El Gobierno de Aragón no tiene previsto cesar a la directora general de Vivienda nombrada el pasado mes de agosto, Pía Canals, a pesar de que se ha demostrado que ha mantenido una relación contractual con el Departamento de Vivienda del Ejecutivo aragonés, del que ahora es cargo público, durante más de un mes y medio. La vicepresidenta segunda y portavoz del Ejecutivo PP-Vox, Mar Vaquero, la ha ratificado este miércoes en el cargo, y defendió su «capacidad» y su «gestión» para sacar al área de Vivienda de la «catástrofe» del último Gobierno autonómico. Sin embargo, desde el PSOE volvieron a exigir su cese o su dimisión por las «incompatibilidades manifiestas» al ser contratista del mismo departamento del que forma parte.
La denuncia del PSOE se remonta, prácticamente, al momento de su nombramiento en el Consejo de Gobierno, uno de los primeros que realizó, precisamente, el nuevo Ejecutivo. Ahora han vuelto a elevar la denuncia al considerar que ahora se ratifica que «esta persona ha incumplido la ley de ética e integridad pública al haber estado durante casi dos meses, simultáneamente, como contratista y alto cargo del departamento». Lo que ha cambiado en las últimas fechas es que el director general de Urbanismo, Carmelo Bosque, ha firmado una orden, con fecha de este lunes, en la que declara resueltos los contratos adjudicados a María Pía Canals Lafuente (la actual directora general de Vivienda) para la redacción y elaboración de la delimitación de suelo urbano en varios municipios de Huesca y de la elaboración de planes generales simplificados de diversos municipios.
Además, como consecuencia, se le incautan las garantías depositadas por la prestación de sus servicios. Es decir, según la orden de Urbanismo, se le reclaman 3.060 euros.
La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, insistió que en el ejercicio de oposición «hemos seguido todos los trámites, hemos pedido información al Gobierno sobre este caso y, desde luego, todo parece llevar a que hay una incompatibilidad manifiesta y, por tanto, si existe, debe dimitir de manera inmediata».
Desde el PSOE recuerdan que ya interpusieron una denuncia por este hecho y están «a la espera de que la consejera de Presidencia incoe el correspondiente procedimiento sancionador». Además, estas mismas fuentes avanzaron que por estos hechos deberá tener prohibido contratar con la Administración para el futuro. «Si la Administración contratara con ella de nuevo, incumpliría también la ley de contratos», manifestaron.
Mientras, la portavoz del Gobierno dejó claro que no está en los planes del Ejecutivo de Jorge Azcón cesarla, aunque se hayan demostrado incompatibilidades. «Ha tenido el apoyo del Gobierno y la hemos defendido desde su nombramiento. Tiene el apoyo de este Gobierno basado en su capacidad y en la gestión, y creemos que va a darle la vuelta que tanto necesita al Departamento de Vivienda, que fue uno de los mayores fracasos en la pasada legislatura del Gobierno que ahora está pidiendo su dimisión», defendió Vaquero. «No vemos motivos en estos momentos para que se produzca ese cese», zanjó Vaquero.
