Los 200 migrantes desplazados permanecerán en Huesca «entre 15 días y un mes»

El desplazamiento del grupo a la provincia oscense causó un profundo enfado en el Gobierno de Aragón, que asegura que no fue advertido, por lo que no se pudo coordinar la llegada con las entidades sociales que trabajan en el terreno. Campo ha negado que existiera tal descoordinación. «En principio es el ministerio el que se encarga de estas gestiones», ha dicho el subdelegado, que también ha reconocido que «hubo una anticipación de la llegada» de los migrantes por «la situación insostenible que hay en Canarias», aunque ha apostillado que «las cosas se solucionan en el día a día».

El nexo entre Moncloa y Huesca ha señalado que «se está estudiando» una propuesta de la patronal CEOE Huesca en la que se pretende formar a los 200 migrantes para darles posteriormente trabajo. «Primero tenemos que hacer una valoración de su situación, ver si hay personas que podrían ser solicitantes de asilo», ha dicho Campo, para añadir que se han iniciado conversaciones también con el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) y con el propio Ministerio de Interior.

Sobre la situación de los desplazados, Campo ha apuntado que «están en sus lugares de residencia y bien», que «intentan dar paseos por la ciudad y hasta el momento no se ha producido ningún incidente». «Simplemente están esperando a ver qué pasa», ha señalado.

Vox aprovecha para marcar agenda en Huesca

Hasta Huesca se ha desplazado también el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y diputado de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, quien ha calificado este lunes de «tremenda irresponsabilidad» la decisión del Gobierno central de trasladar a los municipios oscenses de Sabiñánigo y Quicena a 200 de los inmigrantes subsaharianos llegados a las Islas Canarias a fin de aliviar la presión existente en el archipiélago.

Nolasco ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar en la Subdelegación del Gobierno en Huesca junto a otros miembros de su grupo parlamentario para expresar la protesta formal de su formación ante la decisión adoptada la pasada semana por el Ejecutivo español de ubicar a este grupo de inmigrantes en la provincia altoaragonesa.

Nolasco, vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, ha lamentado, asimismo, que ningún responsable del Gobierno en funciones se pusiera en contacto con el Ejecutivo aragonés para informar de las razones de los espacios de ubicación elegidos y de las condiciones en las que se iba a producir este asentamiento de la mano de organizaciones sociales de atención a personas migrantes.

Además, ha explicado que «este tipo de actuaciones» no sólo fomentan un «efecto llamada» de personas víctimas de las mafias y de la trata de seres humanos, sino que generan un problema de seguridad nacional dado que ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil tiene datos sobre sus identidades y sus posibles antecedentes penales.

Nolasco ha comentado que el Gobierno aragonés, desde la Consejería de Bienestar Social y Familia, se habían tomado las primeras medidas necesarias para proporcionar una atención sanitaria primera a estos inmigrantes, pero ha advertido a renglón seguido que las competencias posteriores para su arraigo o inserción corresponden a la administración central principalmente.

El responsable político se ha mostrado partidario de una inmigración «legal y ordenada» como un activo para la economía del país, pero ha advertido que la llegada incontrolada de inmigrantes genera problemas de saturación a los servicios sociales, entre ellos, ha subrayado, los de Aragón.

Tras tachar la decisión del Gobierno en funciones de «desprecio» y de «sectarismo político», Nolasco ha planteado dudas acerca de la oferta de CEOE Huesca de ofrecer formación y contratos a estos inmigrantes subsaharianos dadas las dificultades y el largo plazo de tiempo que exige el proceso.