El Tribunal Constitucional encara a partir de este martes la resolución de asuntos de gran trascendencia social como el impuesto a las grandes fortunas, la ley rider, las manifestaciones en el segundo estado de alarma durante la covid-19 y el recurso del exdirigente de Unidas Podemos Alberto Rodríguez.
El pleno que comienza hoy tendrá sobre la mesa la ponencia de la magistrada progresista María Luisa Balaguer que propone rechazar el recurso del Gobierno de la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Al respecto, el borrador considera que la creación del impuesto no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en política fiscal de la región, como argumenta el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
Además, el pleno debatirá la ponencia sobre el recurso de amparo del exdirigente de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, que considera desproporcionada la condena impuesta por el Tribunal Supremo, por dar una patada a un policía nacional durante una protesta en 2014 en La Laguna (Tenerife), por la cual la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le retiró el escaño.
Los magistrados también estudiarán el recurso del PP contra la decisión de Batet de no pedir al Gobierno los expedientes de los indultos concedidos a los líderes independentistas condenados por el procés.
La ponencia del conservador Ricardo Enríquez da la razón a los populares que alegaron el derecho a la información de los parlamentarios, si bien es posible no cuente con los avales suficientes del bloque progresista y se designe otro ponente.
El que no saldrá adelante será el recurso del PP contra el decreto ley relativo a los repartidores de plataformas digitales, conocido como la ley rider, que prohíbe que las plataformas digitales puedan utilizar a trabajadores autónomos como repartidores.
Además, el tribunal de garantías tiene sobre la mesa el primero de los recursos contra las manifestaciones en el segundo estado de alarma durante la covid-19, que corresponde a UGT, y el recurso de Vox contra el real decreto para reducir la temporalidad en el empleo público.
