ERC presiona al PSOE y señala trabas de Hacienda en la negociación de la investidura

«Si el Gobierno quiere llegar a un acuerdo tendrá que esforzarse, es imposible llegar a un acuerdo si el Gobierno no hace nada por conseguirlo». La advertencia es de Oriol Junqueras, presidente de ERC, que este jueves mostró su hartazgo por lo que los republicanos consideran desidia del PSOE ante sus exigencias, mientras se avanza con Junts. Junqueras hizo esa advertencia desde Belfast (Irlanda del Norte) poco antes de que su mano derecha en el partido, Josep Maria Jové, se reuniera en Barcelona con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, al que habría trasladado el mismo mensaje.

ERC ha multiplicado en las últimas horas las advertencias al PSOE sobre el ritmo de la negociación para la investidura. «Hemos tenido que hacer sonar las señales de alarma» apuntan desde el partido. El primero fue el president Pere Aragonès, quien este miércoles aprovechaba la sesión de control en el Parlament para advertir que las negociaciones no avanzan, en un Pleno en el que tanto Junts como el PSC pasaron de puntillas sobre el tema de la investidura.

Después fue el turno de las consejeras Laura Vilagrà, de Presidencia, y Natalia Mas, Economía, que convocaban a la prensa en los pasillos del Parlament para denunciar que la «carpeta» de traspasos no avanza. Tanto Aragonès como las consejeras señalaron la falta de avances en el traspaso de las Rodalies de Renfe y la reducción del «déficit fiscal».

Dos puntos capitales para los republicanos, que dan ya por descontado que el rédito político de la amnistía se lo ha atribuido Carles Puigdemont. Esquerra no deja de recordar que ellos fueron los primeros en plantear la amnistía, pero sabe que necesita otras cartas, y ha optado por la «carpeta del bienestar de los ciudadanos». Traducido: los trenes de cercanías y más financiación para los servicios públicos. Una carpeta a la que ERC confía en sacar el máximo rédito desde el gobierno en solitario de la Generalitat.

Todo embarranca en Hacienda

En este contexto, los republicanos señalan la aparente falta de voluntad negociadora del ministerio de Hacienda, que lidera María Jesús Montero, una de las integrantes del equipo negociador socialista. «Todo embarranca cuando llega a Hacienda» se lamentan. En el caso de Rodalies, el conflicto está en el traspaso de la infraestructura que reclama ERC, y que el PSOE quiere limitar a las líneas que nacen y mueren en Cataluña. También en la financiación que debe acompañar el traspaso reclamado por Esquerra para cubrir el déficit en inversiones de los últimos años, y afrontar todas las obras de desdoblamiento de unas líneas saturadas.

En cuanto a la financiación autonómica, Esquerra exige una negociación bilateral para afrontar los 22.000 millones de déficit que la consellera Mas denuncia día sí día también. Y se niega a liderar de nuevo la reforma del sistema para todas las autonomías de régimen común, como hizo el tripartito de Pasqual Maragall. Especialmente en un contexto en el que el poder autonómico está de forma tan mayoritaria en manos del PP.

«Tenemos la sensación de que Hacienda pone más obstáculos que ayuda a la negociación y esto no ayuda a crear un clima de negociación», se lamentan. Una situación que no se limita a la negociación de la investidura, sino que habían constatado ya con otros acuerdos, supuestamente cerrados. Como la financiación de los Mossos d’Esquadra o el Ingreso Mínimo Vital, que forman parte de los acuerdos presupuestarios de 2022.

La definición del 1-O

Más allá de la carpeta «autonómica» la ley de amnistía sigue generando roces por la argumentación jurídica de la medida. Jové advertía este miércoles en el Parlament que «se debe reparar el dolor causado, se debe reconocer que no actuamos de manera delictiva y que cualquier proceso de negociación hace falta que se haga en igualdad de condiciones».

Este es, precisamente, uno de los puntos de fricción de la negociación entre ERC y PSOE. Si bien la parte técnica de la ley de amnistía parece avanzada, el preámbulo y la definición que en él se haga del 1-O centra ahora el debate. Los republicanos defienden lo que siempre han sostenido, «el 1-O no es delito» porque la convocatoria de un referéndum fue excluida explícitamente del Código Penal.

Por tanto, concluyen, sería inaceptable para el conjunto del independentismo que la ley de amnistía sirviera ahora para convertir en delito este comportamiento. «No podremos aceptar un texto que parta de la base delictiva de la convocatoria de un referéndum» advierten.