Un error judicial ha dado al traste con hasta seis causas de corrupción de excargos del PSOE andaluz durante los años de gobierno de los expresidentes Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.
Además, podrían archivarse o anularse más casos a medida que el juez de Instrucción número 6 de Sevilla, el encargado de las piezas del caso ERE, y otros instructores vayan avanzando en los procedimientos.
Lo acontecido se debe al mismo fallo repetido en todas las ocasiones: la petición fuera de plazo de la prórroga de la instrucción, una circunstancia que hace que toda la investigación policial y judicial posterior a la fecha estipulada quede inservible o no pueda practicarse ninguna diligencia más. Y no es precisamente por la ausencia de indicios.
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Tras dictar doctrina el Tribunal Supremo, el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es claro al respecto: establece un sistema de plazos para evitar que las investigaciones judiciales se eternicen, pero hay que solicitarlo en tiempo y forma.
Este mismo fallo en los tiempos se repite en hasta seis causas. De ellas, tres son piezas separadas del caso ERE, como son las ayudas de 16 millones de euros a Heineken España; de 26 millones a 52 empresas de la Industria Auxiliar del Sector Naval de la Bahía de Cádiz y de 200.000 euros a una empresa de movimientos de tierras.
Otra de estas causas anuladas es la de la fotovoltaica malagueña Isofotón, que echó el cierre tras recibir más de 80 millones de euros de dinero público. Este caso se estaba investigando en el juzgado desde el año 2015 y contaba con 40 investigados, 37 de ellos son ex altos cargos y exdirectivos de la Junta de Andalucía. Incluido el sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, Juan María González Mejías.
También salpicaba, aunque no habían sido llamados a declarar ni como testigos ni como investigados, a tres ministros del Gobierno de Pedro Sánchez: María Jesús Montero y Luis Planas, ambos por su etapa como consejeros de la Junta de Andalucía; y a Teresa Ribera, por trabajar para la compañía, tal y como publicó este periódico.
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Las dos últimas anulaciones, y las más recientes, son la macrocausa del caso Avales y en la de corrupción que fueron investigados el marido y el cuñado de la ex directora general de la Guardia Civil María Gámez, Juan Carlos y Bienvenido Martínez.
El juez les atribuyó a ambos los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales por el presunto desvío de dinero público desde la agencia IDEA hacia un entramado de empresas de su propiedad.
En la primera causa, siete años de investigación sobre el sistema «con escasas garantías y dudosa viabilidad» montado por la Junta para la concesión fondos públicos a empresas afines -algunas de ellas beneficiarias la trama de los ERE-, podrían quedar en nada.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha estimado parcialmente los recursos de apelación de las defensas de varios investigados. Estos alegaron que se había prorrogado de manera extemporánea el plazo de instrucción de una de las piezas separadas. En concreto, la centrada en los avales concedidos a la empresa Cofrutex.
La misma circunstancia se da en la segunda, una de las piezas de la causa de Santana Motor, que provocó la renuncia de Gámez como directora de la Guardia Civil el pasado mes de marzo.
La jueza María Nuñez Bolaños en una imagen de archivo.
Efe
A excepción de Isofotón y de la causa del marido de Gámez, la mayoría de los retrasos se produjeron en el mismo periodo, el año 2017, cuando la entonces magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla María Núñez Bolaños ya había tomado el relevo a la juez Mercedes Alaya, primera instructora de los ERE. Incluso, este último caso Avales llegó a archivarlo hasta que la Audiencia volvió a reabrirlo un año después.
En aquellas fechas, la Fiscalía Anticorrupción, según publica ABC, concretamente el 16 de mayo de 2017, dirigió un escrito a la juez Núñez Bolaños pidiéndole la prórroga de esta instrucción, pero ella lo hizo un mes y medio después y ya fue tarde porque el plazo ya estaba caducado.
La denuncia contra la juez
Esta situación provocó que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, con el aval de los seis fiscales anticorrupción de Sevilla, presentara en 2019 una demoledora denuncia contra la magistrada ante el Consejo General del Poder Judicial.
En la misma, se pedía que se le investigara por una posible falta -grave o muy grave- de desatención y retraso injustificado en la tramitación de los procesos. «Su voluntad es paralizar y vaciar el caso«, llegó a exponer.
[Demoledora denuncia contra la jueza de los ERE: «Su voluntad es paralizar» y «vaciar» el caso]
Fue entonces cuando se produjo un cruce de denuncias también por parte de Núñez Bolaños y todas quedaron archivadas, tras considerar la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que el juzgado había vivido «una etapa excepcional» tras encargarse de las macrocausas.
También justificó su archivo en que la instrucción de todas las piezas se había desarrollado con «buen ritmo y que tramitó los recursos en tiempos razonables». No obstante, esta cuestión ha quedado ahora en entredicho.
Tras estar de baja durante varios meses en dos periodos, fue en septiembre de 2020 cuando Núñez Bolaños dio un paso al lado tras. En concreto, renunció a continuar investigando estas causas de corrupción que salpicaban a varios ex altos cargos socialistas en la comunidad.
Desde entonces, asume las tareas ordinarias de dicha instancia judicial y es el juez José Ignacio Villaplana quien continúa con la investigación de las macrocausas incoadas por este juzgado.
Precisamente es Villaplana el que ha tenido que archivar las tres piezas del caso ERE por este incumplimiento de fechas a la hora de solicitar la ampliación de la instrucción.
No obstante, es este mismo juez el que ahora ha sido reprendido por la Audiencia por este error de forma al considerar que la instrucción estaba caducada cuando dictó, el pasado mes de febrero, la imputación del marido y el cuñado de la exdirectora de la Guardia Civil.
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