Senadores del PP acusan de pasividad a Génova por no usar la Cámara Alta para controlar al Gobierno

El PP lleva varias semanas denunciando lo que considera «secuestro» del Congreso de los Diputados. Aunque el Parlamento se constituyó el 17 de agosto no se celebran plenos, ni comparecencias, ni sesiones de control al gobierno en funciones. Desde entonces, la única cita parlamentaria fue la del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo los días 26 y 27 de septiembre, con una segunda votación, también fallida, el 28 del mismo mes. El último control en la Cámara Baja data del 17 de mayo. Desde entonces ningún miembro del Ejecutivo se ha visto obligado a responder sobre cualquier asunto, sean cumbres europeas, crisis migratorias, o, por ejemplo, el penúltimo conflicto en la Franja de Gaza.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la mayoría socialista y de Sumar en la Mesa del Congreso cortocircuitan cualquier iniciativa de los populares por mucho que haya una sentencia del Constitucional de 2028 avalando que un gobierno en funciones pueda someterse a control parlamentario. Pero, paradójicamente, ese no es el caso del Senado donde el PP disfruta de una holgada mayoría absoluta con la que está en disposición de forzar comparecencias del presidente del Gobierno y de los ministros, convocar plenos de control y constituir las comisiones parlamentarias, aunque ya tiene, al menos, calendario del periodo de sesiones plenarias.

Podríamos estar haciendo mucho más con nuestra mayoría absoluta», dicen en el Senado

Si bien este jueves se celebró en la Cámara Alta una reunión de la comisión general de Comunidades Autónomas, con la sorpresiva presencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, además de sus homólogos del PP, que advirtieron que no tolerarán cesiones a Cataluña que supongan una asimetría con respecto a sus territorios y abominar de la nueva ley de amnistía, la sensación entre los senadores del PP es que «podríamos estar haciendo mucho más con nuestra mayoría absoluta». Muy tímidamente, los populares pidieron el pasado día 10 la comparecencia en el Senado del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, «para que informe de la posición del Gobierno ante el ataque terrorista de Hamas a Israel», si finalmente no lo hace en el Congreso.

No deja de ser paradójico, señalan, que la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, denuncie el «secuestro» de la Cámara Baja, donde la actividad parlamentaria es inexistente, y en cambio, «no se use el Senado para marcar el paso al Gobierno» y se vea obligado a hablar, por ejemplo, de las dos cuestiones que más esquiva e incomoda, esto es, de amnistía y referéndum de autodeterminación.

Quizá uno de los escollos para poner al Senado a pleno rendimiento es la situación de interinidad de su portavoz. El histórico andaluz Javier Arenas fue el elegido para sustituir a Javier Maroto, ahora vicepresidente primero de la Mesa de la Cámara. Se trató de una solución de compromiso a la espera de acontecimientos, pero este medio reveló ayer que varios sectores del partido apuestan por solventar ya dicha interinidad para poder «hacer oposición de verdad», independientemente de que el actual gobierno esté en funciones y, por tanto, sólo pueda ocuparse del despacho ordinario de los asuntos públicos», salvo casos de urgencia debidamente acreditados, tal y como reza el artículo 21.3 de la ley de Gobierno.

A fin de cuentas la situación no es nueva aunque los actores hayan intercambiado papeles. Entre las elecciones generales de diciembre de 2015 y la conformación del nuevo gabinete ministerial tras la repetición electoral de junio de 2016, mediaron 315 días, casi diez meses, de interinidad de Mariano Rajoy. Fueron entonces los socialistas los que pelearon porque el Gobierno popular se sometiera a sesiones de control. El propio Congreso, entonces presidido por el socialista Patxi López, presentó ante el TC un conflicto de atribuciones contra el Gobierno.

El TC estimó que «el hecho de que el Gobierno esté en funciones no impide la función de control»

El tribunal de garantías constitucionales estimó que «el hecho de que el Gobierno esté en funciones no impide la función de control de las Cámaras, ya que en la medida en que el Gobierno sigue desarrollando actividad, esta no puede quedar exenta del control de las Cortes Generales conforme a los artículos 1 y 66 CE, sin perjuicio de que, la función de control habrá de adecuarse a la propia situación del Gobierno en funciones». El motivo del choque institucional se produjo por una petición de comparecencia urgente del que era en 2016 ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, para informar sobre los asuntos tratados en una reunión de Ministros de Defensa de la OTAN. Significa que, en puridad, el Ejecutivo podría ser convocado, por las Cámaras aún estando en funciones.

Por ejemplo, la ausencia de actividad parlamentaria fue sustituida ayer por una reunión del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, con los portavoces de los Grupos Parlamentarios para informarles de la amenaza terrorista en España tras el conflicto bélico en la Franja de Gaza.