Las relaciones diplomáticas entre España e Israel se han visto resentidas por el cruce de declaraciones entre miembros del Gobierno y la embajada del país extranjero. La parte de Podemos del Ejecutivo ha pedido llevar al presidente israelí, Benjamín Netanyahu, ante la Corte Penal Internacional por el conflicto desatado contra Gaza, mientras que la embajada judía ha calificado de «inmoral» a esos componentes del Gobierno. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, tuvo que llamar a la embajadora, Rodica Radian-Gordon, para calmar las aguas.
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha insistido este miércoles en que España en el ejercicio de la presidencia del Consejo Europeo promueva en la UE el embargo de armas y sanciones económicas. «No es la primera vez que vemos que el conflicto entre Israel y los palestinos lleva a manifestaciones antisemitas. España, como presidenta de la UE, sabemos que da importancia al plan de combate en la lucha contra el antisemitismo. Esperamos que el gobierno haga todo para que no haya más manifestaciones no solo de antisemitismo, sino de odio y declaraciones inconvenientes», respondió la embajadora israelí.
En medio de las acusaciones, los servicios secretos siguen manteniendo «buena relación». Fuentes de inteligencia afirman que la interlocución entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Mossad, su homólogo israelí, está «donde deben estar». El seísmo no ha alcanzado al intercambio de información sensible.
Posición de España
Las relaciones entre ambas agencias de inteligencia ha sido tradicionalmente buena. La situación en Oriente Medio en torno al terrorismo yihadista y su evolución en el resto del mundo es de interés y preocupación para todos los países, pero para España en especial. La posición geográfica española, con una frontera avanzada que llega hasta el Sahel, convierten a nuestro país en un blanco para los radicales.
El legado cultural que dejó el islam en España durante ocho siglos también es reclamo para el yihadismo. En la concepción de la «guerra santa» reclamar tierras que consideran suyas históricamente pone a la península ibérica en el foco de posibles acciones de terror.
Tras el ataque sorpresa de Hamás en Israel, que dejó más de 1.300 muertos el pasado sábado 7 de octubre, el Ministerio del Interior ha decidido reforzar el nivel 4 de la alerta antiterrorista. Entre otras medidas, se ha incrementado la seguridad en varias embajadas, incluida la de Israel por temor a posibles ataques antisionistas. También se ha aumentado la vigilancia en sinagogas y centros judíos.
La cooperación entre la Casa y el Mossad es fundamental en este momento, ya que el grupo terrorista Hamás ha confirmado que uno de los 203 secuestrados es el español Iván Illarramendi, un vasco de 46 años que vivía en un kibbutz a escasos metros de la frontera. Desde el bando palestino poco se sabe de su situación, y la información que se consiga para poder sacarlo dependerá del Shin Bet, el servicio de inteligencia interior de Israel.
Caso ‘Pegasus’
Tampoco el caso de espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a varios de sus ministros ha hecho zozobrar el trato entre el CNI y el Mossad. El pasado julio, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama archivó la causa para averiguar quién estaba detrás de la infección con el malware Pegasus de los miembros del Ejecutivo.
En su auto, que arrojó varias preguntas sin responder, el magistrado cargaba duramente contra Israel, país del que depende la empresa NSO productora del programa espía. Calama pidió en varias ocasiones distinta información que el Gobierno de Netanyahu se negó a dar. «Este silencio evidencia claramente una absoluta falta de cooperación jurídica por parte del Gobierno de Israel», reprochó Calama.
Las investigaciones, incluido el Parlamento Europeo, apuntan a que Marruecos es quien se esconde detrás de los gigas robados a Sánchez, al ministro del Interior, a la titular de Defensa y al de Pesca y agricultura. «La cooperación va en función de intereses», señalan las fuentes de inteligencia consultadas, que subrayan que entonces tampoco dudaron los servicios secretos en confiar el uno en el otro. No en vano, el juez indicó en su auto que era la vía diplomática la que debía activar el Gobierno si realmente querían descubrir quién estuvo detrás del spyware que atacó los móviles de los representantes públicos.
