El recrudecimiento del conflicto palestino-Israelí, tras la masacre perpetrada por Hamás del pasado 7 de octubre y la repuesta de Israel en forma de bombardeos contra Gaza, ha vuelto a poner sobre la mesa el papel de la justicia universal ante la comisión de crímenes de guerra sobre la población civil. La Corte Penal Internacional (CPI) ha recordado esta semana que tiene jurisdicción tanto sobre los potenciales crímenes de guerra cometidos por Hamás en Israel como por los de Israel en la Franja de Gaza, incluso aunque Israel no sea Estado miembro, según ha dicho el máximo fiscal del tribunal, el británico Karim Khan, en sendas entrevistas con Reuters y la BBC.
«Tenemos jurisdicción sobre cualquier crimen recogido en el Estatuto de Roma, como el genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cometidos por palestinos en Israel y también tenemos jurisdicción por cualquier crimen cometido por las fuerzas de Israel en Palestina», ha dicho Khan a la cadena británica BBC. Los tres expertos consultados por este diario ven margen para la causa, aunque su progreso es complicado.
Este miércoles, varios centenares de palestinos se manifestaron a las puertas de la CPI en La Haya, exigiendo que emprenda acciones por lo que califican de genocidio contra los palestinos. Un día después, la Fiscalía que preside Khan realizó un llamamiento público para tratar de recabar «información relevante». Y sugiere que cualquier persona quiera notificar incidentes, incluso de forma anónima, lo haga en la página web (https://otplink.icc-cpi.int/). La oficina que preside considera que el mandato, vigente desde 2021, «se aplica al actual contexto».
Hechos desde 2014 hasta hoy
Las consecuencias de los enfrentamientos violentos en Israel y los Territorios Ocupados palestinos son materia propia del Tribunal Penal Internacional desde 2021, cuando la corte dictaminó que tenía jurisdicción para investigar hechos registrados en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este que pudieran haber sido cometidos tanto por militares y políticos israelíes como por milicianos palestinos desde 2014.
Aquel año, Israel bombardeó la Franja cercada y dejó más de 2.200 muertos, en su mayoría civiles y medio millón de desplazados, además de 66 soldados israelíes fallecidos. “Estoy convencida de que se han cometido o se están cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este”, dijo la anterior fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en 2019.
Sin embargo, los impulsores palestinos de la causa contra Israel en La Haya no confían en que el actual fiscal tenga interés en llevar este caso adelante. “Creo firmemente que Khan ni es capaz ni quiere avanzar en la investigación”, dijo en marzo a este diario Raji Sourani, abogado palestino que representa el caso de decenas de gazatíes y director del Palestinian Centre for Human Rights. “Khan ha politizado la CPI, y selecciona los casos. Cuando Ucrania fue invadida y ocupada por Rusia, él reaccionó rápidamente. En menos de dos meses, levantó un equipo de 53 personas; ha visitado Ucrania siete veces, hace declaraciones diarias y entrevistas. Sobre Palestina no ha dicho ni una sola palabra”.
Este diario ha sido incapaz de localizar estos días a Sourani, que vive en un suburbio de Ciudad de Gaza. Este sábado se ha sabido que su vivienda ha sido bombardeada por el Ejército israelí, aunque él habría salido ileso, según ha anunciado en X Francesca Albanese, la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados de palestina.
Israel lo ha detenido en ocasiones anteriores y lo acusa de ser pro-Hamás. Sourani ha sido condecorado con el prestigioso premio estadounidense Robert F. Kennedy de Derechos Humanos y ha recibido la Orden Nacional del Mérito Nacional de Francia.
Investigación complicada
El Estatuto de Roma, que regula el funcionamiento de la Corte y vigente desde el 1 de julio de 2002, ha sido ratificado por 60 países, incluida España. Pero muchos grandes Estados no reconocen su jurisdicción, como la Federación Rusa, Estados Unidos, China y el propio Israel, por lo que desde este país no se colabora con las pesquisas de los investigadores internacionales. El propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha calificado la investigación de la CPI como «epítome del antisemitismo». Tampoco se espera cooperación por parte de las milicias de Hamás, calificadas de grupo terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos.
