En los últimos días han coincidido el asesinato del profesor Dominique Bernard y el tercer aniversario de la decapitación del docente Samuel Paty, por lo que un dilema planea en las conversaciones entre el profesorado en Francia: ¿cómo garantizar la seguridad en los centros educativos sin convertirlos en un búnker? Este debate está en el centro de la actualidad en el país, tras el ataque la semana pasada de un exalumno sumido en el delirio yihadista contra un instituto en Arras, en el norte del territorio francés. A eso se suma la multiplicación de falsas alertas por bomba en escuelas e institutos: ha habido más de 300 desde principios de septiembre.
“Este momento actual me recuerda mucho a cuando asesinaron a Samuel Paty”, explica a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, el profesor Christophe Naudin, uno de los supervivientes del atentado en la Sala Bataclan y que da clases de Historia y Geografía en un instituto en Arcueil, en el sur de la periferia de París. Como sucedió en el triste otoño de 2020 –cuando coincidió una oleada de discursos hostiles contra Francia en países musulmanes con una serie de atentados de pequeña escala, con un total de cuatro muertos—, el Gobierno de Emmanuel Macron reaccionó al asesinato del profesor Bernard elogiando a “la escuela y la transmisión del saber que están justamente en el corazón de la lucha contra el oscurantismo”.
“Desde el 2015, todos los centros disponen de protocolos de seguridad” pero “debemos ir más lejos” para que las escuelas “continúen siendo un santuario”, defendió el ministro de Educación, Gabriel Attal. Tras el atentado en Arras, las autoridades anunciaron el despliegue de 1.000 agentes de seguridad delante de los centros educativos (un total de 60.000). También han aumentado de 3.000 a 7.000 los soldados que patrullan por las calles francesas. El país vecino ha elevado al máximo su nivel de alerta antiterrorista.
Reconocimiento facial
No obstante, la educación es una competencia descentralizada en Francia. La seguridad en las aulas depende de los gobiernos municipales y regionales, quienes destinan importantes partidas presupuestarias para ello. Hace tiempo que los centros educativos dejaron de ser espacios abiertos a la calle. El presidente de la región Auvergne-Rhone-Alpes (centro-este), el conservador Laurent Wauquiez –cuya administración ha invertido 110 millones de euros desde 2016 para instalar alarmas, cámaras de videovigilancia y otros dispositivos de este estilo–, ha propuesto la instalación de sistemas de reconocimiento facial en las entradas de los liceos para “detectar a los individuos vigilados por radicalización terrorista”.
Esta competición entre políticos para ver quién propone la medida de seguridad más impactante no entusiasma a los educadores. Ellos se conformarían con que solucionaran problemas más básicos. “Hay puertas y alarmas que no funcionan y deberían haber sido reparadas desde hace tiempo”, afirma Marie Hélène Plard, cosecretaria departamental del sindicato educativo FSU SNUipp en Seine-Saint-Denis, departamento ubicado en el norte de la región de París y con el porcentaje de pobreza más elevado en la Francia metropolitana.
«Peticiones alucinantes»
“Durante la última semana, he visto peticiones alucinantes en materia de seguridad. La administración nos ha preguntado si disponíamos de detectores de metales, de cámaras de videovigilancia… No estoy segura de que necesitemos todo eso”, añade Plard, quien también ejerce como directora en una escuela en la Île-Saint-Denis. Ella forma parte de los docentes que no han cambiado su manera de funcionar tras el ataque de Arras. Ha dejado que los padres sigan entrando para recoger a sus hijos, “algo que han agradecido”.
“Si empezamos a convertir los centros educativos en fortalezas, los alumnos no se sentirán cómodos”, advierte Naudin. En su instituto sí que cambiaron el funcionamiento esta semana y empezaron a inspeccionar las mochilas de los alumnos para evitar que introduzcan objetos peligrosos. “Tenemos que vigilar ante esta espiral en materia de seguridad, tanto por motivos éticos como económicos”, añade el autor del libro ‘Journal d’un rescapé du Bataclan’. Critica, además, el contraste entre “los grandes discursos de amor de los políticos hacia los profesores” en momentos críticos y la realidad del resto del año en que no se sienten «respetados ni por la administración ni por la sociedad”.
Falsas alertas de bomba
A pesar del tópico de la educación como uno de los pilares de la V República francesa, el trabajo como docente ha sufrido una clara precarización. En 1980, el salario de un joven profesor de secundaria representaba 2,2 veces el salario mínimo: ahora es de apenas el 1,2. “Ya no disponemos del mismo prestigio social que antes. Los adolescentes respetan más a un agente inmobiliario que a un docente”, añade Naudin, quien considera que se trata de otro factor que favorece la agresividad en las aulas. Además de Bernard y Paty, una profesora de castellano murió acuchillada en febrero en el sur de Francia. En ese caso, se debió a un alumno con problemas psicológicos.
“Las escuelas no están exentas de la violencia del resto de la sociedad. Son como una bomba de relojería”, sostiene Natalia Ruiz, profesora de Castellano en un liceo en Saint-Denis. Representan una caja de resonancia de una sociedad tan fracturada como la francesa, en la que las ideas ultraderechistas del lepenismo irradian y magnetizan a menudo el debate público y también los asuntos educativos. “La vuelta al cole estuvo marcada por la prohibición de la abaya”, una túnica tradicional en países musulmanes que ya no pueden llevar las niñas y adolescentes desde esta ‘rentrée‘. Aunque el Ejecutivo tomó esa medida con el argumento de facilitar el trabajo a los profesores, “muchas alumnas con raíces musulmanas se sintieron señaladas por ella”.
Visión agresiva de la laicidad
“Se ha desarrollado una visión muy agresiva de la laicidad y con esta dinámica nos han convertido en un objetivo potencial”, lamenta la sindicalista Plard. Toda la controversia por la abaya coincidió con un fenómeno que ha generado una preocupación creciente: la proliferación de falsas alertas de ataques bomba contra espacios educativos. Aunque ya se produjeron de manera puntual en junio, se han multiplicaron este trimestre. Hubo 117 entre principios de septiembre y el 6 de octubre, la víspera de la nueva escalada en el conflicto palestino-israelí. El fenómeno se ha intensificado en las últimas semanas. Ahora mismo la cifra supera las 300.
La mayoría de los detenidos por estas falsas alertas son menores de edad, a menudo con grandes conocimientos de informática y con motivaciones difusas. Para algunos de ellos, se trata de una especie de competición macabra, alimentada por la ‘deep web’ (internet oscuro). “En el anterior instituto en que trabajé, llevan dos semanas con una alerta de bomba a diario y con el centro evacuado todas las mañanas”, explica Ruiz. Los profesores viven este fenómeno con una mezcla de resignación y miedo. Una atmósfera angustiante en que resulta difícil construir un ambiente de concordia y respeto. Y crear un espacio idóneo para educar.
