El pacto para revalidar el Ejecutivo progresista entre el PSOE y Sumar se ha hecho realidad, y con él, una de las medidas que más han dado que hablar ha sido la reducción de la jornada laboral. Inicialmente, el objetivo de la formación de Yolanda Díaz consistía en reducir el tiempo de trabajo máximo hasta las 35 horas y que dicha propuesta desembocase en la jornada laboral de cuatro días, pero la norma se aplicará progresivamente: en 2024, se pasará de las 40 horas a las 38,5, y en 2025, a las 37,5. Desde la oposición y desde la derecha mediática se ha clamado a la catástrofe económica tras el anuncio de la reducción de jornada, pero lo cierto es que ciertos territorios de España ya han experimentado con medidas similares, con resultados positivos. Es el caso del País Vasco, territorio que tiene los convenios colectivos con la jornada más corta de España, con 37,5 horas, y cuyos funcionarios llevan desde hace dos décadas cumpliendo una jornada de 35 horas.
La reducida jornada laboral vasca ya permitió, en marzo de este mismo año, conversaciones sobre una posible semana laboral de cuatro días (llevando la reducción hasta las 32 horas), una medida que ya se aplica en algunas empresas españolas y que se ha hecho también norma en el Reino Unido. Confebask, la patronal vasca, emitió un comunicado horas después del anuncio de esta propuesta, en el que mostraban su rechazo a la propuesta para testar la semana laboral de cuatro días y anunciaban su voto en contra. Los sindicatos, por su parte, expresaron su satisfacción ante la idea, y confirmaron que trabajarían en el diálogo social para «conseguir materializarla». Dicha propuesta sigue en proceso de negociación a pesar de la negativa en la que se enroca la patronal, y abrió la veda para el futuro en un territorio donde ya se llevan a cabo jornadas laborales inferiores a las 40 horas, planteando la posibilidad de extrapolar estos avances al resto de España.
El impacto a corto plazo de la reducción de jornada
Sin embargo, cabe destacar que lo que desde las formaciones políticas responsables se ha anunciado como un enorme triunfo y desde la oposición se ha criticado fervientemente, no supone realmente un cambio tan transgresor en el corto plazo. «Es la legislatura del tiempo de la vida», aseguraba Yolanda Díaz. «Es la hora de conseguir en España una segunda ola de derechos de trabajadores», prometía Sánchez. Desde la derecha y desde la patronal, catastrofismo y superficialidad: los empresarios afeaban la medida por el «impacto negativo que tendrá para la actividad de las empresas”, mientras que el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, señala que existe una «obsesión porque trabajemos cada vez menos».
Lo cierto es que el suflé ha bajado rápidamente. Desde Sumar se ha guardado silencio y no ha existido intención de explicar más detalladamente una medida que tiene mucha fuerza en su nombre y en sus implicaciones, pero que en la práctica no será el cambio revolucionario que unos celebran y otros lamentan. Ni los trabajadores van a disfrutar de una enorme reducción de jornada que les permita un mayor grado de conciliación, al menos al corto plazo, ni el apocalipsis que pronostican empresarios y liberales se hará realidad, como no lo ha hecho en los cientos de ocasiones previas en las que se han conseguido derechos laborales.
En números, la reducción de la jornada laboral legal de 40 horas semanales a 38,5 supone una disminución de 18 minutos diarios en una jornada de ocho horas y cinco días. Con el siguiente paso, el de 37,5 horas en 2025, estaríamos hablando de media hora menos diaria en cuanto al máximo legal. Sin embargo, cabe también destacar que la jornada laboral efectiva, es decir, la que comporta el tiempo en el que el trabajador está en su puesto, se situó en 2022 en las 37,8 horas semanales, de acuerdo con los datos de Eurostat, y que la jornada media pactada por convenio se sitúa en la horquilla entre las 37,5 y las 38,5 horas a la semana. Así, para aplicar una reducción de la jornada laboral que realmente suponga un cambio en las horas trabajadas, es preciso tener en cuenta estas cifras y legislar y pactar convenios en consecuencia.
De esta forma, la reducción de la jornada laboral no es ni la panacea, ni el apocalipsis. Euskadi ya fue precursor en España en un pacto laboral inferior a las 40 horas, y la economía vasca no ha colapsado por ello. A su vez, 18 minutos diarios de reducción de jornada no son un cambio tan sustancial como para venderlo como una nueva dimensión en derechos laborales.
