José Miguel Luengo Gallego, el alcalde popular de San Javier, ha comparecido esta mañana ante el juez del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad murciana por las amenazas proferidas el pasado 28 de mayo a Manuel Reyes Crespo, presidente de Pleamar, cuando ambos iban a ejercer su derecho a voto en las elecciones municipales.
El motivo de las amenazas fueron la perdida de nervios del alcalde a raíz de las críticas de Pleamar a la gestión y presuntas ilegalidades del gobierno municipal en el proceso de licitación del contrato del agua potable y alcantarillado de San Javier. Un nuevo episodio que se suma al escándalo global que rodea el concurso del agua, el cual está siendo investigado por la Fiscalía de Cartagena por supuestos indicios de criminalidad en la adjudicación del contrato, que recientemente ha sido adjudicado a Aqualia.
Poco antes de las 9 de esta mañana llegaba Luengo Gallego a los juzgados, sonriendo y en actitud desafiante. En su llegada al Palacio de Justicia ha ido escoltado por Pilar Amelia Martínez Martínez, su mujer, Héctor Verdú Verdú, segundo teniente de alcaldía, Carlos Albadalejo Alarcón diputado popular y exconcejal de San Javier y su chófer oficial.
El presidente de Pleamar, en cambio, ha llegado con un perfil más discreto. De hecho, en varias ocasiones, Reyes Crespo ha lamentado la situación y asegurado que “si hubiera pedido disculpas públicas o se hubiera acercado a mí para pedírmelas, hubiera procedido a retirar la denuncia. Pero no lo hizo”. Manuel Reyes dice que no busca una venganza personal, sino justicia, ya que “no es de recibo que el alcalde de San Javier se pueda expresar en estos términos ante un ciudadano”. El inicio de la vista estaba previsto a las 9:30h de esta mañana.
Amenazas en la mesa electoral
Según la denuncia presentada en el cuartel de la Guardia Civil de San Javier, el actual alcalde habría tenido un altercado con Reyes Crespo, en el que expresó: «la política tiene un límite y te has sobrepasado, eres un sinvergüenza, voy a por ti, te arrastrarás hacia mí e iré a por tus propiedades y por la farmacia de tu esposa». Estas serias acusaciones fueron lo que llevó a Manuel Reyes a presentar una denuncia formal.
Durante el día de las elecciones municipales, Manuel Reyes se acercó para saludar de manera amigable a su rival político, Luengo Gallego, así como a su esposa, y a un exfuncionario del ayuntamiento, además de dos apoderados del Partido Popular que se encontraban junto a él. Fue en ese momento cuando el alcalde de San Javier perdió la compostura y profirió amenazas hacia Reyes Crespo. Según lo expresado en la denuncia, las cámaras de vigilancia de la zona se encontraban desactivadas.
La tensión entre Luengo Gallego y Manuel Reyes se ha arrastrado por un largo tiempo, dado que ambos eran miembros del Partido Popular de San Javier. En 2012, Reyes fue invitado a abandonar la formación política debido a diferencias irreconciliables en cuanto a su contribución y sus opiniones sobre las próximas mejoras de la localidad murciana.
El contrato del agua bajo investigación
El origen de la confrontación se encuentra en la adjudicación del contrato de suministro de agua y alcantarillado en el municipio de San Javier a la filial de FCC Aqualia. En las últimas semanas, este asunto ha cobrado una gran relevancia en la localidad, acompañado de severas críticas dirigidas hacia la gestión del alcalde y su equipo de gobierno.
La Fiscalía de Cartagena notificó al Ayuntamiento de San Javier y al alcalde, José Miguel Luengo Gallego, sobre la posible existencia de indicios de irregularidades y un presunto delito de prevaricación administrativa según el artículo 404 del Código Penal, en el proceso de licitación del contrato de agua. A pesar de los esfuerzos del alcalde por justificar el proceso de licitación, el análisis realizado por el fiscal, a partir de la documentación disponible en la plataforma de contratación, reveló que no se había facilitado toda la información del expediente, por lo que se solicitó al equipo de gobierno la entrega de todos los detalles.
La polémica sigue, puesto que Luengo Gallego estuvo empleado durante tres años en la principal empresa contratista propuesta por Aqualia, lo que agrega más dudas sobre posibles conflictos de interés en el proceso de licitación del servicio de agua en el municipio murciano. El alcalde de San Javier se encuentra en el centro de esta controversia.
Una capa adicional de preocupación surge debido a que, en su rol de alcalde, también ejerce como presidente de la Mesa de Contratación del municipio, el órgano encargado de resolver los contratos públicos. Entre sus responsabilidades se incluye la evaluación y selección de los licitadores para la adjudicación de los contratos. Curiosamente, la mesa de contratación aprobó la propuesta de Aqualia como el licitador elegido para el contrato de 247 millones de euros en el mes de septiembre.
Las amenazas dirigidas a Manuel Retes son un ejemplo más de la actitud y tácticas empleadas por el alcalde de San Javier cuando se detectan presuntas irregularidades en un concurso público. Los demás partidos políticos argumentan que no solo está en juego la reputación de Luengo, en caso de que el juez dicte una sentencia en su contra, sino también su permanencia en el cargo si la decisión judicial resulta desfavorable.
