Todavía no hace ni cinco años. El consumo de carne con Listeria produjo 10 tragedias familiares en Andalucía. Un hombre de 72 años, una mujer de 74 y otra de 90 murieron. También un bebé, seis días después de nacer. Y seis madres sufrieron abortos como consecuencia de la listeriosis.
Todavía no hace ni cinco años del escándalo de La Mechá, una marca propiedad de unos empresarios sin escrúpulos cuyas irregularidades tuvieron unas gravísimas consecuencias, especialmente en la comunidad autónoma andaluza. Consecuencias que se vieron agravadas por la negligencia en las inspecciones del Ayuntamiento de Sevilla, entonces gobernado por el hoy líder de la oposición socialista en Andalucía, Juan Espadas, y por una sucesión de irresponsabilidades en materia de comunicación por parte de la Junta.
No hace ni cinco años de esa tragedia y acabamos de enterarnos de que el gobierno del popular Moreno Bonilla ha silenciado no en una sino en dos ocasiones la detección de Listeria en otra empresa alimentaria: la granadina Cárnicas Sierra Nevada.
Por increíble que parezca, la última alerta alimentaria por Listeria en productos cárnicos viene acompañada de nuevas negligencias por parte de la Junta de Andalucía. Parece que no aprendieron la lección del caso La Mechá, parece que carecen de la sensibilidad y la talla política necesaria para entender las gravísimas, las letales consecuencias en los consumidores que puede tener el incumplimiento de la legislación en materia de seguridad alimentaria por parte de empresarios a los que parecen importarle bien poco las vidas de los demás.
Resulta que la Junta de Andalucía ocultó que en 2021 ya había detectado la presencia de Listeria y ordenado el cese temporal de las instalaciones de Industrias Cárnicas Sierra Nevada, la empresa sobre la que ahora pesa una alerta sanitaria relacionada con algunos de sus productos comercializados al haberse detectado en ellos la bacteria.
Para colmo, esta misma situación se ha repetido este verano, cuando la Consejería de Salud y Consumo andaluza decidió no dar a conocer que ordenó en julio un nuevo cese de actividad a la empresa que tras nuevas inspecciones seguía saltándose los protocolos para evitar la contaminación con Listeria. Cese de actividad que fue acompañado de la inmovilización de varios productos sospechosos. Productos sobre los que el organismo de la Junta no hizo pública alerta alguna, como si a sus responsables no les importase el riesgo de que efectivamente estuviesen contaminados y los consumidores que los tuviesen en sus casas acabasen sufriendo las consecuencias.
Ahora, desde la Junta de Andalucía intentan tranquilizar destacando que no han tenido conocimiento de ningún intoxicado. Como si los protocolos que tiene el Servicio Andaluz de Salud garantizasen que cuando una persona acude a un centro sanitario con síntomas compatibles con la listeriosis se investiga siempre si efectivamente la tiene y se le pregunta la marca de todos los productos que ha consumido.
Numerosas víctimas del caso La Mechá no han podido personarse en la causa judicial abierta para pedir indemnizaciones porque no constan como víctimas en los registros de la Consejería de Salud. No constan porque cuando acudieron a su médico de familia o a los servicios de urgencias no se siguieron los debidos protocolos.
La consejera de Salud y Consumo de la Junta, la también coordinadora de Salud del Partido Popular andaluz Catalina García, debería dar explicaciones sobre esa extraña política de comunicación por la que decidió, dos veces, proteger los intereses de una empresa que estaba saltándose la legislación y ponerlos por encima de la salud pública.
