La Unión Europea (UE) debate estos días una de las leyes más polémicas y trascendentales de los últimos años. La Comisión Europea está tratando de impulsar el conocido como Reglamento sobre abuso sexual infantil (CSAR, según sus siglas en inglés), una iniciativa que obligaría a las grandes plataformas de internet —de TikTok a Telegram, pasando por webs de videojuegos y servicios en la nube— a escanear los mensajes privados de los ciudadanos para tratar de encontrar contenidos delictivos en los que se expone a menores.
La propuesta ha puesto en pie de guerra a cientos de expertos y organizaciones de la sociedad civil, que han denunciado que su aprobación supondría una sentencia de muerte para la privacidad. «Cambiaría fundamentalmente internet y la comunicación digital tal y como la conocemos», advirtió ya en 2020 el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), Wojciech Wiewiórowski. «Es como si pusiésemos (el programa espía) Pegasus en todos los dispositivos, un sistema de vigilancia masiva y automatizada», ha apuntado este miércoles Simona Levi, fundadora de la red de activistas tecnológicos Xnet.
Sin embargo, no es solo el contenido de la ley lo que está despertando la indignación de tanto europarlamentarios como otros ciudadanos, sino también los controvertidos métodos con los que Bruselas trata de sacarla adelante. Y en el punto de mira está la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, que este miércoles se ha visto obligada a comparecer ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo para responder a un doble escándalo.
Doble escándalo
A finales de septiembre, una investigación periodística de ‘Balkan Insight’ destapó los cuestionables vínculos de la principal impulsora de la nueva legislación —popularmente conocida como Chat Control— con Thorn, una empresa estadounidense inscrita como organización benéfica en la lista de grupos de presión de la UE, pero que se lucra vendiendo herramientas de inteligencia artificial (IA) para rastrear la red en busca de imágenes de abusos sexuales a menores. Así, podría existir un conflicto de intereses.
No es el único problema que afronta Johnansson. Según destapó el diario neerlandés ‘de Volkskrant’, la Comisión Europea también habría activado en las redes sociales una campaña para promover su propuesta, dirigiéndola a usuarios de países que, como Alemania o Austria, la rechazan. Esa práctica de microsegmentación por motivos políticos violaría las propias leyes europeas de protección de datos.
Posible demanda
Este miércoles, Johansson se ha enfrentado a multitud de preguntas críticas de todos los grupos parlamentarios. Algunos han exigido a la comisaria que haga pública su correspondencia con la empresa Thron —que podría beneficiarse de la ley si termina siendo aprobada— e incluso han apuntado a posibles demandas. «Estamos haciendo que el Servicio Jurídico estudie acciones legales contra la Comisión de la UE por influencia y presión desleales en el proceso legislativo mediante publicidad engañosa selectiva en países críticos», ha explicado Patrick Breyer, ponente en la sombra de la medida y miembro del Partido Pirata alemán, que también ha presentado una queja al Defensor del Pueblo Europeo.
El pasado 16 de octubre, el Supervisor Europeo de Protección de Datos explicó al portal Euractiv que se había puesto en contacto con la Comisión Europea para solicitar información sobre el caso. Este organismo independiente podría abrir una investigación formal contra el brazo ejecutivo de la UE.
