Repsol advierte que prorrogar el impuesto a las energéticas podría hacer peligrar sus inversiones en España. «La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales de Repsol en España», responde la compañía tras el anuncio del PSOE y Sumar de mantener el gravamen una vez que expire su periodo de aplicación al final de este año, según se recoge en el comunicado de presentación de resultados hasta septiembre.

La petrolera afirma que la posibilidad de mantener ese gravamen a las energéticas «castiga» a las empresas que «invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país» y «favorece» a los «importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante en España». El impuesto a las energéticas, ideado en plena crisis de precios junto al de los bancos, grava el 1,2% de los ingresos de estas compañías durante los años 2022 y 2023 (para su liquidación en 2023 y 2024) con un impacto en sus cuentas durante el primer año de 444 millones de euros.

La petrolera recuerda que ha invertido hasta septiembre 4.362 millones de euros, el 82% más que el año anterior, con el foco puesto en dos geografías: España, con el 41%, y Estados Unidos, con el 37%. Y aspira a cerrar el año con una inversión orgánica total de 5.200 millones de euros. Es, precisamente, esa última geografía, Estados Unidos, la protagonista principal de los halagos habituales del consejero delegado de la compañía española, Josu Jon Imaz, que suele sacar a relucir en prácticamente todas sus intervenciones recientes. «Estabilidad, simplicidad e incentivos a la inversión«, son las tres bondades de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) americana, que suele repetir casi como un mantra Imaz. Justo lo contrario de lo que destaca de Europa, que es su «compleja regulación».

Segundo mejor resultado

Con todo, Repsol vive un momento dulce. Después de batir todos los récords el año pasado, por los altos precios del petróleo, la petrolera registra unos beneficios de 2.785 millones de euros hasta septiembre, un 14% menos que en el mismo periodo de 2022, pero la segunda mejor cifra de su historia en los primeros nueve meses de un año. El resultado ajustado, que mide específicamente el funcionamiento de los negocios, alcanzó 3.816 millones de euros, frente a los 4.654 millones de euros del año anterior.

Además, la compañía ha anunciado una retribución de 0,4 euros brutos por acción en enero para sus cerca de 520.000 accionistas –entre ellos, BlackRock con el 5,5% del capital, NorgesBank con el 5% y Millenium con el 1,1%–, un 14% más que lo pagado en enero del año anterior. En el mes de julio, Repsol ya abonó un dividendo complementario de 0,35 euros brutos por acción −con cargo a los beneficios del ejercicio 2022− que se añadió a la retribución pagada en enero, con lo que el dividendo en efectivo aumentó un 11% respecto al ejercicio anterior, hasta los 0,70 euros brutos por acción. La suma de dividendos y reducciones de capital supone la distribución de cerca de 2.400 millones de euros en el conjunto de 2023.

La empresa que dirige Josu Jon Imaz, que inauguró su primer proyecto de hidrógeno hace unas semanas en la refinería de Petronor en Vizcaya, está inmersa en los trabajos para la puesta en marcha en Cartagena de la primera planta que se dedicará a la fabricación de combustibles renovables (que tienen un origen no fósil a partir de materias primas orgánicas, como el aceite) con una capacidad de 250.000 toneladas al año. A ella se sumará una segunda instalación en Puertollano, que prevé entrar en funcionamiento en 2025 para producir 240.000 toneladas. En total, Repsol aspira a fabricar 1,3 millones de toneladas de combustibles renovables en 2025 y más de 2 millones en 2030.