Los permisos de trabajo a extranjeros llegan en Canarias al máximo en 12 años

En 2022 se concedió en la Comunidad Autónoma un total de 7.590 permisos de trabajo en favor de ciudadanos extranjeros. Fue la mayor cantidad desde los 9.881 de 2011. En lo que va de 2023, en concreto hasta el 30 de junio, que es hasta donde abarcan los datos suministrados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, ya se han expedido otros 4.025 permisos a súbditos de terceros países para emplearse en Canarias. Son 524 más que a estas mismas alturas del año pasado y son la mayor cifra en un primer semestre también desde las 5.609 de 2011. La mayor cifra en más de una década.

El Ministerio dirigido por Yolanda Díaz, ahora en funciones, aún no dispone de información sobre los distintos sectores o actividades en que están ocupados esos 4.025 foráneos a quienes se les ha autorizado trabajar en la región en 2023. Pero sí se sabe ya en qué están empleados –o al menos en qué se emplearon tras recibir el permiso– los 7.590 extranjeros a quienes se les expidió la autorización el año pasado. Lo primero que llama la atención es que la incorporación de mano de obra foránea se ha generalizado en todos los sectores. Pero eso sí: la mayor parte sigue ocupándose en labores de baja e incluso muy baja cualificación y, por tanto, de bajos e incluso muy bajos salarios.

Limpiadores

Hasta un 26% de los extranjeros que consiguen permiso de trabajo en las Islas está en empleos domésticos o como personal de limpieza. Es decir, que uno de cada cuatro son limpiadores. La siguiente actividad más numerosa entre los nuevos afiliados foráneos a la Seguridad Social es la de restauración: camareros, barman, pinches de cocina… Algo lógico si se considera la altísima dependencia que tiene la economía canaria del negocio turístico. Así que dentro de la categoría de los trabajadores de servicios de restauración está otro 16% de los extranjeros. Tampoco sorprende que un 10% esté empleado como dependiente en comercios y que cerca de un 7% se ocupe como peón de obra. En definitiva, resulta así que alrededor del 59% de los foráneos que se incorporan al mercado laboral del Archipiélago, seis de cada diez, trabaja como limpiador, como peón, como dependiente o en la restauración en algún puesto de baja cualificación. Y estos, hay que insistir, son los que logran la autorización y, en consecuencia, se desempeñan en la Comunidad Autónoma con plenos derechos y obligaciones. Ni que decir tiene que los extranjeros empleados en la economía sumergida, esto es, en negro, ocupan puestos similares en cuanto a baja cualificación y bajos sueldos –son muchos en las tareas domésticas, en su gran mayoría mujeres– pero encima, claro, sin contrato y sin garantías.

No obstante, el fenómeno sociolaboral más novedoso en las Islas, o cuando menos el que más se ha intensificado en los últimos años, son esos cada vez mayores problemas con los que se topan las empresas para encontrar determinados perfiles profesionales entre los residentes. Es algo que viene denunciándose sobre todo desde los sectores de la hostelería, los transportes y la construcción. Y la información que maneja el Ministerio de algún modo da pábulo a las quejas del empresariado. El pasado año, las constructoras isleñas inscribieron en la Seguridad Social a 434 extranjeros de alta cualificación, en muchos casos por no haber podido dar con los perfiles necesarios en el mercado local. Fueron 288 trabajadores con titulación superior –la patronal no ha dejado de insistir en la necesidad de potenciar la Formación Profesional (FP)– y 146 operadores de instalaciones y maquinaria o montadores. Para hacerse una idea de hasta qué punto es inusual que la construcción tenga que importar tanta mano de obra foránea basta con apuntar que esos 434 extranjeros de alta capacitación fichados a lo largo de 2022 son la cifra más alta desde, como poco, 2011, que es el ejercicio a partir del cual el Ministerio ofrece datos sobre la colocación de los forasteros a quienes se les expide el permiso laboral. Y tres cuartos de lo mismo se observa en la categoría de los trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, a la que se incorporaron en 2022 hasta 211 foráneos; de los técnicos y profesionales científicos e intelectuales, a la que se sumaron el último año 296 extranjeros; o de los técnicos y profesionales de apoyo (339).

La evolución de los permisos de trabajo discurre en paralelo a la del propio mercado laboral. En Canarias hay en estos momentos 68.235 afiliados a la Seguridad Social más que en febrero de 2020, aquel último mes antes de la irrupción de la covid. Y de esos más de 68.000 nuevos cotizantes, 15.665 son extranjeros. Dicho de otro modo: un 23% de todos los puestos de trabajo creados en la región desde el estallido de la pandemia está ocupado por ciudadanos de terceros países, es decir, 23 de cada cien y prácticamente uno de cada cuatro.

La mano de obra foránea es así uno de los principales motores de crecimiento del mercado laboral del Archipiélago. De hecho, nada tiene que ver el actual escenario con aquel al que dio lugar la Gran Recesión de 2008-2014. Ante quienes dudan de esa máxima que dice que los flujos migratorios se regulan al dictado de la economía, cabe recordar lo ocurrido en 2012. Ese año, en lo peor de la crisis financiera, Canarias perdió 8.425 habitantes, lo que tuvo mucho que ver con el viaje de vuelta de miles de inmigrantes que habían venido a trabajar en la construcción al calor de la burbuja inmobiliaria. La burbuja estalló; proyectos y promociones se quedaron a medio hacer; centenares de empresas cerraron; y aquellos asalariados extranjeros regresaron a sus países de origen o marcharon a otros en busca de mejor futuro. No fue algo aislado. Antes de que aquel largo período de estrecheces terminase, las Islas perdieron en 2014 otros 13.864 habitantes. Ahora otra crisis se cierne sobre la economía occidental, o más bien una doble crisis: la de los rescoldos de la pandemia y la del disparate de los precios. Sin embargo, el empleo va como un tiro en la Comunidad Autónoma, al menos en términos estrictamente cuantitativos –cuestiones aparte son los históricos bajos sueldos, la deficiente redistribución de la renta o las mayores tasas de temporalidad y parcialidad–. Y en ello, en esa buena marcha, tienen mucho que ver los extranjeros.

En estos momentos está de alta en la región un total de 119.171 trabajadores foráneos. El número por sí solo no dice gran cosa, pero se trata de un nuevo récord histórico. Es más, en los tres años y medio transcurridos entre pandemia y ola inflacionaria la cifra de afiliados extranjeros se ha incrementado en el Archipiélago un 15,1%, mientras que el total de ocupados de alta en la Seguridad Social solamente lo hizo un 8,3%. En otras palabras: el número de empleados foráneos aumenta en la Comunidad Autónoma casi al doble de ritmo que el total de afiliados.