Andalucía sigue liderando las listas más sonrojantes en lo que a pobreza y distribución de riqueza se refiere y, a pesar de ello, algunas medidas de la Junta de Andalucía no estarían ayudando a quien más lo necesita, denuncian desde la oposición. Son significativos los datos referentes al Ingreso Mínimo Vital (IMV), una ayuda de la Seguridad Social para prevenir el riesgo de pobreza y la exclusión social y que tiene especial peso en Andalucía.
Según los datos de los tres últimos cursos, una de cada tres personas destinatarias de esta prestación está en Andalucía. En concreto, de los más de dos millones de beneficiarios del país, un 32% de los receptores son andaluces, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es una proporción que reproduce tanto a los beneficiarios personales como a los hogares que reúnen a más de un miembro familiar con condiciones de receptor.
Andalucía es la comunidad más poblada de España, pero también es líder en proporción: ella sola cuenta con más beneficiarios del IMV que la Comunidad Valenciana, Cataluña o Madrid, las siguientes receptoras en el escalafón. Sirva como ejemplo que solo la provincia de Sevilla tiene más expedientes aprobados que las Islas Canarias o Extremadura agregadas, en la principal ayuda del Estado.
Por otra parte, las familias andaluzas más necesitadas cuentan con otra prestación de ámbito autonómico desde enero de 2018. Se trata de la Renta Mínima de Inserción Social (RMISA), una prestación económica de los Servicios Sociales de Andalucía que pretende garantizar la atención a situaciones de pobreza, exclusión o riesgo de pobreza.
La Junta informó que en 2022 se otorgaron más de 17.000 prestaciones, lo que supuso una ejecución del 98,4% de los 78,5 millones de euros que había presupuestados. Se trata, según la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del porcentaje de ejecución es el más elevado desde la entrada en vigor de la RMISA. Sin embargo, ese triunfalismo no oculta que los beneficiarios disminuyen año tras año.
No solo hay muchas menos solicitudes, de 80.743 en 2018 a 26.132 en 2002, sino también mucho menos presupuesto, pasando de 198 millones a 78,5 en un lustro. Para la oposición, “solo la obcecación del gobierno andaluz en no atender estas peticiones puede justificar estos datos”, dice a El Plural el parlamentario del PSOE-A, José Luis Ruiz Espejo. La Junta define a su ayuda como “una prestación subsidiaria y de protección para aquellas personas que quedan fuera del Ingreso Mínimo Vital”, reza su memoria de 2022.
“Estos datos nos parecen totalmente insuficientes para luchar contra los datos de pobreza severa infantil”, valora Ruiz Espejo. Entidades como Save The Children o Unicef calculan que la pobreza severa llega a afectar en Andalucía a más de 240.000 menores a unos 400.000 menores cuando hablamos de pobreza relativa.
Recursos en stanby para menores
En su último discurso de investidura, el presidente Moreno Bonilla recalcó que pondrían en marcha el Ingreso Por la Infancia de Andalucía, una medida impulsada en su primer mandato por Rocío Ruiz, consejera de Ciudadanos. Sin embargo, en 2023 la ayuda específica para la infancia se diluye en las prestaciones que ofrece el IMV.
Estos retrasos y ausencias se suman a otras prestaciones que siguen sin llegar al bolsillo de quien más lo necesita. Al Bono Joven de Alquiler que no llega a los jóvenes están los anuncios sin concretar del Bono Carestía (una ayuda de 200 euros ante la inflación) y el Bono Familia (una mensualidad que oscila en función al número de integrantes) para pagos mensuales.
Esto ha llevado a entidades como CCOO a señalar que estamos ante medidas eran urgentes y que, tras siete meses desde el anuncio, ya van tarde. “La Junta de Andalucía no puede seguir generando cortinas de humo para ocultar la inacción en la gestión de su Gobierno”, dice el secretario general de CCOO de Almería, Antonio Valdivieso.
Comparación con el IMV
“¿A qué espera Moreno Bonilla para reaccionar ante la rotundidad de estos datos?”, recalca Ruiz Espejo, que compara las ayudas autonómicas y las estatales. El IMV beneficia a más de medio millón de personas, entre las que hay 238.452 menores. Mientras, “la Renta Mínima Andaluza apenas alcanza el 2,5% en comparación con los menores beneficiados del IMV impulsado por el Gobierno de España”.
Por su parte, desde la Junta, la consejera del ramo Loles López y voces populares denuncian las diversas modificaciones a las que se ha visto sometido el IMV, cuya complementariedad dificulta la gestión de las ayudas autonómicas. Pero, desde el PSOE, señalan a la lenta gestión autonómica, “tenemos que evitar que la Renta Mínima en Andalucía sea cada vez más mínima”.
La disminución de la Renta también ha sido denunciada por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. «La excusa de las modificaciones del IMV no puede justificar el desmantelamiento del sistema que responde a la exclusión social», apunta Espejo.
La Renta Mínima está llamada a facilitar la inclusión social de los perceptores, por lo no se trata solo de una ayuda económica, sino de un programa de inserción laboral y acompañamiento profesional.
