frente a este desgaste, Vox no descarta en privado acciones judiciales para salvaguardar en honor y frente a lo que considera «mentiras y calumnias». Olona afirma a El Independiente que está preparada si deciden hacerlo, pero que lo descarta, porque entonces tendrían que dar muchas explicaciones en materia económica. Desde el partido tampoco muestran disposición a exponer documentación que desacredite a la abogada del Estado. Garriga pasó de largo ante esa posibilidad en la rueda de prensa del lunes pasado.

Coincide en un momento en el que el Tribunal de Cuentas ha puesto el foco en Vox por ingresos poco clarificados entre 2018 y 2019 que ascienden a 330.000 y que se atribuyen a venta de artículos promocionales. Sin embargo, al realizarse pagos periódicos en cajeros automáticos inferiores a 300 euros, se duda de si han podido ser donaciones; prohibidas por la Ley de Partidos de 2007. El partido no tiene mecanismos para definir esos ingresos de un periodo, dicen, en el que estaban en rodaje.

A las dudas económicas, además, Olona añade el retrato de una cúpula política más ligado a lo empresarial que lo a ideológico, que vinculaba sus pactos políticos, como el de Andalucía en 2018, con el beneficio de actores como los Ariza -una acusación que atribuye a Elías Bendodo, coordinador general del PP-. Carga contra Abascal, a quien ha tachado de «vago», de estar sometido a «poderes» superiores a él -como El Yunque- y de ceder a Buxadé el control del partido. También le acusa de acceder a la presidencia boicoteando la campaña de las europeas de Alejo Vidal-Quadras. Y de mentir: de prometer a Olona la entrada en el Comité de Acción Política y su regreso a Madrid en las siguientes generales tras su etapa en Andalucía, para después echarlo todo por tierra y acusarla del batacazo electoral andaluz.

La salida de Olona, con todo, contrasta notablemente con la del resto de compañeros que han ido abandonando las filas recientemente. El propio Espinosa de los Monteros, mantiene una posición de respeto con las siglas y de silencio; con la intención de no hacerse notar. Un exportavoz ahora dedicado a la actividad privada y del que no es descartable que a largo plazo sea sondeado por el PP como método de -mayor- desgaste a Vox.

El desgaste en las urnas

El tercer frente abierto en Vox es el desgaste electoral y las consecuencias que eso ha traído. De ahí el intento de retomar adhesiones en la calle denunciando las acciones del Gobierno e intentando ir un paso por delante del PP en el discurso pese a que se hayan perdido la autonomía judicial y política en lo que al TC o a mociones en las Cortes se refiere. El paso de 50 a 33 escaños ha dejado tocado a los de Abascal, que pese al discurso de oposición del PP más templado, no consiguen remontar. Desde el inicio del curso político, las diferentes encuestas no elevan a Vox a niveles previos. Y como mucho, DYM y 40dB le otorgan máximos de 34, un diputado más que ahora. La media desde finales de septiembre sitúa a Abascal con 30 escaños y al 10,5-12,4% de voto.

Ante ese panorama, y para resarcirse de pérdidas como la autonomía ante el TC, recientemente Vox ha anunciado que presentará recursos de inconstitucionalidad desde aquellas comunidades en las que tiene cogobiernos con el PP. Algo que aparentemente no está acordado con su socio mayoritario por lo que ha podido conocer este periódico y que, desde el punto de vista jurídico, carece de lógica si bien el PP ya anunció que piensa recurrir a nivel nacional la amnistía en caso de consumarse. Un movimiento que busca protagonismo, en definitiva. Igualmente, fuentes de Vox denuncian la poca efectividad de los populares en el uso de sus capacidades, como la mayoría del Senado, para hacer oposición. A partir de noviembre Génova dará más protagonismo a la cámara alta.