La Asociación de Fiscales, de representación mayoritaria en la carrera, ha pedido al Tribunal Supremo que declare nulo el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática, un cargo de nueva creación que fue promovido por ella misma cuando era ministra de Justicia.
La Asociación de Fiscales afirma que en la designación de Delgado se prescindió «absolutamente» del procedimiento legal establecido debido a un cúmulo de «irregularidades» que la llevan a hablar, incluso, de desviación de poder.
La demanda reclama que se extienda la declaración de nulidad a los actos realizados por Delgado en el ejercicio de sus funciones.
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La AF relata que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, adelantó al 8 de junio pasado la convocatoria del Consejo Fiscal para informar sobre la cobertura de la plaza, inicialmente señalada para el 19 de junio. Lo hizo dos horas más tarde de conocerse el adelanto de las elecciones generales.
«El resultado de las elecciones generales era incierto», señala, por lo que García Ortiz precipitó el debate del Consejo Fiscal «con el objeto de asegurarse que podía realizarse la propuesta antes de la constitución del nuevo Gobierno».
Posible incompatibilidad
El fiscal general rechazó la petición que hizo la consejera Beatriz Sánchez Carreras, en nombre de los seis vocales de la AF, de que se retirara ese nombramiento del orden del día para iniciar un expediente gubernativo sobre la «posible causa de incompatibilidad» de Delgado para ese cargo.
La apreciación de las incompatibilidades es una competencia del propio Consejo Fiscal. En el caso de Delgado, esa circunstancia derivaría de su relación de pareja con Baltasar Garzón, presidente de la fundación FIGBAR y fundador del bufete Ilocad, entidades que promueven la persecución de los delitos perpetrados por el régimen franquista y llevan a cabo acciones legales que se enmarcan en la esfera de actuación de la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática.
«Es evidente que si se mantuviera el nombramiento de Dolores Delgado, ésta va a intervenir en los procedimientos promovidos por su pareja o por la fundación de la que su pareja es presidente», señala la demanda, que también refleja la colaboración de la propia Delgado en eventos de FIGBAR.
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La negativa del fiscal general a que se abriera un procedimiento para examinar la eventual incompatibilidad de Delgado para el cargo de fiscal de Sala de memoria democrática llevó a 7 de los 11 vocales del Consejo que tenían que informar sobre el nombramiento a no hacerlo.
«Si sólo han informado 4 de 11, no se puede considerar que existiera quorum para dar por emitido el informe», señala la AF.
A su juicio, además, dos de los miembros del Consejo que informaron sobre el nombramiento -la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, y la inspectora, María Antonia Sanz- debieron abstenerse de participar en este proceso, lo mismo que el propio García Ortiz, ya que los tres deben a Delgado su promoción a la categoría de fiscal de Sala.
«El fiscal general del Estado ha incumplido de forma palmaria las reglas esenciales para la formación de la voluntad de un órgano colegiado como el Consejo Fiscal, al decidir de forma unilateral y en contra de la mayoría de sus miembros que no se sometiera a la consideración del Consejo el cumplimiento de una de sus funciones, como es la apreciación de una causa de incompatibilidad en
una de las peticionarias de una plaza de nombramiento discrecional, lo que, a su vez, afectaba al cumplimiento de su otra función consistente en informar los nombramientos de los cargos del Ministerio Fiscal», afirma la demanda.
El mismo día en que se reunió el Consejo, el fiscal general propuso a Delgado para el cargo en un escrito que la AF considera «preparado de antemano».
Falta de motivación
La demanda achaca a esa propuesta una falta de motivación, ya que «se limita a hacer una reproducción del curriculum vitae de Delgado, en donde además de valorar sus responsabilidades como fiscal, entra también a valorar su actuación siendo ministra de Justicia y fiscal general del Estado, lo que en caso alguno debería de haber sido objeto de valoración». En cambio, «no consta valoración alguna del resto de candidatos».
«En una sociedad democrática no es aceptable que una persona proponga desde un cargo público de designación política la creación de una plaza de carácter profesional previamente inexistente, la definición de sus funciones y facultades, y la habilitación de los fondos de los presupuestos generales del estado para su creación, para a continuación, una vez creada la plaza, dejar el cargo público y optar y obtener el nombramiento para dicha plaza», señala la Asociación de Fiscales.
APIF: «Tráfico de favores»
También ha formalizado su demanda contra el nombramiento de Delgado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. La APIF tiene un vocal en el Consejo Fiscal, Salvador Viada.
La APIF coincide en señalar las mismas «irregularidades» apreciadas por la AF, entre ellas el adelantamiento de la reunión del Consejo. García Ortiz «tenía prisa» por nombrar a Delgado, «su anterior jefa, mentora y amiga», debido al adelanto electoral, afirma.
Sostiene que García Ortiz se negó a abstenerse y a estudiar la posible incompatibilidad de Dolores Delgado por «su muy estrecha relación de amistad» con ella.
En este sentido, recuerda que cuando Delgado era fiscal general nombró a García Ortiz jefe de su Secretaría Técnica, «promoviéndole así a la primera categoría de la carrera fiscal, lo que le convirtió en el fiscal de sala más joven del escalafón».
«Parece más que razonable pensar que el nombramiento de García Ortiz como fiscal general (después de la dimisión anticipada de Delgado) se debió básicamente a los buenos oficios de su antecesora», añade.
La APIF aprecia en todo ello «un indebido tráfico de favores» entre ambos, «que no favorece precisamente la imagen institucional de la Fiscalía».
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