«Los gitanos sois más perros que los perros»; «Deberían expulsarlos de España de forma inmediata (a los gitanos)»; «Son gitanos, no tienen ni patria ni rey. Ratas»; «Matar gitanas tendría que ser legal». Estos mensajes, publicados en redes sociales, son algunos de los que recoge la Fundación Secretariado Gitano (FSG) en su 19º Informe Anual ‘Discriminación y Comunidad Gitana‘, cuyo tema de fondo está dedicado a los hostigamientos colectivos antigitanos en 2022, como los casos producidos en Íllora (Granada) y Peal de Becerro (Jaén).
En total, el trabajo recoge 532 casos de discriminación y antigitanismo atendidos por la fundación durante todo el año pasado e incluye un relato detallado de todos ellos, con una descripción de los hechos, la intervención y el resultado obtenido.
«Los hostigamientos colectivos antigitanos, de sucesos como los de Peal de Becerro e Íllora, y otros ocurridos en el pasado, nos muestran la necesidad de seguir denunciando los casos de discriminación antigitana. Se trata de hechos muy graves que tienen un impacto traumático en las familias afectadas, y donde la prevención y la respuesta institucional y de los servicios policiales es clave, junto con el necesario acompañamiento a las víctimas, muchas de ellas menores de edad», ha asegurado en la presentación, que ha tenido lugar en Sevilla, Sara Giménez, presidenta de la Fundación Secretariado Gitano.
Discriminación en diversos ámbitos
Hay casos de todo tipo. Noticias negativas que nombran la etnia gitana cuando, a su entender, no era relevante para comprender la noticia; mensajes con un tono violento en redes sociales como Twitter y Facebook; casos de personas que han tenido situaciones desagradables con vigilantes de seguridad al entrar en tiendas por sentirse seguidas o vigiladas; o grupos de amigas o parejas a los que se les ha negado la entrada en discotecas aludiendo al «aforo completo» cuando, en realidad, seguía entrando gente. Todas estas personas estaban seguras de que ser gitanas marcó la diferencia en el trato que les dieron.
La Fundación Secretariado Gitano señala que ve dos tendencias a partir de estos datos: «Por una parte, se siguen produciendo actos discriminatorios contra personas gitanas en todos los ámbitos de la vida social: educación, empleo, salud, vivienda, acceso a bienes y servicios, etc., lo que supone una barrera para el disfrute de los derechos fundamentales por parte de estas personas; por otra, encontramos un mayor empoderamiento de las víctimas de estos casos. Las personas gitanas son más conscientes de su derecho a la igualdad, y denuncian estas situaciones con mucha más asiduidad, buscando justicia y reparación», asegura en el informe Sara Giménez.
La presidenta también destaca dos resoluciones judiciales que han recaído en 2022: la condena en un caso de acoso vecinal antigitano en Burgos y la conciliación en sede judicial que llevó a una empresa a indemnizar a una joven gitana, reconociendo un despido nulo por discriminación.
Con todo, la FSG asegura que este trabajo no pretende ser un estudio exhaustivo de los casos reales que se dan en España ya que «hay muchos más casos de discriminación contra la comunidad gitana y antigitanismo», aunque la mayoría no se denuncien. «Podemos decir que lo que aparece en estos informes es sólo ‘la punta del iceberg’ de una situación estructural», aseguran.
