La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, es partidaria de extender a 2024 «muchas» de las medidas ‘antiinflación’ diseñadas por el Gobierno para contener el alza de los precios de la energía que decaen el 31 de diciembre, según revela en una entrevista en el diario Expansión. Entre ellas, la vicepresidenta cita la reducción del IVA en la luz y el gas, la ampliación de los descuentos del recibo de luz y gas (bono social) y el tope a los ingresos de las eléctricas que limita a 67 euros por megavatio-hora sus nuevos contratos de suministro a plazo. También se muestra favorable de ampliar la vigencia del mecanismo ibérico (tope al gas), aunque esto último depende de que Europa decida extender el marco temporal de crisis.
Desde mediados de 2021, el Gobierno ha ido implementando diferentes medidas temporales para ayudar a familias y empresas, en medio de la espiral alcista de precios de la energía. La mayoría decaen el próximo 31 de diciembre, pero los miembros del Ejecutivo se han aferrado hasta ahora a su posición de interinidad (al tratarse de un Gobierno ‘en funciones’) para evitar revelar sus intenciones en caso de investidura favorable al actual Gobierno de coalición. La vicepresidenta tercera desvela, sin embargo, que si el PSOE consigue formar Gobierno propondrá extender las medidas citadas «en uno de los primeros Consejos de Ministros» que se celebre.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica matizan que la decisión sobre la cuestión fiscal compete al Ministerio de Hacienda, pero agregan que la vicepresidenta tercera es partidaria de mantener el IVA reducido para la luz (la exención total no es posible de acuerdo con la normativa europea) a largo plazo para favorecer la electrificación de la economía, mientras que en el caso del gas es favorable a una rebaja temporal por la coyuntura actual. En la actualidad, la factura de luz y gas cuenta con un IVA del 5% (frente al 21% de su tipo habitual), mientras que se mantiene reducido el impuesto especial sobre la electricidad (al 0,5%, en vez de al 5,11%) y el impuesto del 7% sobre la producción eléctrica está en suspenso.
En el Plan Presupuestario enviado a Bruselas la semana pasada, el Ejecutivo cifra en unos 3.545 millones de euros el impacto fiscal de una prórroga de las medidas energéticas durante 2024. En concreto, cuantificaba en 1.016 millones la rebaja del IVA de la electricidad, en 397 millones la rebaja del gas, la madera y los pellets, en 1.032 millones el impuesto especial sobre la electricidad y en 1.100 millones de euros el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Si se incluye la rebaja fiscal de los alimentos (1.350 millones de euros) el impacto asciende a 4.895 millones de euros.
En una entrevista en Televisión Española, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha insistido en que la decisión sobre estas medidas «la tomará el próximo Gobierno», pues se ha mostrado esperanzada de que de aquí a final de año se habrá formado ya el nuevo Ejecutivo. «Desde luego, por lo que respecta al presidente Sánchez y la política económica de nuestro gobierno, seguiremos tomando las mejores medidas en cada momento para poder seguir impulsando el crecimiento económico y la creación de empleo», ha agregado.
Marco europeo
En línea con este interés a nivel nacional, Teresa Ribera también se muestra partidaria de extender el marco europeo de ayudas, que surgió con la crisis de Ucrania y que también decae a final de este año. «Mi impresión dadas las circunstancias es que es bueno mantener esas medidas de emergencia por si acaso; si no hacen falta no habrá que aplicarlas, pero si hacen falta es bueno que sigan en vigor», aseguró la semana pasada. «En un momento como este, con incertidumbres como las que seguimos viviendo con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y con un Oriente Medio que está viviendo una situación terrible, desde el punto de vista humano en primer lugar, pero también seguro con consecuencias regionales, geopolíticas, que acaban afectando al conjunto de la comunidad internacional, es bueno mantener las alertas desde el punto de vista energético», añadió.
La postura española se alinea, así, con el eje franco-alemán que también defiende extender este marco de ayudas, frente a Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Estonia y Finlandia que han pedido al comisario de competencia, Didier Reynders, no hacerlo, según publica Financial Times. La Comisión Europea se ha mantenido hasta ahora partidaria de no prorrogar medidas de forma general, sino focalizar en colectivos vulnerables. El Ejecutivo comunitario presentará «en las próximas semanas» su valoración sobre el efecto de las medidas adoptadas a nivel europeo en el contexto de emergencia y su propuesta sobre qué hacer a partir de final de año, aunque la decisión final dependerá de los veintisiete países de la Unión Europea y se decidirá en el último Consejo de Energía del año, que se celebrará el próximo 19 de diciembre en Bruselas, el último bajo la presidencia española.
Este marco de crisis es escenario necesario para que el Gobierno pueda extender el denominado ‘tope al gas’, que limitaba el coste de esta materia prima para las centrales eléctricas, y que a pesar de no funcionar desde mediados de febrero, supone una salvaguarda en caso de que los precios se disparen. Aunque el precio del gas se sitúa muy por debajo de los 200 euros por MWh que llegó a rebasar en lo peor de la crisis, se sitúa en 50 euros por MWh, más del doble de los 20 euros por MWh que solía marcar hasta hace dos años. Antes de su última prórroga, aprobada a finales de marzo, Ribera ya había pedido extender esta medida durante todo 2024, pero fue la Comisión Europea quien la acotó hasta final de año de acuerdo al marco temporal de crisis vigente.
Primeras medidas
Las medidas citadas por Ribera coinciden en que fueron algunas de las primeras medidas puestas en marcha por el Ejecutivo. La mayoría de ellas entre junio y octubre de 2021, incluso antes del inicio de la guerra de Ucrania. Es el caso de la rebaja fiscal de la factura de la luz. Fue en junio de 2021 cuando decidió rebajar por primera vez el recibo, con un IVA que pasó del 21% al 10% y la suspensión del 7% a la producción. Unos meses más tarde, en septiembre, se añadió la rebaja del Impuesto Especial para la Electricidad (del 5,1% al 0,5%) y tras el inicio de la guerra de Ucrania, en junio de 2022, se rebajó el IVA al 5%.
Entre septiembre y octubre de 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica puso en marcha el recorte por los ingresos extraordinarios que las eléctricas reciben por su generación nuclear e hidráulica, que a efectos prácticas supone la obligación para estas compañías a limitar sus nuevos contratos de suministro a largo plazo a 67 euros por megavatio-hora, así como la ampliación de los descuentos en la factura de la luz para las familias vulnerables, conocidos como bono social eléctrico (del 25% al 65% y del 40% al 80%).
Un año más tarde, en septiembre de 2022 se crearía, además, se extendería la rebaja del IVA al 5% al gas y un mes más tarde se crearía una ayuda específica en el recibo de la luz para las clases medias (descuento del 40%) y se amplió la ayuda al gas al subvencionar parte de la tarifa regulada (TUR) y crear una nueva tarifa regulada para calefacción central (TUR Vecinal). Además de la rebaja de la energía y los alimentos, también decae a final de este año los descuentos en el transporte colectivo urbano e interurbano, de al menos el 50%; la suspensión de los desahucios de familias vulnerables; la prohibición de despedir en las empresas que han recibido ayudas públicas; y las ayudas directas a transportistas.
