La Fiscalía Anticorrupción considera que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps es el «paciente cero» que posibilitó la «parasitación y la colonización» de la trama Gürtel en la Administración autonómica.
Por ello, la representante del Ministerio Público pidió condenar a Camps por beneficiar a las empresas de Francisco Correa en la Generalitat Valenciana. «No intervenía, pero desatascaba» las contrataciones a la Gürtel, defendió la Fiscal Anticorrupción, Concepción Nicolás.
La Fiscalía solicita finalmente un año de cárcel para el exjefe del Consell por un presunto delito de tráfico de influencia, tras retirar contra Camps la acusación del delito contra la Administración pública que sumaba y un año y seis meses más a la petición de condena.
Para la Fiscal Anticorrupción, «la única respuesta» a esta parasitación de la Gürtel en la Comunidad Valenciana «la da el Derecho Penal a quienes han dejado de vigilar, custodiar, servir y tratar de forma prudente y austera la cosa pública. Por ello solicito una sentencia condenatoria».
La representante del Ministerio Público recordó las condenas a la expresidenta del Parlament de Cataluña Laura Borrás o el expresidente de Baleares Jaume Matas, que también hicieron «saltar por los aires los principios de la contratación administrativa».
El quid de la acusación contra Camps está en el contrato para construir el estand de grandes proyectos de Fitur 2009. Una adjudicación en la que «no hay órganos gestores, ni centros de contratación. No hay ofertas. No hay expediente. Hay un encargo personal y verbal para satisfacer la contratación en la que el presidente [Camps] tenía interés. Si no, ¿cómo se entiende que 13 centros de contratación contrataran con la misma empresa?», se preguntó la fiscal en referencia a las trece empresas públicas que conformaban el estand de grandes proyectos y que todas contrataron con Orange Market, bajo la coordinación de Dora Ibars, según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción.
Su compañera, la fiscal Pilar Santamaría, desgranó las irregularidades del resto de contratos por las que se acusa, entre otros a los exconsellers Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado, y ex altos cargos como el exdiputado autonómico David Serra por las supuestas adjudicaciones amañadas desde cuatro conselleries y cinco empresas públicas entre 2004 y 2009.
Empresa de cabecera
La Fiscal Anticorrupción considera que «la delegación de responsabilidades de contratación no impide determinar quién tuvo la última responsabilidad» y criticó el «vano esfuerzo» de los ex altos cargos acusados de hacer «recaer las decisiones en subordinados».
También afeó el intento de algunos testigos de elaborar una «postverdad» o «distopía», Orange Market era la «empresa de cabecera» de la Generalitat, y cuando se instaló en Valencia, llegó un momento en que se fue «contratando naturalmente» a El Bigotes para «congraciar al presidente». La sesión celebrada ayer continuó por la tarde con los informes finales del abogado que representa a la Generalitat, personada en 2019 como perjudicada civil, que reclama una indemnización de 556.958,1 euros que destinará a «becas, prestaciones sociales y mantenimiento de edificios judiciales».
La abogada del PSOE que ejerce la acusación popular señaló que este juicio ha aportado una «visión absolutamente deprimente del funcionamiento de la administración por la degradación en la época en la que Camps ejercía la presidencia». Cerró la jornada la abogada de Cándido Herrero, el único trabajador de Orange Market que no reconoce los hechos y que echó un capote a Camps al considerar nula instrucción que lo imputó en esta causa.
