En las últimas semanas, unas pocas organizaciones, así como particulares, han salido a los medios de comunicación para lanzar advertencias al gobierno valenciano para que no prosiga su avance en favor de liberar a los ciudadanos de las leyes totalitarias que impusieron el Partido Socialista del País Valencià (sic) y Compromís.
La Plataforma de Docentes, desde el respeto a la libertad de expresión, pero atendiendo también a nuestra vocación didáctica, desea explicar a estos “manifestantes” algunos conceptos, al tiempo que alertamos a la opinión pública para que no se deje enmarañar por algunas ideas confusas difundidas.
Para empezar, el autoproclamado Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza del País Valencià (sic) afirma en un comunicado que con las propuestas legales del Consell se busca «eliminar el derecho del alumnado de comarcas castellanohablantes a estudiar en valenciano asignaturas no lingüísticas”. Aunque desconocemos el origen de este error, está claro que confunden, seguramente de forma involuntaria, el término “derecho” con el de “obligación”. La Ley de Plurilingüismo forzaba a los alumnos de las comarcas castellanohablantes a estudiar “en valenciano”. Ahora, el cambio legislativo, busca que los alumnos tengan el derecho, no la obligación, de escoger lengua. Al menos en los referidos territorios, no así al resto de las familias castellanohablantes de la Comunidad que, suponemos para satisfacción del supuesto sindicato, continúan sin poder estudiar en su idioma materno que, casualmente, es la lengua oficial de España. En este sentido confiamos que en próximos pasos, el gobierno permita que la libertad se extienda a la totalidad de las familias de la Comunidad.
Prosiguen los responsables del STEPV en su escrito y lamentan que el nuevo gobierno modifique la norma “sin ningún informe o estudio sobre la aplicación del plurilingüismo en estas comarcas y que justifique esta decisión”. Nos llama poderosamente la atención que digan tal cosa los mismos que jalearon la Ley de Plurilingüismo que vulneraba flagrantemente el Estatuto de la Comunidad y que fue aplicada verbalmente, como demuestra el hecho de que el gobierno del Botánico no fue capaz de emitir ni un solo documento legal sobre la misma, siendo posiblemente la primera ley del siglo XXI desarrollada a golpe de llamada telefónica y mensaje de whatsapp. Quizás los representantes del sindicato, imbuidos en otras tareas desconocen los más de 2000 recursos presentados por los padres sólo en la Vega Baja; un número que convirtió a esta Ley en la más repudiada de la historia de nuestra Comunidad, circunstancia subrayada por la mayor manifestación de la historia de la Vega Baja, que reunió a más de 20.000 padres en Orihuela. Aunque seguramente no ignoran que el propio STEPV animó a Conselleria a la exigencia del requisito que puso en la calle a más de 500 trabajadores, convirtiéndose, quizás, en el primer sindicato del mundo que jaleaba la despedida de trabajadores.
Seguimos leyendo en el texto distribuido que la reforma legal «introduce un trato diferenciado entre el alumnado de los territorios de predominio lingüístico valenciano y los de predominio lingüístico castellano fijados por la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano (LUEV), prohibido expresamente por el artículo 14 de la Constitución Española, como también por el artículo 6.º del Estatuto de Autonomía valenciano». Celebramos que el sindicato, tan comprometido ideológicamente con el independentismo catalán, utilice la Constitución Española y el Estatuto como argumento legal de prestigio. Aunque lamentablemente el manejo de las citas no es demasiado afortunado y se hace una interpretación de la igualdad de los españoles ante la ley que llevaría a que cuando los alumnos de medicina no cursen las mismas asignaturas que los de derecho también viesen vulnerados los derechos reconocidos en el referido artículo 14.
Pero más sorprendente es la mención del artículo 6º del Estatuto, el mismo que ampara el derecho a la exención del valenciano y el mismo que la ley de plurilingüismo del Botánico ha ignorado durante cinco largos años. Esta referencia sólo puede deberse a un alarde de cinismo o a un serio problema con la lectoescritura, opción por la que nos decantamos por resultar, a nuestro parecer, la más benéfica.
También se ha hecho oír Escola Valenciana. Sus argumentos no se apartan de la línea ya marcada. En opinión de sus responsables, otorgar libertad a las familias para escoger la lengua en que se eduquen sus hijos, los discriminará dado que sus padres, según deben pensar en Escola, van a escoger algo que no les conviene, sin permitir que sea la Administración o la propia Escola Valenciana quien tome la decisión correcta sobre la educación de sus hijos.
La presidenta de esta organización aclara “que el conocimiento del valenciano compuerta (sic) más oportunidades”. Esta frase conlleva un ocurrente guiño con el que se demuestra, de forma práctica, que sin saber hablar español –como se evidencia en el escrito- se puede alcanzar cargos de responsabilidad en la sociedad valenciana.
La organización se vuelve a tropezar con la diferencia entre derecho y obligación y parecen convencidos de que si el valenciano no se impone por la fuerza, no habrá ningún ciudadano que voluntariamente lo estudie.
Más complicado se les hace comprender el tema de la igualdad que enarbolan en repetidas ocasiones. Parecen no entender que impedir por la fuerza que el 80% de los niños de la Comunidad puedan acceder a la educación en su lengua materna, mientras que el restó sí gozará de este derecho provocará, tal como se ha denunciado en Bruselas, la existencia de alumnos de primera y alumnos de segunda.
Del mismo parecer son las Unidades para la Educación Multilingüe, entidades que contemplan con estupor la posibilidad de perder los pingües beneficios que les ofrece la situación de falta de libertad lingüística a la que está sometida la población castellanohablante de la Comunidad.
Idéntico es el caso de Vicent Brotons quien personalmente se ha lucrado vendiendo libros para aprender valenciano y que mira con comprensible preocupación que los valencianos se vean liberados de tener que comprar sus libros y tener que competir en un mercado libre. Esta circunstancia ya provocó que hace tres años, el Sr. Brotons, calificase de “algarada” la histórica manifestación de los 20.000 padres en Orihuela pidiendo libertad de elección.
Son, todas estas, reacciones normales de la casta amamantada por el totalitarismo lingüístico de los últimos ocho años, que ve peligrar su negocio y sale a morder. Por estas razones, humildemente, solicitamos al nuevo gobierno valenciano que mantenga y aún acelere los pasos que está dando para traer la libertad que nacionalistas y socialistas han prohibido y no se amedrente por las amenazas de unos pocos, en la certeza de que la inmensa mayoría del pueblo valenciano tiene sed de libertad.
