Ferraz limitará la consulta a la militancia al acuerdo programático del Gobierno de coalición. Los socialistas se ajustarán con su consulta a lo que marcan los estatutos del partido, sin intención de incluir alusiones a otros posibles acuerdos parlamentarios ni sus contenidos, como sería la amnistía en el caso de Junts y ERC. La convocatoria, obligatoria y vinculante, partirá de un Comité Federal. Aunque no es necesario convocar para ello al máximo órgano del partido entre congresos, sino que sería suficiente con que la ejecutiva estableciese las bases y calendario al tener estas competencias, la dirección quiere dotar así de un mayor aval a las negociaciones para la investidura previo debate orgánico.
Desde la dirección subrayan que la consulta se podrá materializar en pocos días desde que se le dé luz verde. Su intención pasa, precisamente, por acelerarla y valerse del papel de las diferentes agrupaciones socialistas para desarrollar un proceso en el que en 2019 el censo fue de 178.600 afilados entre PSOE, PSC y sus respectivas organizaciones juveniles. Hace cuatro años, pasaron diez días desde que se firmó el preacuerdo entre Pedro Sánchez y el por entonces líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, hasta que los socialistas colocaron las urnas. Cinco desde que la ejecutivo convocó la consulta, comprimiendo en este plazo tanto la campaña informativa como la preinscripción para el voto electrónico.
En aquella consulta se habilitó tanto el voto telemático como el presencial para responder a una pregunta muy concreta: “¿Apoyas el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno progresista de coalición?”. De manera implícita, el 92% de los militantes que dieron su apoyo al acuerdo habilitaron también a la dirección para intentar cerrar el resto de acuerdos con otros grupos parlamentarios necesarios para sacar adelante la investidura. Principalmente, la abstención de ERC.
Sumar es la pieza más sencilla de encajar en el puzle de la la investidura, según reconocen los socialistas al asegurar que “llevamos entendiéndonos cinco años”. La más complicada, por contra, es la de Junts, que durante la pasada legislatura se situó en la estrategia de la confrontación con el Gobierno.
Todo ello hace presagiar que, como hace cuatro años, la dirección convocará la consulta a la militancia para el acuerdo de coalición sin antes tener cerrados los pactos con el resto de potenciales socios necesarios para sacar adelante la investidura. Con la fecha de investidura todavía en el aire y la intención de no fijarla hasta no tenerla atada, el calendario sigue consumiéndose con el límite establecido en el 27 de noviembre. Si antes no se forma gobierno, coincidiendo con el plazo de 60 días desde la primera votación de investidura, las Cortes Generales se disolverán automáticamente.
El programa pactado servirá como guía de la acción de gobierno si Pedro Sánchez logra sacar adelante su investidura. Un acuerdo que se exhibe con un marcado tono social y progresista. También con el marco laborista, identificado con Sumar, y por el que los negociadores del partido liderado por Yolanda Díaz han batallado hasta el final.
El PSOE ha pretendido en las negociaciones trazar medidas más genéricas para no alejar a Junts o PNV de un pacto de legislatura. La compleja aritmética parlamentaria salida de las urnas, que obliga a contar con el apoyo de los socios potenciales en todas las votaciones, refuerza la necesidad de desarrollar un programa de gobierno que no comprometa ningún apoyo. Principalmente, los de posconvergentes y jeltzales, las formaciones más conservadoras en materia económica y laboral. Queda margen de negociación para encajar todas las piezas.
Comité Federal
Sobre el programa de gobierno, el portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Aitor Esteban, ya apostó tras reunirse con Sánchez por buscar mecanismos de “desarrollo de la legislatura” con una orientación más centrada de las medidas del Gobierno y, por tanto, consensuada con todos los socios potenciales. “Tenemos que saber distinguir qué se puede aprobar”, advirtió mirando ya al horizonte de la legislatura.
En la próxima reunión del comité federal se espera que el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, marque posición sobre las negociaciones. Principalmente, sobre la ley de amnistía, ya en un principio aseguró que lo haría tras recibir el encargo del jefe del Estado para su investidura y, después, tras la ronda de contactos con los grupos parlamentarios.
Pese al foco en la amnistía y las negociaciones con Junts, en la mayoría de federaciones del PSOE coinciden en negar que ni entre sus bases ni entre sus votantes haya una especial inquietud por un pacto de investidura con los independentistas bajo la premisa de amnistiar a los encausados por el ‘procés’. En la dirección de Ferraz se compara el impacto de la amnistía con el de los indultos para minimizar su coste electoral y encuadrarla en el relato de la desjudicialización. De que Cataluña está mejor que en 2017 gracias a las medidas en favor de la “convivencia”.
El debate territorial genera un recelo más transversal que la amnistía en las filas socialistas. Con que el debate sobre el modelo de Estado derive en asimetrías territoriales en un momento en el que tanto Junts como PNV han puesto sobre la mesa la necesidad de superar el actual marco y reconocer a Cataluña y Euskadi como naciones. Precisamente, el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, trataba de tranquilizar a los suyos el pasado jueves en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado al defender un proceso autonómico “simétrico y no asimétrico”. Esto es, “la igualdad de oportunidades y la convivencia pacífica entre territorios como meta de ese proceso autonómico, compartido y no excluyente, en el que cabemos todos”.
