El Gobierno ha ido construyendo en los dos últimos años un escudo de protección para ciudadanos y empresas frente al al golpe de la subida de precios de la luz, el gas natural, los combustibles y los alimentos provocada por la crisis energética, agudizada por la invasión militar rusa sobre Ucrania. El Ejecutivo ha ido levantando y prorrogando paquetes anticrisis contra el impacto de la inflación y la mayoría de las medidas expiran el próximo 31 de diciembre y que ahora están en el aire tras acumular un impacto en el presupuesto estatal de casi 21.000 millones de euros desde 2021.
El Gobierno tiene limitada su capacidad de aprobación de nuevas medidas por estar en funciones. Hasta que no fructifique una investidura, sus labores quedan limitadas al despacho de asuntos ordinarios, no pudiendo impulsar nuevas medidas legislativas o prorrogar medidas excepcionales salvo casos de urgencia o extrema necesidad que deben estar justificados.
Ante esta situación, el Ejecutivo ha elaborado y remitido a la Comisión Europea el Plan Presupuestario para 2024 sobre la base de que todas esas medidas excepcionales antiinflación no seguirán vigentes el próximo año. “Esto no presupone que en el futuro no se puedan adoptar o prorrogar las medidas que están en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023, con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación en caso de que se considere necesario tras evaluar la situación con los datos disponibles a final de año”, aclaran desde los ministerios de Asuntos Económicos y de Hacienda, que insisten en que no hay una decisión tomada sobre la continuidad de las medidas. Desde la Comisión Europea se ha venido reclamando a los estados miembros retirar este tipo de medidas anticrisis y orientarlas sólo para hogares vulnerables.
Desde el inicio de la crisis energética, a mediados de 2021, y durante todo este año se han ido implementando medidas extraordinarias que se han ido ampliando o reformando según las circunstancias. Rebajas de impuestos, subvenciones o ayudas directas que han buscado contener las subidas de los recibos de la luz y del gas natural, contener el impacto del alza de los combustibles o limitar el encarecimiento de algunos alimentos de primera necesidad y que en conjunto han tenido un impacto en las cuentas públicas (ya sea por gastos extra o por ingresos que se han dejado de producir) de más de 20.800 millones de euros, según se desprende de los planes presupuestarios remitidos a Bruselas por el Gobierno español en los tres últimos ejercicios.
Escudo en energía y alimentos
Para contener las subidas del recibo de la luz el Gobierno ha ido aplicando sucesivas rebajas del IVA (primero del 21 al 10% y más adelante hasta el 5%) con un impacto en el presupuesto público acumulado de más 2.336 millones de euros desde 2021; se ha bajado al mínimo permitido por Bruselas el impuesto especial de la electricidad con un coste de algo más de 3.000 millones; o se ha suspendido el impuesto sobre el valor de producción de la energía eléctrica con un coste acumulado de más de 5.200 millones. El Gobierno ha ido aprobado inyecciones excepcionales milmillonarias para compensar el impacto en las cuentas del sistema eléctrico de estas medidas.
El Ejecutivo también aprobó rebajar el IVA de la factura del gas natural con un impacto presupuestario de casi 530 millones de euros. También se limitó las subidas que podían aplicarse cada trimestre de la tarifa regulada de gas natural y se creó una nueva tarifa regulada para las comunidades de vecinos con calefacción central, y para aplicarlas se pagan compensaciones a las grandes gasistas obligadas a ofrecer este tipo de tarifas (Naturgy, Iberdrola, Endesa y Totalenergies) para evitar que asuman ellas el coste: en total, el gasto público en estas medidas de facturas subvencionadas será de 1.032 millones de euros, según los cálculos del Gobierno.
Rebajas de carburantes y alimentos
El Gobierno puso en marcha entre abril y final de diciembre del año pasado el descuento generalizado de 20 céntimos por cada litro de combustibles para todos los conductores, cuyo coste se cubría con el presupuesto estatal y que supuso un desembolso de algo más de 6.000 millones de euros. Con el principio de este año la rebaja para todos se eliminó y se lanzaron diferentes rebajas específicas para los profesionales del transporte por carretera, para los productores agrarios y para los buques pesqueros con un coste estimado de 995 millones en total.
La estimación del equipo económico del Gobierno apunta que la rebaja del IVA a ciertos alimentos tendrá un impacto presupuestario de 1.450 millones de euros. La medida implica una reducción del IVA del 4% al 0% en productos de primera necesidad (pan, harinas para pan, leche, quesos, huevos, frutas, verduras hortalizas…) y una rebaja del 10 al 5% del IVA para otros alimentos (pastas y aceite).
