Reducción de la jornada laboral, ampliación de los permisos por nacimiento, derogar la denominada ley mordaza o garantizar las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI). El programa que marcará los ejes prioritarios de la acción de gobierno, si Pedro Sánchez logra sacar adelante su investidura, se presenta con un marcado tono social y progresista. También con un acento laborista, identificado con Sumar, y por el que los negociadores del partido liderado por Yolanda Díaz han batallado hasta el último momento. El acuerdo se cerró esta madrugada y lo presentarán tras el Consejo de Ministros de hoy Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.
El principal escollo, que se situó en la reducción de la jornada laboral, se ha superado con el compromiso de impulsar la bajada de las 40 horas semanales “sin reducción salarial”. En materia laboral, PSOE y Sumar han pactado también una reforma para regular las causas del despido. El denominado «despido restaurativo» que busca aumentar las indemnizaciones por despido en función de las diferentes casuísticas.
En materia de cuidados se propone la ampliación de los permisos retribuidos por nacimiento y la universalización de la educación de 0 a 3 años. Sobre lo primero, los socialistas llevaban ya en su programa electoral elevar a 20 semanas el permiso parental, ahora fijado en 16 semanas. Su propuesta era que entre la semana 17 y la 20 este permiso sería con trabajo a tiempo parcial. En lo referente al impulso de la universalización de la educación de cero a tres años, el acuerdo se sella “con la garantía de que el acceso a la educación pública para niños y niñas de dos años será para todos al final de la legislatura”.
La subida del SMI es otra de las medidas del programa que más conflicto han generado. Sumar apostaba por vincularlo a la inflación y el PSOE se resistía anteponiendo su prioridad de fijarlo por ley en el 60% del salario medio. Finalmente, el acuerdo incluye la “subida del SMI para que no se pierda poder adquisitivo”. En el partido de Díaz habían reclamado subidas por encima del IPC anual para garantizar el poder adquisitivo de los casi dos millones y medio de trabajadores que lo perciben, según los datos del Ejecutivo.
La intención pasa por blindar la subida del SMI por mandato legal. Para ello se deberá precisar en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores su equivalencia con el 60% del salario medio. Las subidas serían automáticas en función de la coyuntura del salario medio. El 60% del salario medio fue la cifra que se comprometió en el programa del gobierno de coalición de la pasada legislatura, hasta situarlo actualmente en 1.080 euros en 14 pagas.
Entre otras medidas, el acuerdo incluye «la implementación de forma inmediata de un plan de choque contra el desempleo juvenil», el «refuerzo» del sistema público de salud, el aumento del parque público de vivienda con el «objetivo de que alcance el 20% del parque total», la revisión al alza de los objetivos de la Ley de Cambio Climático O una reforma fiscal para que «la banca y las grandes energéticas contribuyan al gasto público».
El texto del acuerdo contiene medidas concretas y líneas más generales que todavía se deberán aterrizar en la letra pequeña. Los socialistas buscaban una redacción más genérica para no alejar a Junts o PNV de un acuerdo de legislatura. La compleja aritmética parlamentaria salida de las urnas, que obliga a contar con el apoyo de los socios potenciales en todas las votaciones, refuerza la necesidad de desarrollar un programa de gobierno que no comprometa ningún apoyo. Principalmente, los de posconvergentes y jeltzales, las formaciones más conservadoras en materia económica y laboral.
Queda margen de negociación para encajar todas las piezas y convertir los acuerdos en investidura en pactos de legislatura. Sobre esto último, el portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Aitor Esteban, ya apostó tras reunirse con Sánchez por buscar mecanismos de “desarrollo de la legislatura” con una orientación más centrada de las medidas del Gobierno y, por tanto, consensuada con todos los socios potenciales. “Tenemos que saber distinguir qué se puede aprobar”, advirtió mirando al horizonte de los próximos cuatro años. Con todo, el acuerdo delimita algunas de las líneas básicas en las que PSOE y Sumar justifican un programa “de ampliación de derechos para trabajadores, jóvenes, mujeres y la mayoría social de este país».
