En la marejada de resultados empresariales de esta semana, las empresas aprovechan el escenario de las presentaciones corporativas para pronunciarse sobre fiscalidad. Ante la perspectiva de la repetición de un gobierno conformado por PSOE-Sumar junto a fuerzas minoritarias, las compañías se han puesto en guardia ante el anuncio de un acuerdo entre estos dos partidos para prorrogar los impuestos a banca y energía y subir el impuesto de sociedades para recudar hasta 10.000 millones de euros más. Repsol, que ha registrado unos beneficios de 2.785 millones de euros hasta septiembre (un 14% más que el año anterior), ha reaccionado este jueves con contundencia al pacto de PSOE y Sumar, y amenaza con deslocalizar grandes proyectos de España si continúan vigentes los ‘impuestazos’ a grandes eléctricas y bancos, que afecta a gran parte de los ingresos que obtiene la empresa en España. Por otro lado, el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha cargado contra el plan presentado esta semana por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para gobernar. «El problema grave es aplicar fórmulas populistas que solo van en contra de las empresas», ha señalado en unas declaraciones ante los medios de comunicación en el marco del XXII Cogreso de Directivos CEDE que se celebra estos días en Granada (Andalucía).
Garamendi ha criticado una de las medidas estrella que presentaron el PSOE y Sumar este martes, la reducción de la jornada laboral en 2024 hasta las 37,5 horas. «Muchos convenios entre empresas y trabajadores ya incluyen jornadas de 37,5 horas y obligar a esto por ley es intervencionismo, populismo. Afectará especialmente a sectores como el campo, el comercio, o la hostelería«, ha señalado el presidente de la CEOE. No ha sido el único empresario que ha critica al Ejecutivo durante la cumbre de CEDE este jueves. Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria LaCaixa y del holding de participaciones empresariales de CriteriaCaixa, ha señalado que el actual escenario político sacude al clima de los negocios en España. «El entorno en el que se mueven hoy en día las empresas se caracteriza por dos elementos bien incómodos: la complejidad y la incertidumbre, que lo más probable es que vayan a más en el futuro».
Por su parte, Repsol señalaba este jueves que la posibilidad de mantener ese gravamen a las energéticas «castiga» a las empresas que «invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética en España» mientras «favorece» a los «importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante en España». El impuesto a las energéticas, ideado en plena crisis de precios junto al de los bancos, grava el 1,2% de los ingresos de estas compañías durante los años 2022 y 2023 (para su liquidación en 2023 y 2024) con un impacto en sus cuentas durante el primer año de 444 millones de euros.
El sector bancario critica que se graven sus ingresos
También desde el sector bancario han aflorado estos días críticas al impuesto especial para su sector. El consejero delegado del Banco Santander, Héctor Grisi, señaló este miércoles que el impuesto extraordinario que grava los ingresos financieros y las comisiones netas de la banca puede «afectar de manera importante» en un ciclo bajo económico. En la presentación de resultados de los nueve primeros meses del año, Grisi señaló que podría mantenerse en el tiempo según se contempla en el acuerdo de investidura anunciado ayer entre el PSOE y Sumar, puesto que es «discriminatorio porque estigmatiza al sector» y porque se impone sobre los ingresos, y no sobre los beneficios. El banco ha ganado entre enero y septiembre un 11,3% más, hasta los 8.143 millones, el mayor resultado en los primeros tres trimestres de un año de su historia. La entidad se encamina a cerrar el año con un resultado anual entre los 10.900 y los 11.000 millones de euros al cierre del ejercicio, frente a los 9.605 millones de 2022. De producirse, este sería el mejor resultado anual de beneficios desde su fundación en 1857.
Grisi señaló que en un ciclo económico malo, gravar sobre los ingresos cuando estos caen, perjudica a la concesión de créditos. «Entendemos que los gobiernos necesitan recaudar, pero todas las empresas tienen que pagar lo mismo», ha defendido Grisi, quien ha aclarado que la postura del banco no es que se suba los impuestos al resto de bancos.
La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, también señaló la semana pasado durante la presentación de resultados de la entidad su deseo de que el impuesto extraordinario a la banca caduque pasados los dos años previstos, independientemente de qué partidos acaben formando Gobierno.
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«Espero que el fin del impuesto temporal se mantenga venga el Gobierno que venga. Cambiar las reglas del juego sería una noticia muy negativa y generaría inseguridad jurídica«, señaló la primera ejecutiva del banco durante una rueda de prensa en la que ha informado de los resultados trimestrales del banco.
La directiva ha recordado su opinión de que el impuesto es «injusto», al igual que ha hecho en todas sus intervenciones públicas hasta ahora cuando ha sido preguntada por ello. Bankinter ha abonado este año 77,5 millones de euros en concepto del nuevo impuesto extraordinario a la banca. Dancausa explicó que, dado que el gravamen se centra en el margen de intereses, el pago que tendrá que afrontar el año que viene con cargo a los resultados de este año será mayor.
