SANTANDER, 24 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Cantabria celebrará este martes el juicio contra el acusado de violar a una menor de 17 años, tutelada por la administración y con la que contactó por Instagram. El fiscal pide para él 5 años de cárcel y el Gobierno regional, que ejerce la acusación particular, más de 13.
El juicio tenía que haberse celebrado el 12 de septiembre, pero tuvo que ser suspendido al no comparecer el acusado, natural de República Dominicana, por lo que se acordó orden de búsqueda y captura. Posteriormente, la Audiencia acordó su libertad provisional manteniendo las medidas de prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte y obligación de comparecer semanalmente.
La Fiscalía califica los hechos como delito de abuso sexual con acceso vía anal y vaginal, mientras que el Gobierno regional considera lo ocurrido un delito continuado de agresión sexual.
Según el escrito del fiscal, acusado y víctima intercambiaron conversaciones a través de la citada red social y en un momento dado quedaron para conocerse. El hombre llevó a la chica a un local abandonado, donde le instó a que le hiciera una felación, le quitó la ropa y la penetró anal y vaginalmente, pese a que ella le pidió «que parara repetidamente, dado que le hacía daño».
Por su parte, el Ejecutivo señala que la menor presentaba una situación de vulnerabilidad, y «su condición sumisa, su virginidad y su falta adecuada de formación sexual en el momento de los hechos, así como sus carencias afectivas, la convirtieron en la víctima perfecta».
Señala además el escrito del Servicio Jurídico del Gobierno que el acusado «ha sido denunciado en distintos momentos por otras dos menores, que también se encontraban bajo la guarda o tutela de la administración, por agresiones de la misma naturaleza».
Y destaca al respecto que el modo de proceder es similar en todos los relatos: «primero entabla una relación con las víctimas, todas ellas vulnerables por su edad y circunstancias sociales y afectivas, lo que le facilita el acceso carnal a las menores, prescindiendo de su falta de consentimiento y de sus súplicas para que pare».
Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito de abuso sexual con acceso vía anal y vaginal, merecedor de cinco años de prisión, seis más de alejamiento y prohibición de comunicación con la joven, y diez años de inhabilitación para trabajar con menores.
Por su parte, el Ejecutivo los considera un delito continuado de agresión sexual, «no solo por la violencia ejercida sobre la víctima, una persona especialmente vulnerable», sino también «por sus súplicas para intentar parar la agresión».
Además, sostiene como agravante la situación de inferioridad de la víctima, «por su minoría de edad y por la especial vulnerabilidad derivada de su guarda, conociendo el acusado esa dependencia administrativa y habiendo abusado de su superioridad física y anímica».
Por ello, pide una condena de 13 años y cinco meses de cárcel, además de seis años de alejamiento y prohibición de comunicación con la joven, y diez de inhabilitación para actividad que conlleve contacto con menores. Y en concepto de responsabilidad civil, reclama una indemnización de 6.000 euros.
El juicio se celebrará a partir de las 10.00 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.
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