Sí, es muy positivo no sólo para la terminal, sino para todo el puerto y su posicionamiento en el exterior, porque nos permitirá el ingreso de buques con mucha mayor capacidad de carga. Toda esa mercancía se podrá gestionar mucho más rápido. MSC es el mayor operador que existe a nivel mundial. A través de Opcsa, su filial en Las Palmas, hace una apuesta muy importante y significativa por el lugar que ocupa el puerto en Europa. A nivel global entramos en la primera división.

Pero la obra para adaptar el muelle a las grúas y suministrar las nuevos carriles de rodadura se retrasa. ¿Qué ha pasado?

Acaba de llegar la resolución del tribunal económico administrativo que rechaza la reclamación de las empresas que perdieron el concurso. La desestimación de la demanda permite seguir con el camino trazado. Estamos sujetos a esas reclamaciones, es legítimo que se reclame si no se obtiene una concesión, pero no resulta agradable porque retrasa las cosas. Pondremos en marcha el contrato para cumplir con las expectativas de Opcsa, que quiere tener las dos grúas operativas a finales de año.

También hacen falta defensas y noráis para los barcos de mayor capacidad.

Sí, el otro día nos dijeron que era necesario reubicar las defensas y cambiar algunos noráis, pero son cosas razonables. Lo que nos interesa a todos es que las grúas estén operativas lo antes posible.

¿Aumentará el volumen de tráfico de contenedores?

Bueno, sería lo ideal, obviamente. Una vez que se apuesta por este tipo de grúas, está claro que la idea es que los barcos lleguen con mucha mayor capacidad. Estamos hablando de los 24.000 teus, de más contenedores y, por tanto, de más mercancía que llega al puerto, tanto para quedarse como para continuar a otros destinos. Todo esto generará más tráfico de contenedores.

¿La futura directiva sobre control de emisiones en los puertos europeos puede chafar esa expectativa de negocio?

Sí, es la mayor amenaza que tenemos. Esta directiva sobre los derechos de emisiones es un problema, porque al final las navieras van a actuar por una cuestión de eficiencia y, obviamente, están haciendo sus números y saben que su aplicación supondrá un sobrecoste cuando los barcos recalen en puertos como Las Palmas. Por eso hemos iniciado un acción conjunta con Santa Cruz de Tenerife, Puertos del Estado y el Gobierno de Canarias para explicar en Europa cuál es nuestra situación. Hemos pedido que se nos exceptúe como región ultraperiférica. Desde Puertos del Estado se trabaja en una moratoria de la directiva hasta que sea la OMI la que la establezca, lo cual también nos parece sensato. No tiene sentido que unas emisiones producidas en todo el mundo se penalicen solo en territorio o bandera europea. Si al final se opta por una tasa, debe establecerla la Organización Marítima Internacional para que todos tengamos las mismas reglas de juego. Nos puede gustar más o menos, pero podemos entenderlo. Lo que no parece de recibo es una penalización de Europa hacia sus propios puertos.

¿Cuál será la repercusión para Canarias?

Tenemos la realidad que tenemos. Todos los puertos africanos están muy cerca del nuestro. Con esa directiva nos quedaríamos fuera de ese concepto de puerto vecino, de esas 300 millas náuticas, y todo ese tráfico que ahora pasa por Las Palmas se iría a los puertos africanos. Si lo perdemos, volver a recuperarlo sería muy complicado. Supondría un problema de conectividad que afectaría a todos los ámbitos, no solo al tráfico marítimo, porque dejarían de llegar las mercancías que necesitamos. Por aquí pasan todo tipo de mercancías gracias a los transbordos internacionales, como el textil y la alimentación. El precio final de los productos se encarecerá si se retrasa o no llega la mercancía. Los fletes subirán y todo esto afectará al empleo directo en el puerto e indirecto en el resto de Canarias.

¿Hay cálculos de ese coste?

A ver, cada naviera ha hecho sus propios cálculos. MSC lanzó unas cantidades que fueron muy importantes, porque hablaban de 100 millones o incluso más. Esta directiva ha estado casi tres años tramitándose en Bruselas, y el Estado ordenó hacer algunos informes sobre la afectación en determinados puertos, pero curiosamente se olvidaron de los puertos canarios. No hicieron ese trabajo, que es algo que nos llama la atención porque tenemos unas características diferentes a cualquier puerto de España. Desde el ámbito de la COE, la Confederación Canaria de Empresarios y Fedeport se le ha pedido al Gobierno de Canarias que asuma ese informe. Por eso están haciendo un análisis de la afección de la aplicación de esa directiva a los puertos canarios y, en general, de lo que supondría para la economía isleña.

¿Cómo funciona?

