Llevaba cuatro años en un cajón. Una legislatura casi olvidada ante la complejidad para que suscitara un acuerdo suficiente. Ahora, en pleno proceso de negociación para investir a Pedro Sánchez, el PNV ha decidido ‘desempolvar’ su proyecto de nuevo estatus vasco. Quiere desbrozar el camino para una tramitación y aceptación más sencilla la próxima legislatura. Es su apuesta para relevar al Estatuto de Gernika de 1979, cuya aprobación cumple hoy 44 años. En este mes de contactos, de idas y venidas para poner precio a los cinco votos de apoyo del PNV, la formación de Ortuzar no sólo ha reclamado garantías para el desarrollo íntegro del Estatuto vasco en vigor -queda pendiente de transferir más de una veintena de materias- sino también el que estaría llamado a superarlo con reconocimiento de la nación vasca y los derechos que de ello le corresponderían, como el derecho a decidir, como principal novedad.
En las últimas horas diversos dirigentes del partido han orientado el discurso de la formación hacia la necesidad de que España reconozca, defina y concrete el reconocimiento de Euskadi como nación, más allá del mero enunciado que recoge la Constitución. Sabin Etxea ya dejó por escrito cómo debe ser ese reconocimiento y esa relación con el Estado que propone para dar el nuevo ‘encaje’ territorial que reclama para el País Vasco.
Su propuesta para el llamado ‘nuevo estatus’, que presentó en noviembre de 2019 y que ahora resucita, se desarrolla a lo largo de un texto articulado que incluye el reconocimiento del derecho a decidir, abre la puerta a la incorporación de Navarra al País Vasco para constituir ‘un nuevo sujeto político’ y establece una relación confederal, ‘de igual a igual’ con España. Incluso establece el procedimiento por el cual el País Vasco tendría que aprobar este nuevo marco de relación con el Estado: a través de una consulta habilitante no vinculante una vez respaldado por mayoría del Parlamento vasco el articulado del nuevo estatus. Sólo después de esa consulta a la sociedad vasca se remitiría para su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados.
Durante la campaña electoral previa al 23-J ni el PNV ni EH Bildu situaron el centro de sus reivindicaciones en esta cuestión. Incluso la izquierda abertzale ha evitado subrayar esta materia en sus comparecencias públicas en las que ya ha avanzado su sí a la investidura de Sánchez. En cambio, en los últimos días el PNV ha revitalizado su perfil más identitario y soberanista con las demandas en favor de un reconocimiento de la nación vasca, la exigencia de actualizar el encaje territorial del País Vasco y la necesidad de un desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika previo a su ‘actualización’.
Derechos ‘históricos’
En la propuesta que ya elaboró su experto jurista, Mikel Legarda –diputado en el Congreso-, y que apoyaron parcialmente tanto el PSE como Podemos, también figura la defensa del derecho a decidir. El PNV considera que sólo así se puede llevar a cabo una “plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco”. Un derecho a decidir que la ciudadanía debería ejercer “libre y democráticamente” y tras pactarlo previamente con el Estado. De este modo, se quiere blindar lo que se presenta como una actualización del encaje territorial dentro de un marco constitucional.
Un respeto a la Carta Magna que se sustenta fundamentalmente no sólo en el reconocimiento que hace de las “nacionalidades y regiones” –que ahora se quiere desarrollar- sino también en el amparo del que dota a la posibilidad de actualizar los ‘derechos históricos’ del pueblo vasco. El presidente del PNV ha dejado claro que abrir este proceso no busca en ningún caso “tensionar la política española” sino cubrir un vacío legal que deriva de la Constitución. Andoni Ortuzar señala que sólo se cita la existencia de nacionalidades pero sin que ese concepto, esa realidad, se desarrolle ni concrete. Por ello, señala que esta cuestión se ha puesto “sobre la mesa” de negociación ahora en marcha: “Ha llegado el momento de articular, por ejemplo, un sistema de colaboración y cooperación bilateral entre la Administración del Estado y las instituciones vascas para que en el caso de conflicto haya un sistema previo de arbitraje antes de recurrir al Tribunal Constitucional”.
Es este precisamente uno de los mecanismos de relación interinstitucional defendido por Urkullu y que se incluye en el nuevo estatuto articulado que propone el PNV, el llamado ‘concierto político’. A semejanza del concierto económico vasco, mediante este mecanismo se lograría asegurar el cumplimiento y desarrollo de derechos previamente reconocidos por ambas administraciones sin necesidad de tener que pleitear en la Justicia y resolviendo los conflictos en una suerte de ‘comisión mixta del concierto político’.
‘Nacionales’ y ‘ciudadanos’
El PNV llegó a plantear, con el rechazo del PSE, que las competencias de las que el País Vasco es titular se conviertan en “competencias forales”, de modo que se vincularan a los derechos históricos reconocidos. Los socialistas vascos, que respaldaron gran parte de la propuesta de nuevo estatus planteada por el PNV, no apoyaron ni la inclusión del derecho a decidir ni esta cuestión.
El articulado elaborado por Legarda, también establece en su punto 6 que el euskera será la única “lengua propia” de la futura Euskadi. El nuevo estatuto que propone el PNV hace un distingo entre “nacionales” y “ciudadanos”. Así, la propuesta establece que “la ciudadanía” de la Euskadi ‘confederal’ se otorgaría a todas las personas que tengan la “vecindad administrativa” pero que en cambio se reservará la condición de “nacionales vascos”, y con ello el “ejercicio de derechos políticos”, a quienes tengan “la condición política vasca”.
La propuesta resucitada también prevé el mantenimiento de las actuales competencias, además de otras de modo íntegro, como la Justicia o la Seguridad Social, además de todas aquellas que el Estado no se hubiera “reservado expresamente”.
