¿Cómo de presente está la violencia machista en las universidades españolas tanto entre las estudiantes como entre las profesoras e investigadoras? ¿Cómo atienden las facultades a las víctimas? ¿Qué se puede hacer para luchar contra el sexismo en las aulas y en los despachos? Estas son las tres preguntas que se harán un grupo de expertos y expertas este lunes y martes en Bilbao durante las jornadas organizadas por el Ministerio de Universidades. Bajo el marco de la presidencia española del Consejo de la UE, la conferencia cuenta con la colaboración de UniSAFE, proyecto europeo para investigar las violencias de género en la educación superior, y la Universidad del País Vasco (UPV).
Entre los ponentes, destaca la presencia de las autoridades chilenas, que explicarán el pionero modelo legislativo con el que intentan erradicar la violencia machista. País de amplia experiencia en la lucha feminista, Chile es un caso especialmente llamativo. En 2016, un estudio oficial reveló que el 26% de estudiantes y docentes conocían situaciones de acoso sexual en las facultades y que casi un 15% lo habían sufrido directamente durante su trayectoria universitaria. Las afectadas eran, mayoritariamente, mujeres y estudiantes. Mientras, los agresores eran hombres, tanto alumnos como personal académico.
A finales de 2021, Chile aprobó una ley pionera y durísima para “prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual”. Lejos de ser un ramillete de buenas intenciones, la norma otorgó un año de plazo para que las universidades implementaran los modelos de prevención y sanción. No solo eso sino que obligó a los centros a que en septiembre de 2023 evaluaran el éxito de las medidas llevadas a cabo. Las facultades que no hayan adoptado una “política integral” contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género no tendrá derecho a ser consideradas oficialmente como universidades y las autoridades podrán retirarles su acreditación.
La legislación chilena define el acoso sexual como “cualquier acción o conducta de naturaleza o connotación sexual -sea verbal, física, presencial o virtual- contra la dignidad de una persona, la igualdad de derechos, su libertad o integridad física, sexual, psíquica y emocional”. La norma asegura que este tipo de situaciones crean “un entorno intimidatorio, hostil o humillante que pueda afectar de manera negativa e incidir en las oportunidades, condiciones materiales y rendimiento laboral o académico”. La norma penaliza estos comportamientos, aunque se hayan producido de manera puntual en lugar de reiterada. Además, deja claro que el consentimiento “debe ser explícitamente expresado respecto a cualquier conducta o situación”.
En España, desde 2021, es imprescindible para todas las universidades, antiguas y de nueva creación, disponer de un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo. La nueva ley universitaria (Losu) convierte en obligatorias las unidades de igualdad y diversidad. Otra norma, la de convivencia universitaria, insta a incluir medidas de prevención y procedimientos específicos para dar cauce a quejas y denuncias.
“Como instituciones tenemos la obligación de escuchar, aprender y tomar las medidas que sean necesarias para reducir y acabar con este tipo de violencias en el sistema universitario, como una pieza clave de la sociedad, una pieza de vanguardia a nivel europeo”, explica el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón.
A pesar de los intentos del ministerio, luchar contra la violencia y el acoso sexual es una tarea titánica dado que cada universidad es un centro autónomo con Gobierno propio. Un pequeño Estado en sí mismo. Dada la inmensa diversidad de criterios, es prácticamente imposible mapear la violencia y el acoso en toda España. Los pocos estudios generales que hay datan de 2007. Sí hay estudios puntuales y oficiales sobre, por ejemplo, la discriminación salarial. En las universidades públicas españolas existe una brecha salarial del 12,7% entre entre profesores e investigadores y profesoras e investigadoras. El grueso de la diferencia no está tanto en el salario base de los profesores y las profesoras (1,8%) sino en los complementos salariales, donde casi alcanza el 20%.
En los últimos cinco años, las universidades catalanas han abierto más de 150 expedientes académicos por acoso sexual y laboral en sus centros. Según una investigación de El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, hay al menos 28 profesores y/o investigadores que han sido sancionados por acoso y al menos cinco casos más a la espera de resolución.