El concepto de derecho de emisiones es complicado. Consiste en calcular tus emisiones y lanzarlas al mercado, donde luego se compran. Lo que se persigue es cuantificar económicamente las emisiones de los buques y pagar por ellas. Tienes que abonar un 50 % si vienes de un tercer país a Europa, y el 100 % si el trayecto es de Europa a Europa. Es decir, un barco de China que venga directamente a Las Palmas pagaría el 50%, pero si luego sigue a Rotterdam tendría que abonar el 100% de todas esas emisiones. Eso motivará que los barcos se ahorren la escala para pagar menos por sus emisiones. Es verdad que la directiva establece una excepción temporal para las regiones ultraperiféricas, pero es entre las regiones ultraperiféricas de un mismo estado miembro, que no tenemos, o de región ultraperiférica y su estado miembro, esto es, desde aquí hasta cualquier punto de la Península. El problema es que esto deja fuera nuestro mayor tráfico marítimo, que es el de terceros países. La verdad que no estoy nada de acuerdo con esto.

¿La terminal de cruceros estará electrificada para que los barcos se enchufen a la red y dejen de contaminar cuando atraquen en Santa Catalina?

Esa es la intención. El futuro del puerto, entre otras cosas, pasa por la electrificación. Lo hemos hecho con el muelle Pesquero y estamos terminando la obra del muelle Grande. Cuando llegué, la electrificación del resto de muelles estaba parada por nuestra realidad geográfica y la imposibilidad de suministrar energía eléctrica suficiente. No había obligatoriedad de hacerlo por esa circunstancia, ¿pero cuál es el análisis? Si los buques vienen preparados para electrificarse, nosotros tenemos que poder dar ese servicio. Por eso hemos pedido al Estado el dinero que había para hacer esas sobras, unos 18 millones, con la idea de electrificar todos los muelles de la Autoridad Portuaria. El dinero es insuficiente y las obras no se harán de hoy para mañana, pero sí que tenemos que empezar ya. En el futuro, cuando lleguen barcos con esta tecnología y tengamos la capacidad de suministrar esa energía eléctrica, tenemos que estar preparados y atender a todo tipo de buques, no solo cruceros.

Es paradójico porque solo uno o dos barcos han solicitado el servicio de cold ironing desde su instalación en el muelle Pesquero…

Todos queremos ir a la descarbonización, eso nadie lo niega, pero tenemos que ir a la par y hacerlo al mismo tiempo. Lo que no puede ser es que existan buques con esa tecnología y los puertos no estén preparados para darles servicio, o viceversa. Tenemos que caminar todos en el mismo sentido. El 85 % de los barcos en construcción, que operarán de aquí a 30 años, se siguen haciendo igual, con combustibles fósiles. En ese 15 % restante se está innovando con tecnologías híbridas, gas natural licuado, hidrógeno, metanol y amoniaco. Esto nos deja en una situación complicada como puerto, porque tenemos que ofrecer estos servicios si no queremos perder negocio. No puede ser que Europa nos presione sin saber hacia dónde va el mercado. Imagínese la locura de tener que preparar nuestro puerto para ese 15 % de barcos. No nos podemos permitir apostar por el hidrógeno y que luego venga otro tipo de buques, la situación de verdadera incertidumbre.

¿La planta de gas de Totisa se queda obsoleta antes de nacer?

No porque conlleva una segunda parte para crear hidrógeno, es todo un ciclo. El proyecto sigue pendiente de informes, no podemos poner en marcha algo que cause más daño a la población, creo que eso lo entendemos todos. Hay que determinar si esa afección es o no más contaminante, si me lo permiten, que las propias emisiones reales del puerto. Eso es lo que se está valorando, y está en manos del Gobierno de Canarias, que nos dirá si podemos seguir adelante. Aquí se presentan proyectos todos los días y hay que estudiar cuáles son viables o no.

¿La granja de pulpos?

Preguntamos la semana pasada y sigue pendiente de cuestiones medioambientales. También serán esos informes los que determinen si se puede hacer o no.

¿Se han retomado las negociaciones con Astican, Zamakona y Navantia para poner en marcha el negocio de la energía eólica flotante?

Las negociaciones nunca se abandonaron porque son realmente importantes y la parcela es fundamental. El Puerto quiere asumir más servicios para hacer la licitación atractiva a las empresas. La idea surgió para generar energía eólica, pero creo que podemos presentar un proyecto un poco más ambicioso, con más versatilidad de usos, siempre dirigido a las energías alternativas. Seguimos trabajando con la esperanza de llegar a un acuerdo y sacar un proyecto interesante.

¿Entonces trabajan en un nuevo concurso al quedar desierto el anterior?

Sí, tendremos que ir a un nuevo concurso porque la adjudicación directa es casi imposible, pero antes tenemos que solucionar cosas. Estamos viendo la posibilidad de mejorar el proyecto inicial al introducir una cierta versatilidad de usos que sea atractivo a los operadores, siempre respetando el eje principal de la energía eólica.

¿Se renegociará la deuda de la estiba para hacerla viable?