No obstante, dado que Palestina sí ha ratificado el Estatuto, los hechos cometidos por ciudadanos israelíes en dichos territorios pueden ser perfectamente competencia del tribunal internacional, según señalan a este diario varios expertos consultados.
Juan Antonio Perea, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, recuerda a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que la competencia sobre las investigaciones en Palestina se acordó en la sala de admisiones del Tribunal Penal Internacional por dos votos frente a uno. Su objeto no es un suceso concreto, por lo que todo lo que venga ocurriendo en dicho territorio se podría ir sumando a la causa.
«Una vez que haya suficientes indicios y se puedan determinar responsables, se formularía una demanda contra ellos», explica, si bien advierte que el hecho de que Israel no forme parte de la Corte complica cualquier actuación contra sus dirigentes, como podría ser Benjamín Netanyahu. También se podría investigar la responsabilidad de los dirigentes de Hamás, que gobiernan en Gaza como «un gobierno local que es insurgente respecto del gobierno de Ramala», donde reside el representante legítimo del pueblo palestino, la Autoridad Nacional Palestina, presidida por Mahmud Abás.
El experto reconoce que durante los dos últimos años la investigación de la Corte sobre Palestina apenas ha tenido avances, o bien éstos no se han dado a conocer. En cuanto a España, como estado miembro del órgano podría presentar su propia demanda -tal y como ha solicitado la ministra de Podemos Ione Belarra-. Sin embargo, destaca que, aunque proponerlo es fácil, presentar pruebas es más complicado. «No basta con una afirmación o con los hechos que salen en los periódicos, hacen falta testigos, testimonios escritos, documentos, informes periciales, etc.«, añade el experto.
Paralelismo con Putin
José Ángel López Jiménez, profesor de Derecho Internacional de Comillas ICADE, subraya el paralelismo con lo ocurrido con Vladimir Putin por la guerra de Ucrania, contra quien la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención, no por la invasión en sí, sino por asunto derivado de la misma, como es la deportación forzada a Rusia de niños ucranianos una vez iniciado el conflicto.
Esta orden no le supone al dirigente ruso ningún problema en su país, pero la cosa cambia si visita otro estado que si haya firmado el Estatuto de Roma. El pasado verano, el mandatario ruso decidió no asistir a la cumbre de los BRICS en Johannesburgo, debido a la orden de arresto. El Gobierno sudafricano le había advertido de que, si visitaba el país, tendría que cumplir con la orden y arrestarle.
El Tribunal Penal Internacional no puede juzgar a ningún acusado ‘in absentia‘, es decir, necesita que el individuo en cuestión se siente en el banquillo y responda en persona por los crímenes que se le imputan. Sin embargo, no dispone de una institución capaz de ejecutar el arresto, por lo que depende de los Estados miembros.
En el caso de la guerra Israel-Hamás, y si se estableciera una implicación de Netanyahu en crímenes contra la humanidad, podría emitirse una orden contra él aplicable fuera de Israel, si bien por el momento esta posibilidad parece poco probable. «Israel no va a facilitar en la investigación de esos crímenes en Palestina y, como ha pasado con Rusia, no va a entregar a ningún militar ni a dirigentes como Netanyahu como instigador de hechos cometidos contra dos millones de personas», reconoce López Jiménez.
También apunta el profesor que los informes preliminares que realizan los investigadores de la corte son el resultado de procesos «lentísimos» que muchas veces dependen de los cambios en las fiscalías, ya que hay fiscales más proactivos que otros.
Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, apunta que con el precedente de Putin «es perfectamente posible que el fiscal, si quiere, y si es coherente con lo que ha hecho en Ucrania, pueda procesar a Netanyahu«. De lo contrario quedaría, a juicio de este experto, «como un tribunal muy sesgado» y por crímenes que, según su criterio personal, son «mucho más graves».
El que fuera fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Gabriel Moreno Ocampo, se ha pronunciado estos días de forma favorable a que se impulse una investigación. «Se podría investigar el asesinato de civiles en Gaza como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad«, del mismo modo «el ataque masivo de Hamás contra civiles» fue igualmente «un crimen contra la humanidad», ha dicho.
En la red social X, ha manifestado que la respuesta de Israel a los crímenes de Hamás no debería ser un pogromo en Gaza.