Anteriormente se les hizo una oferta con un nuevo periodo de carencia o prórroga, pero no estamos por la labor. Es una deuda que hay que pagar, necesitamos que se solucione lo antes posible. Evidentemente no podemos pedir que se pague inmediatamente, porque nos colocaría en una situación difícil, pero hay que afrontar los pagos. Creemos que las cantidades son asumibles.

¿Cuál es el importe?

El plan de pagos está sobre la mesa, pero estamos negociando y prefiero esperarme al final por respeto a la otra parte.

¿Cuándo empieza la ampliación del Nelson Mandela?

Tenemos que esperar a la resolución del recurso de la empresa que perdió el concurso, solo estamos pendientes de eso.

Las estadísticas revelan una caída de la actividad, incluso baja el suministro de combustible, que es estratégico para Las Palmas, y sube en Tenerife. ¿A qué se debe esa pérdida de competitividad?

Las estadísticas mundiales van en esa línea. Lo de Tenerife deben valorarlo ellos, aunque, bueno, hay una gabarra que no suministraba allí y ahora sí lo hace. Eso puede explicar el aumento en Santa Cruz, pero el descenso del búnkering es general en los puertos. Hay que asumirlo. Vamos a esperar a la estadística de este mes para terminar de hacer nuestro análisis. Tenemos que comprobar si hemos enfocado bien el tema o debemos hacer una reposición.

Todo apunta a esa gabarra…

Es parte del análisis que queremos hacer cuando nos lleguen las estadísticas, pero debemos entender que el puerto es un conjunto y cualquier decisión tiene consecuencias. Antes de mirar a otro lado hay que hacer un análisis objetivo para ver si estamos haciendo las cosas bien.

El Gobierno de Canarias ha rectificado su política de nombramientos en el Consejo de Administración. ¿Está satisfecha con la situación actual?

No entramos a valorar esos nombramientos, ni los del Gobierno de Canarias ni los del Estado. Los respetamos, incluidos Cabildos o Ayuntamientos. Preferiría que hubiera más mujeres, pero no depende de mí, sino de las administraciones, y es importante que haya empresarios, como Lanzarote, que comparte su representación política con los intereses sociales y económicos de su Isla.

¿Echará de menos a María Fernández entonces?

Sí. Siempre he dicho que es una persona muy cualificada, tiene un lado técnico muy interesante. Dicho esto, bienvenido también el nuevo compañero.

¿Y las empresas portuarias? El nombramiento de un consejero vinculado al Puerto de Tenerife no ha sentado bien a dos de las patronales de aquí…

Eso entra en el ámbito empresarial, como las cámaras de comercio, que hace un año o dos llegaron a un acuerdo de representación. Las tres cámaras van rotando y están presentes en el consejo de administración por tiempos.

¿Lo mismo deberían hacer las empresas del puerto?

No digo eso, sino que es una cuestión que debe quedar en el ámbito de ellos. Los representantes los establece la ley. Estamos trabajando en una propuesta para modificar la ley portuaria en cuanto a la representación de los consejos de administración. Si la idea de que los representantes de los municipios estén en los puertos de interés estatal, entendemos que deben estar por derecho propio, no por que el Gobierno de Canarias ceda uno de sus nombramientos a un ayuntamiento.

¿Cuántos vocales quieren?

Creemos que podemos aumentar la representación en dos consejeros, uno podría ser para los ayuntamientos y el otro para los empresarios, pero lo estamos estudiando. En cuanto al nombramiento de Airam Díaz, los servicios jurídicos descartaron que hubiera incompatibilidad. Además, si surge algún conflicto de intereses, los vocales se ausentan y se abstienen en las votaciones.

¿Habrá cambios en el proyecto Puerto-Ciudad?

El objetivo es que se ejecute en estos años. El Ayuntamiento tienen que trasladar las naves de ayuda humanitara para liberar todo ese espacio, ese es el primer paso. Tengo una reunión acordada con la alcaldesa para revisar el proyecto, como la edificabilidad para recolocar alguna cosa, pero la idea es la misma, abrir ese gran espacio del puerto a la ciudad.

¿Habrá cabida para actos multitudinarios como los Carnavales ?

Estamos limitados por un tema de seguridad que viene impuesto desde el Estado, así que lo veremos cuando llegue el momento, porque cualquier cosa que se quiera hacer requiere primero el visto bueno del ministerio del Interior. Es interesante que el puerto se utilice para más cosas de las que se usa ahora, por lo menos esa parte, que será más accesible y cercana a la ciudad. Tendremos que cerrar otras zonas por seguridad, aunque eso no nos guste. Hay que aprovechar esa otra parte más liberada para poder darle acceso a la ciudadanía, porque esa zona tienen un valor importantísimo y tenemos que sacarle partido. Nos han llegado proyectos atractivos que pueden recualificar mucho el uso de ese espacio.